Un fiscal de Cámara quiere conocer el origen de los fondos que permitieron a De Rosas comprar un terreno en Dalvian.
El proceso abierto ante el jury está íntimamente vinculado a la pesquisa judicial que deberá seguir investigando la fiscal especial Claudia Ríos, quien había solicitado el archivo, medida que fue denegada por la jueza de garantías Patricia Alonso y por el fiscal de cámara del Crimen, Pascua.
El Jury contra De Rosas es por la actuación del suspendido fiscal en la expropiación de tierras del pedemonte para crear la reserva Divisadero Largo, en la que tanto Daniel Vila como Dalvian S.A. (barrio privado del grupo Vila) se vieron beneficiados en el monto que cobraron por las tierras; también por la determinación de dos deudas contraídas con los antiguos bancos estatales de esta provincia, que luego habrían sido compensadas con el monto de la expropiación.
Justamente cuando las historias de las expropiaciones y de la compensación de deudas llegaban a su fin, la esposa de De Rosas compraba un terreno en el barrio privado de los Vila, que supuestamente pagó con lo que cobró por un seguro de vida. Esto es lo que deberá terminar de investigar la fiscal Ríos, de acuerdo a lo decidido por su superior Pascua.
La historia de la propiedad se remonta a mayo de 2006. En aquellos días, la esposa del fiscal de Estado, Viviana Noemí Quiroga, escrituró una propiedad de 800 metros cuadrados ubicada en calle Cerro Los Guanacos, sector III Norte del barrio Dalvian. Quiroga es nutricionista, sin relación de dependencia y compró esa propiedad en 65.640 dólares.
El fiscal Pascua considera que "sería conveniente girar un oficio a la AFIP, a fin de que informe si existe inscripción en impuestos de Joaquín de Rosas y Viviana Quiroga y si estos son contribuyentes del Impuesto a las Ganancias y que remita copia de las declaraciones juradas de los mismos desde 2006".
También le indica a Ríos que solicite a la Dirección General de Rentas informes acerca de si ambos pagan Ingresos Brutos. Ambas medidas tienen que ver con conocer los ingresos de la pareja y si ambos están en condición de comprar ese terreno.
Del mismo modo, también pide a Ríos que determine el origen de los fondos que supuestamente Quiroga cobró por un seguro de vida, con qué empresa de seguros, monto y fecha de liquidación.
Pascua va más allá aún y observa otro hecho que también podría constituir una dádiva. Es que la esposa de De Rosas debería, en concepto de expensas del barrio, desde setiembre de 2009 a setiembre de 2012, la suma de 28.209,95 pesos. No hay documentos que demuestren el reclamo de la deuda por parte de Dalvian.
"De lo expuesto, se impone conocer el motivo de la falta de ejecución y cobro de las expensas correspondientes a los servicios y prestaciones efectuadas por la empresa en el inmueble en cuestión, máxime cuando, según surge de lo informado por el perito contable, se estipuló que sólo la constancia de la boleta de deuda suscripta juntamente por el presidente y cobrador de la entidad, configura título suficiente a los fines de la ejecución de las expensas", ordena.
La decisión del fiscal Pascua mantiene viva una causa judicial que podría complicar aún más el destino ya difícil de De Rosas, suspendido en sus funciones y con un proceso de destitución que debería empezar en los próximos días (ver aparte).
Para sumar más infortunios, esta causa judicial está vinculada a las dos acusaciones que definieron su suspensión, tal como se explicó en la edición del 17 de agosto del año pasado. Por un lado, la expropiación de tierras en el pedemonte. Hubo seis juicios de expropiación, pero sólo dos concluyeron con un precio de entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado, mientras que en los otros cuatro el precio rondó los 2,50 pesos. Curiosamente los dos más jugosos fueron los terrenos de Daniel Vila y Dalvian. En la determinación de esos precios, habría incidido De Rosas.
Por otro lado, los dos préstamos que Dalvian recibió de los bancos de Mendoza y Previsión Social, que sumaban más de seis millones de dólares, gracias a la determinación de deudas que avaló el suspendido funcionario terminaron en 1,5 millón de pesos. El primer convenio de actualización y pesificación de la deuda bancaria se firmó en mayo de 2005. Un año después la esposa de De Rosas compraba el terreno en cuestión.
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