En un comunicado denunciaron la influencia de las multinacionales mineras sobre los representantes provinciales con responsabilidad en el Congreso. Mañana se votará el articulado de la ley ómnibus, que incluye la explotación a zonas glaciares prohibidas.
Diversas organizaciones ambientalistas y sociales manifestaron su profunda inquietud y rechazo ante supuestas maniobras de lobby llevadas a cabo por las grandes mineras transnacionales en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la ley ómnibus. Mañana, cuando se reanude el tratamiento del articulado del proyecto oficial, uno de los ejes centrales será la ley de Glaciares, que el Gobierno propuso modificar.
Las señales de alarma se encendieron apenas se conoció el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. En este punto, la iniciativa buscaba validar la posibilidad de avanzar con explotación minera hasta la zona periglaciar, hoy prohibida para ese tipo de actividades. Se trata, nada menos, de la zona más próxima a la masa de hielo.
La Ley de Glaciares es una legislación clave en materia ambiental que busca salvaguardar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y el trabajo de la población, según advirtieron las organizaciones en un comunicado. Allí, señalaron que el intento de "modificación regresiva" es percibido como un "claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos del país".
Como se mencionó, el Gobierno quiere avanzar con las autorizaciones de actividad minera en áreas que en la actualidad están protegidas. Esto conllevaría la destrucción de estos entornos, "perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas".
"Si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas, será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales. No hay otra explicación posible para ir en contra de la vida y salud de la población y de las aguas de nuestro territorio. Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero", dijeron en un comunicado.
Por medio de un comunicado de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el rechazo a las modificaciones no solo se basa en la defensa del medio ambiente, sino también en la denuncia de la influencia "desproporcionada" que las grandes corporaciones mineras ejercen sobre las instituciones de la democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales -que aportan los votos- y el Congreso Nacional.
"Desde las organizaciones sociales y ambientales de todo el país, exigimos a los diputados nacionales (de todos los partidos) que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares. La mirada vigilante de todo el país, la memoria popular y la historia política observan de cerca lo que sucede en este momento crucial".
Quienes firmaron la carta
La advertencia fue firmada por decenas de referentes de organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientalistas. El listado lo encabeza Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo; junto con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nóbel de la Paz y presidente honorario del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Multisectorial de Humedales y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) son algunas de las firmantes.
Mañana desde las 14 horas se reanudará el debate en la Cámara de Diputados para votar el articulado de la ley. Se sabe que el tema glaciares es uno de los que más rispideces genera entre el oficialismo y la oposición dialoguista, mientras que el peronismo y la izquierda están posicionados sobre el rechazo absoluto.
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