Luego de una jornada de declaraciones cruzadas entre funcionarios gubernamentales y judiciales de Río Negro, la Cámara Primera de General Roca decidió el traslado de Susana Freydoz a una clínica privada de Buenos Aires. La mujer purga una condena de 18 años de prisión por el crimen de su esposo Carlos Soria.

La decisión conocida ayer no deja de llamar la atención, debido a que el mismo organismo judicial había resuelto semanas atrás su alojamiento en la cárcel de Roca, pero un intento de suicidio impidió la concreción del trámite.

Cuando todavía Freydoz se recupera de un cuadro provocado por la ingesta de pastillas, la Justicia cipoleña avanzó con una presentación que involucró a una importante cantidad de personal del hospital Pedro Moguillansky. En concreto, el fiscal Oscar Cid decidió imputar a más de 50 agentes de salud por el intento de Freydoz de quitarse la vida, indicaron fuentes judiciales. Enseguida, la novedad generó un gran malestar y motivó una dura respuesta del gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, quien remarcó: “Estoy realmente sorprendido, indignado, molesto y no sé qué calificación poner a esta actitud del fiscal Cid de pretender involucrar a prácticamente todo el hospital de Cipolletti en lo que ha sucedido con la señora Freydoz”.

Agregó: “El hecho de imputar a más de 50 trabajadores de distintos rangos y responsabilidades habla a las claras de que el fiscal no tiene ni idea de lo que tiene que hacer o si tiene idea no se anima a tomar las decisiones que tiene que tomar, porque si piensa que llamando a indagatoria a 50 trabajadores va a poder deslindar alguna responsabilidad, me parece que es una utopía total”.

A la hora de identificar a los presuntos responsables de la situación vivida por la viuda de Soria, Weretilneck apuntó: “El hecho del intento de suicidio de la señora Freydoz se da como consecuencia y como culpa del Poder Judicial de la provincia que, en una actitud intempestiva e irresponsable, quiere producir un traslado de una paciente psiquiátrica sin ningún tipo de medidas de contención y reparación”.

En tanto, uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, respondió a los cuestionamientos de Weretilneck y le sugirió que “las opiniones que le merezca el funcionamiento de este Poder del Estado lo sean bajo las premisas del desapasionamiento; la previa información objetiva y del respeto irrestricto a la división republicana de poderes de base constitucional, las cuales, respetuosamente entiendo, no han sido ponderadas al momento de efectuar las referidas declaraciones”.

Enfatizó que “si el gobernador como cualquier otro ciudadano considera que cualquier magistrado o funcionario de este Poder Judicial ha actuado en forma disfuncional o contrariando el derecho, debe recurrir a los mecanismos legales que corresponden, a los fines de investigar y, en su caso, sancionar a quienes eventualmente hayan incumplido con las obligaciones propias de sus cargos”.