Un grupo de la Comunidad Lule se manifestó en la Casa de Gobierno reclamando ser recibido por Sáenz. Referentes de comunidades indígenas del norte provincial marchan a la ciudad de Salta por la ruta nacional 34.
Referentes de distintas comunidades originarias de la zona centro y el Valle de Lerma de la provincia se concentraron ayer en las afueras de la Casa de Gobierno. Aunque esperaban una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz, la respuesta no verbal fue clave. En el horario que la marcha se concentró, el mandatario dio su discurso en un acto de entrega de ambulancias. Al salir de Casa de Gobierno un cerco policial encerró a los manifestantes mientras el gobernador salía por un costado.
La concentración se mantuvo hasta ayer a la tarde. David Torres, presidente de la Comunidad Lule, aseguró que su objetivo era cumplir con la presentación del reclamo administrativo de un pedido de audiencia al gobernador. Sin embargo, al llegar fueron recibidos por Julieta Perdigón, ex diputada provincial y directora general de Enlace Legislativo e Institucional del Ministerio de Educación de la provincia.
Entre otros puntos, los referentes piden el cierre de escuelas en aquellos lugares donde no hay más niños y la apertura en otras regiones donde la matrícula acrecentó.
Torres sumó el proyecto de un colegio secundario nocturno en Finca Las Costas, “ya que tenemos una escuela primaria nada más”.
Otro proyecto apunta a la recuperación cultural a través de la educación. La solicitud involucra al Pueblo Tastil, y la iniciativa elevada pide contar con agentes interculturales que logren recuperar el significado de las palabras originarias que actualmente se utilizan en la zona, sea nombrando lugares o animales.
Al ser consultado sobre la posibilidad de hablar con el gobernador tras el acto que se realizaba ayer en Casa de Gobierno, Torres manifestó que en el momento de la salida del mandatario, se armó un cerco policial alrededor de ellos para que Sáenz saliera por el costado. “Nos encerraron en la rotonda mientras que él salió por otro costado”, dijo a Salta/12.
“En 12 años no nos recibió (el exgobernador y actual senador nacional, Juan Carlos) Romero, en 12 años no lo hizo (el exgobernador Juan Manuel) Urtubey y con el actual van 6 años más. O sea que llevamos 30 años sin audiencia y en nuestro caso es peor porque tenemos la Casa del Gobernador dentro de nuestro territorio”, afirmó. La Comunidad Lule está en el departamento Capital y en su territorio se inserta la Residencia del Gobernador, en Finca Las Costas.
Desde el norte
Ayer referentes de comunidades indígenas del norte provincial se concentraron en las principales ciudades del departamento San Martín, Tartagal y General Mosconi, para marchar por la ruta nacional 34 hasta la ciudad de Salta.
El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, dijo a Salta/12 que si bien tenían prevista su llegada ayer, la fecha se iba a estirar un poco más porque aún no habían definido los medios por los que podrían llegar a la capital salteña.
Mendoza sostuvo que quieren hablar con el gobernador y dejó de lado la posibilidad de un diálogo con intermediarios como el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz.
Ya en diciembre de 2020, Sáenz alcanzó otra marcha que se dirigía a la ciudad de Salta mientras estaban en el cruce de Pichanal (municipio del departamento Orán, en el norte provincial). Pese a su objetivo de frenar la marcha, esta continuó hasta la capital provincial, en donde se organizaron encuentros y reuniones para abordar sus reclamos sobre desmontes, muertes evitables de infancias originarias, agua, vivienda, educación, y la cuestión de las comunidades indígenas respecto a su situación territorial y el cumplimiento de la Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena.
Los reclamos siguen igual y hasta empeoraron. La Ley de Emergencia Territorial Indígena fue derogada y por lo tanto la posibilidad de los desalojos aumenta. Además, hay un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que habilita la posibilidad de desmontar más de 720 mil hectáreas en áreas con definición geográfica incierta. Y en lo que va de este mes se conoció la muerte de dos niños en Rivadavia Banda Norte, ambos de comunidades wichí, y en los demás temas los reclamos resurgen a cada momento.
“Si llegan los vamos a acompañar”, dijo Torres al ser consultado sobre si quienes ayer fueron a Casa de Gobierno se unirán a la marcha que emprendieron referentes del norte provincial.
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