Tras conocerse una nueva denuncia por apremios de la Policía, esta vez en Vicuña Mackenna, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, solicitó que se investigue tal acusación que tendría por víctimas a un padre y sus dos hijos, luego de un episodio registrado en la madrugada del 24 de diciembre pasado en esa localidad.

Tal como publicara PUNTAL hoy en su edición impresa, todo tuvo inicio cuando el joven Tomás Doviso, de 19 años, tuvo un percance con su auto y, mientras estaba estacionado en la vereda, llegó la policía e intentó llevarle el vehículo.

Ello derivó en el traslado del joven a la sede policial y ante la presencia de unos de los hermanos y el padre, se habría suscitado otro episodio en donde finalmente los tres integrantes de la familia Doviso habrían sido golpeados por los efectivos, según la denuncia.

“El Ministerio de Seguridad tiene una posición clara y definida en torno a la actuación policial. En ése sentido, ante cualquier denuncia, se activan de inmediato todos los dispositivos legales para la investigación y esclarecimiento total de los hechos referidos y este caso no será la excepción”, señaló el ministro Mosquera.

Y agrega respecto de la denuncia particular de Vicuña Mackenna: “Por ello, inmediatamente de haber tomado conocimiento de esta denuncia, me comuniqué con autoridades del ministerio público y requerí la urgente intervención del Tribunal de Conducta Policial, órgano civil de investigación y juzgamiento del personal policial. La policía tiene una obligación primaria y excluyente que es cumplir y hacer cumplir la ley en su rol fundamental de auxiliar de la justicia y guardián de los derechos de los ciudadanos, insisto, de todos los ciudadanos, aún de aquellos que habiendo infringido la ley son detenidos para hacer cesar conductas delictivas”.

Más adelante, señala que “las denuncias sobre presuntos apremios, vejámenes o cualquier otra forma de violencia policial, deben ser investigadas a fondo ya que tales conductas además de aberrantes, lesionan los derechos más fundamentales de la sociedad y el basamento esencial de la institución policial que es la confianza que sociedad deposita en ella. En este caso en particular, se les asegurará a los denunciantes el libre ejercicio de su derecho de peticionar ante las autoridades y me pongo públicamente a su más entera disposición y la policía prestará toda la colaboración para el esclarecimiento del hecho”.

Y añade: “El estado de derecho y las garantías constitucionales son el altar donde reside el sistema democrático y la vida de los ciudadanos. Instaremos, colaboraremos y trabajaremos para que esta situación se aclare punto por punto, propugnando el respeto de los derechos y garantías de denunciantes y denunciados. Si algún personal policial resulta finalmente responsable por acción u omisión de los hechos que son materia de investigación, será expulsado de la institución y exhortaremos su condena judicial más gravosa y ejemplar en homenaje a los miles de policías que sirven dignamente a la comunidad”.

Por último, finaliza: “Si así no fuere y la investigación exculpara al personal policial, la sociedad tendrá la garantía que una profunda investigación dio respuestas a sus legítimas expectativas. Una sociedad para ser verdaderamente libre debe ser esclava de la Ley, sin excepciones”.