Para el kirchnerismo (nunca más propio el sustantivo colectivo), los jueces y las leyes sirven si ponen límites a los adversarios y están para ser removidos si ponen en riesgo sus objetivos e intereses. Sean éstos políticos o personales (o familiares).

Su éxito radica en la habilidad para disimular los intereses personales detrás de los objetivos políticos y en ocultar la confusión entre lo público y lo privado. También sumó su extraordinaria aptitud para captar voluntades, para descubrir flaquezas ajenas y para explotar impericias de los otros. En la Justicia y en muchos de los opositores, el Gobierno ha encontrado aliados calificados para concretar sus deseos y ampliar el poder.

Para concretar esa estrategia, fue imprescindible instalar el concepto de que no hay más límite que la voluntad popular expresada en las urnas y que la división de poderes no es un reaseguro para evitar el abuso de poder, sino un escollo para llevar a cabo la voluntad popular.

Así, cualquier intento de indagar en aparentes irregularidades en la conformación y crecimiento del patrimonio de la familia presidencial ha sido presentado con la excusa, tan grotesca como eficaz para sus seguidores, de que se trataba de un ataque político o un intento desestabilizador y, en consecuencia, cuestionado y obstruido. Casi una admisión de culpabilidad y un himno a la opacidad, sin costos políticos proporcionales a semejante atentado a la transparencia.

El apartamiento de Bonadio era un objetivo desde el mismo momento en que el magistrado decidió avanzar en un caso que parece revelar, como pocos, el significado y las consecuencias del capitalismo de amigos.

De eso es lo que trata la causa Hotesur: los millonarios e inexplicados pagos que se hicieron a hoteles de los Kirchner desde empresas de Lázaro Báez, el magnate de la obra pública santacruceña, amigo personal de Néstor y Cristina y con vínculos comerciales en algunos emprendimientos de la familia presidencial.

TRABAS Y OPERACIONES

La maniobra, revelada por una investigación periodística de Hugo Alconada Mon en las páginas de LA NACION el 15 de diciembre de 2013, parecía tan transparente en su irregularidad que la investigación avanzó todo lo que Bonadio quiso hacerla avanzar, a pesar de la trabas interpuestas por los abogados de la familia Kirchner.

También siguió su curso a pesar de las operaciones del Gobierno, como el denunciado y nunca desmentido encargo de la Presidenta al entonces número dos de la Secretaría de Inteligencia, Francisco "Paco" Larcher, para que neutralizara "de cualquier manera" a Bonadio.

En el fracaso de la gestión se ha dicho que está una de las razones del desplazamiento de Larcher y de su jefe, Héctor Icazuriaga, de la conducción de la SI y la consecuente desaparición del organismo.

A ninguno de los dos lo salvaron los múltiples servicios prestados a Cristina ni la amistad que ambos acreditaban con Néstor desde el lejano Sur.

Pero todo terminó ayer, dos días después de que el juez allanara las oficinas de Río Gallegos donde Máximo Kirchner, el hijo de la Presidenta, líder de La Cámpora y candidato a diputado nacional, gerencia el millonario holding familiar.

Dos camaristas que ya le han dado numerosas satisfacciones a la Presidenta y han consolidado en los últimos tiempos su desprestigio en la comunidad judicial encontraron en un aparente defecto de forma el argumento para no darle tiempo a Bonadio a que siquiera husmeara en los documentos y archivos secuestrados.

Todo indica que aquí concluirá la investigación, como ya ocurrió con intentos anteriores de descubrir (o descartar) eventuales enriquecimientos ilícitos de Néstor y Cristina.

La sala de la Cámara de Casación que recibirá una apelación a este fallo es la misma de la que acaba de ser desplazado el juez Luis María Cabral y cooptada por el Gobierno con la designación del cuestionado abogado Claudio Vázquez, cuyo currículum carece de mejores antecedentes para el cargo que el de ser amigo personal del secretario de Justicia (aunque ministro de facto), Julián Álvarez.

Así, cobra hoy más sentido esa maniobra sobre la Cámara de Casación como parte no sólo de la estrategia de profundizar la colonización del Poder Judicial, sino de la táctica de frenar, en particular, la investigación.

A este contexto hay que agregarle la saga interminable de designaciones de fiscales afines al Gobierno y el poder casi omnímodo de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que dejarán casi aislada a la Corte Suprema.

A partir de ahora, serán pocas las causas que éstos permitirán que lleguen para ser revisadas por el tribunal supremo, sospechado por el kirchnerismo del delito de independencia.

Las sospechas de la existencia de un proyecto de blindaje judicial del kirchnerismo parecen haber pasado ayer al plano de la realidad incontrastable.

Otro cepo que deberá afrontar el próximo gobierno y sobre el que todos los candidatos deberían definirse..