Mediante dictamen N° 9/22 fechado el 15 de mayo, el organismo de control emitió su posición luego de que Margarita Gallardo y Guillermo Worman denunciaran en su carácter de afiliados a la Obra Social del Estado Fueguino, una presunta interrupción de la cobertura de medicamentos y prestaciones médicas de efectores pertenecientes a la Obra Social Provincial.

Dichas irregularidades estarían provocadas según los denunciantes, por el retraso en la cancelación de deuda a farmacias y proveedores.

Los denunciantes dijeron también que las autoridades no habrían informado fecha de restablecimiento de los servicios interrumpidos y lejos de tratarse de una situación coyuntural, los incumplimientos a los prestadores por falta de pago, resultarían una constante cíclica desde 2020 en adelante, circunstancia que sumiría a los afiliados en un estado de permanente incertidumbre.

Para esclarecer la situación, la Fiscalía solicitó a la máxima autoridad de OSEF y al Ministerio de Salud que informe las razones de los cortes de servicio, recibiendo a cambio después de varios meses, copiosa información en formato digital, que reconocía un déficit de 1.519.844.963,11 pesos y por lo cual se había solicitado un salvataje al Gobierno provincial para hacer frente a las deudas.

No obstante, la presidenta de OSEF Mariana Hruby, informó que hasta tanto no se consigan nuevas fuentes de financiamiento, “No deberían realizarse nuevas contrataciones de prestadores ni otorgamiento de incrementos a los mismos ya que no podrían ser afrontados con los recursos estimados”.

Ante ello, el Fiscal dictaminó que “en la actual redacción de la ley que regula el instituto, la Presidenta contaba con sobradas facultades administrativas, organizativas, de dirección y disciplinarias para acometer su tarea”, sobre todo teniendo en cuenta el estado de situación descripto respecto de las dificultades internas para poder cumplir correctamente con las tareas de compras y pagos a proveedores.

“La gestión de servicios vinculados a la salud requiere, aunque parezca redundante señalarlo, que los directivos tomen decisiones oportunas y acertadas y sepan identificar con antelación suficiente los principales problemas que se deben afrontar, tanto aquellos de índole económica como de gestión administrativa”, dijo la Fiscalía.

“Resulta recurrente e incontrastable la ineficiencia y el desorden de los recursos administrativos y humanos con los que opera la obra social y las numerosas quejas y denuncias de afiliados y de los propios empleados, dan cuenta de ello; pretender acotar la situación al mero aporte de fondos pareciera más una solución transitoria que sólo terminará por perpetuar los problemas orgánicos que repercuten tanto en el balance económico de la entidad como en la atención de sus destinatarios”.

“Dicho esto, debe quedar claro que los problemas financieros y de gestión que han llevado al actual estado de cosas en la obra social, exceden largamente las facultades y competencias que tienen los órganos de control”, sostuvo el Fiscal.

Sin embargo, opinó que “el dilema actual de la OSEF requiere de respuestas sistémicas y de un profundo consenso político y social en el que necesariamente deberán participar, por los canales correspondientes, todos los sectores involucrados, quienes de manera transparente y con amplia convocatoria habrán de llegar a un acuerdo acerca del alcance de las medidas que son necesarias para tornar sustentables las prestaciones a cargo del organismo”.

Además, agregó que “hasta tanto no se llegue a este consenso considerando la gravedad de la situación prestacional, es preciso evaluar en el ámbito legislativo si están dadas las condiciones para adoptar medidas contingentes” como una intervención al organismo.

El Fiscal recordó que la obligación primordial de la obra social, consiste en la prestación médica óptima y que “a estos efectos, si bien la misma debe contar con la afluencia de medios económicos que administra a fin de organizar adecuadamente tal servicio, también ha de contemplarse la competencia, idoneidad y dedicación de los profesionales que se incorporen al mismo, incluidos los especialistas, como así también el de toda la infraestructura médica.

Por lo tanto, “más allá de que la materia denunciada excede el ámbito de competencia de este organismo, dado que las consecuencias de la deficitaria gestión detectada impactan no solo en el erario público sino en la salud de los afiliados, debo instar a la Sra. Presienta de la Obra Social a que adopte todas las medidas a su alcance para la normalización de la entidad a su cargo y su situación administrativa y prestacional”.

Por otro lado, toda vez que la ineficiencia y falta de cumplimiento de las prestaciones a cargo del instituto son susceptibles de derivar en daños concretos en la salud de los afiliados, es oportuno recordar a las Sra. Presidenta y por su intermedio a los demás funcionarios bajo su dependencia que, de acuerdo a las características del caso, no basta con deslindar responsabilidades en otras dependencias, sino que deben intervenir activamente en la solución de los conflictos que se susciten”.

“De lo contrario, quedarán expuestos a ser responsabilizados por los eventuales afectados administrativa, civil o penalmente respecto de las consecuencias de sus acciones u omisiones, ello independientemente del perjuicio fiscal o de otra índole que sus conductas puedan provocar”, concluyó la Fiscalía.