La hacienda municipal deberá hacerse cargo del total del costo del servicio de guardavidas en el partido de General Pueyrredón, lo que equivale a decir que se le aumentará la carga impositiva al contribuyente local. Lo que la política festeja, el vecino lo paga, sin espacio a disputa.

Lo señalado por el titular del gremio, Néstor Nardone, “tardamos 30 años en volver para volver a nuestra casa”, es un oxímoron, ya que los guardavidas nunca estuvieron fuera del amparo que da el Estado. Vinculados a los prestadores de servicios en playa, siempre eran parte de una misma estructura pública.

Obvio que la diferencia llegaba a la hora de la jubilación. Esa es la matriz del acuerdo logrado. Uno de los puntos más importantes para los guardavidas es el de la jubilación: podrán hacerlo bajo el régimen del Instituto de Previsión Social (IPS), con 25 temporadas trabajadas y 50 años.

El IPS es una caja cuasi de privilegio. De ahora en más, los guardavidas se incorporan a un fondo que, de tanto agregar favorecidos, terminará siendo deficitaria en no mucho tiempo más. Los ediles se alborozan irresponsablemente. Todos votaron a favor de algo que debe ser corregido de raíz.

El servicio que prestan los guardavidas se denomina de “seguridad en playas”. Como tal, debería depender de Bomberos de la Provincia, tal como ocurre por caso en Brasil o en Estados Unidos. Allí también lograrían jubilarse por el IPS, pero el servicio que prestarían estaría en el marco salarial del sector de seguridad y su peso sobre la hacienda pública local no sería gravoso para el vecino.

Sé que alguien dirá: “pero si el sueldo lo pagan los concesionarios”. ¿Alguien cree que este acuerdo será neutro en relación al interés de los prestatarios privados en el cálculo de rentabilidad? Nada es por nada. Aunque no aparezca en la superficie de momento.

La otra novedad fue comunicada por el medio del vacunado VIP Florencio Aldrey Iglesias como un triunfo de la actual administración: el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo que dio vuelta un decisorio de primera instancia del juez Ramón Isachs, que pretendía pagar a los docentes municipales un retroactivo de 17 meses por las bonificaciones que perciben.

Presentado como un triunfo personal de Guillermo Montenegro, le ahorra al erario público $1.500 millones. El fallo no dice nada de la decisión que llevó adelante la administración de Carlos Fernado Arroyo determinando que dicho pago no correspondía, pero deja en claro que la medida fue acertada.

Variaciones sobre un mismo tema: el Estado como botín del que gozan quienes mucho pretenden, y nada o muy poco le devuelven a la sociedad.