Por: Adrián Camerano

El asesinato alevoso de quien fuera esposa del desaparecido ex subcomisario y militante del ERP Fermín Albareda puso en alerta máxima a los organismos de Derechos Humanos de Córdoba, que además de manifestar su profunda preocupación exigieron medidas de seguridad para su hijo Fernando y su familia. Susana Beatriz Montoya, de 76 años, fue encontrada muerta el viernes pasado en su vivienda de barrio Ampliación Poeta Lugones, en el norte de la capital provincial; fue el propio Fernando Albareda quien la halló, tras saltar la tapia de una vecina, y donde se topó con una frase escabrosa: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

Fernando Albareda, militante de Hijos Córdoba, ha denunciado la recepción de amenazas en varias oportunidades, la última más grave en diciembre pasado, apenas asumido el gobierno actual. Además, en junio se produjo el alevoso robo del cartel de señalización del ex centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, vinculado a su padre, y ahora lo golpea este crimen alevoso y con mensaje mafioso. Es por todo ello que el asesinato de Montoya activó las alarmas más profundas en los organismos de Derechos Humanos de la provincia, que este domingo a la noche se pronunciaron de manera conjunta declarándose “𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀, 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba «#Policía».

El pronunciamiento de Hijos Córdoba, Familiares Córdoba, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba e𝘅𝗶𝗴e 𝗮 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗼́𝗿𝗱𝗼𝗯𝗮 𝘆 𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼:

➡️ La urgente investigación y esclarecimiento de este hecho, como así también las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad.

➡️ La seguridad y protección EFECTIVA YA al compañero Fernando Albareda y a toda su familia.

Leyendo al caso en el contexto de época, los organismos señalaron que “l𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐨𝐝𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐥𝐢𝐠𝐫𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧”.

En la misma línea, pidieron por el esclarecimiento los diputados nacionales referenciados en el kirchnerismo Gabriela Estévez y Pablo Carro.

Hermetismo

El caso fue tomado desde el primer momento por el fiscal de Distrito 4 Turno 3 Juan Pablo Klinger, una rara avis en una justicia provincial fuertemente cuestionada: el funcionario es bien ponderado desde distintos sectores, y fuentes ligadas a Tribunales destacan su “seriedad y compromiso”. Klinger ordenó vallar la zona, dispuso la realización de la autopsia y por estas horas evalúa distintos elementos, como posibles filmaciones de cámaras de la cuadra y el llamativo dato de una custodia policial cercana, vinculada a un reciente y resonante caso, que “no vio ni escuchó nada”.

La frase “no se descarta ninguna hipótesis” blinda por el momento el secreto de sumario de una investigación que tiene en estas horas su momento clave. Los datos de la autopsia desconciertan a los investigadores, dada la alevosía del crimen, y lo que se plantea es un panorama abierto y de conclusión hoy incierta.

En declaraciones públicas Fernando señaló que acudió a la vivienda tras haber intentado comunicarse con su madre, que al llegar encontró al inmueble con las persianas inusualmente bajas y el televisor encendido, sin forzaduras, y descartó el móvil del robo, aunque sí señaló que su madre estaba muy preocupada porque se había difundido públicamente la cifra indemnizatoria que le correspondía cobrar por la desaparición de su esposo. También dejó Albareda una frase terminante: “Desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado las fuerzas policiales, sospecho de todos”, señaló a Canal 10 de los SRT.

El caso es seguido muy de cerca por el Gobierno provincial, que no se pronunció públicamente aún; en todos los estamentos prima la consigna de cautela, ante una carencia de certezas que se espera vaya menguando conforme avance la investigación.

Albareda es trabajador de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, militante de Hijos y hasta diciembre impartía clases de Derechos Humanos en la Escuela de Policía; meses atrás logró que se reparase el legajo de su padre desaparecido.

Habituado a las amenazas de distinto orden, justamente fue en diciembre que se reportó una de las más graves: en la puerta de su casa halló carteles escritos a mano con la leyenda “Se te terminaron los amigos en la Policía”, “Te vamos a juntar con tu papito”, “Vas a morir”. Cruces esvásticas y seis balas calibre 22 largo reforzaban el mensaje.