imageneszoomOrdenaron la “inmediata” reincorporación de los siete agentes de tránsito cesanteados La titular del Soem, Mónica Calissano, con parte del grupo que había sido cesanteado por el gobierno local de Junín.

Gabriela Guillermón, delegada regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ordenó la inmediata reincorporación a la planta de empleados municipales de los siete agentes que estaban en conflicto con la comuna tras el vencimiento de su contrato laboral.

La funcionaria fundamentó la decisión en el riesgo inminente de “alteración de la paz social”, “disturbios”, bloqueos de reparticiones públicas, “caos vehicular y en la sociedad” y disturbios que afecten la tranquilidad, todo ello conforme –según el gobierno local- con las “amenazas” vertidas por la CGT, representada por Héctor Azil, y Mónica Calissano, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soem).

Por su parte, desde el Municipio indicaron que si bien no comparten la decisión tomada por Guillermón, acatarán la orden impartida.

Críticas

“Claramente desconoce que los contratos tienen un plazo de duración determinado y se introduce en cuestiones que son de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo municipal”, señaló el gobierno local a través de un comunicado de prensa.

Asimismo afirmaron que cuando Guillermón refiere a “amenazas a la paz social” y “caos” como consecuencia de acciones directas emanadas por las entidades gremiales conducidas por Azil y Calissano, y cede a sus exigencias, “retrocedemos como sociedad mucho más que sólo al 10 de marzo, cuando una horda con evidente intencionalidad política incendió edificios públicos, vehículos, saqueó comercios, y sembró el caos en las calles de la Ciudad.”

“En efecto, cuando todavía seguimos reconstruyendo nuestra Biblioteca Pública incendiada por los vándalos, una nueva amenaza parece materializarse sobre Junín.

Es evidente que algunos no aprendieron nada, ni escucharon siquiera el repudio y la condena unánime que Junín en pleno formuló a la violencia y a los violentos.

Hacemos un llamado a la reflexión al señor Azil y a la señora Calissano, queremos vivir en Paz, en una Ciudad sin violencia política ni sindical”, sostuvo el Municipio en ese comunicado.

Además, le piden a Guillermón que “cumpla con su deber de funcionario público y que denuncie los delitos de acción pública que presenció, conforme se lo ordena el Código Penal”.

Defensa gremial

“La no renovación de contratos es legal cuando se notifica en tiempo y forma; cuando la persona no está cursando una carpeta psiquiátrica o por accidente de trabajo; o cuando no tiene tutela gremial. En este caso hay tres personas con tutela gremial y el resto tiene carpeta por la ART. Eso no se puede obviar”, afirmó Mónica Calissano, titular del Sindicato.

En este sentido, informó que se iniciaron acciones legales, así como reclamos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Inadi.

Antes del fallo judicial conocido ayer, el titular de la CGT local, Carlos Pesce, había amenazado con instalar una carpa de protesta frente a las oficinas de la Agencia de Seguridad Vial (en Liliedal 84) y relacionó los despidos a cuestiones relacionadas con la actividad gremial de los trabajadores.

“Justamente fueron cesanteados los compañeros que podían tener algún vínculo con la actividad gremial, y a los que plantearon carpeta médica por haber sido agredidos mientras cumplían con sus tareas en los operativos de tránsito, y otro con carpeta psiquiátrica por el inconveniente con Daniel Kelly”, dijo.

“Faltó el lado humano”

Ana Pérez y Fernando Martínez, quienes hasta hace pocos días realizaban sus tareas bajo las órdenes de Daniel Kelly, hablaron de promesas incumplidas y llamaron al Gobierno a reconsiderar la decisión.

“Los primeros meses fueron tranquilos, pero siempre tuvimos que pelear por lo que fue una de las primeras grandes mentiras: el sueldo. Nos habían prometido un salario que no era nada que ver al que cobrábamos”, afirmó Pérez.

“Después comenzamos a pelear por la seguridad. Nos hubiera faltado más acompañamiento, que recuerden que éramos personas expuestas a mucho estrés y que necesitábamos contención. Faltó el lado humano”, agregó.

En tanto, Martínez indicó: “A nosotros nos dijeron que tenían una Agencia de Seguridad para encausar el tránsito, pero al salir a la calle nos encontramos que era una agencia recaudatoria”.

“El propósito era, supuestamente, educar y enseñar, pero cuando llegaba fin de mes había una libreta donde marcaban cuántas infracciones habíamos hecho y te decían que estabas por debajo de la línea, que no llegaba al objetivo, agregó.

“El objetivo era recaudar”

“El objetivo era recaudar para seguir administrando esta gestión. Yo esto lo vi mal desde el principio, pero venía sin trabajo y me entusiasmó el hecho de que podíamos educar y enseñar a cumplir las reglas”, finalizó.