No solo en La Plata (donde se tramita el expediente por la Gestapo antisindical) hay exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires investigados por maniobras de persecución ilegal durante el macrismo. Ahora, la Justicia analiza la hipótesis de que el actual juez federal Juan José Baric, quien fue subsecretario de Políticas Penitenciarias durante la administración de Vidal, fue quien ordenó “cablear” una unidad penal de Melchor Romero para poder espiar a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, que se esperaba que fueran detenidos y alojados en ese lugar.

Para eso, el magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la realización de varias medidas que habían sido solicitadas por el fiscal que sostiene la acusación, Franco Picardi, y que apuntan a hallar un nexo entre Baric y el montaje de las cámaras y micrófonos.

Tal como lo había revelado diario Hoy, Baric visitó la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) el 6 de agosto de 2018, apenas dos días antes de que se concretara el “cableado” de la alcaidía departamental 3. Más precisamente, se presentó en el despacho de Silvia Majdalani, a la sazón subdirectora de la Agencia; se trata de un fuerte indicio de que el entonces responsable de las unidades (y con dependencia directa de quien era ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari) habría solicitado personalmente que se instalaran los dispositivos.

Ahora, Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Picardi, requirió a las empresas de telefonía celular y al Ministerio de Justicia bonaerense información sobre los teléfonos que figuran como propiedad de Baric y de otras personas señaladas en la causa. Se trata de Leandro Borghetti, que era el titular de las alcaidías provinciales; Fernando Manzanares, asesor, y Andrés Rodríguez, que oficiaba como agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) pero luego pasó a revistar en la AFI, bajo el mando del agente Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales. En tanto, Martínez de Giorgi le solicitó a la Jefatura de Gabinete de la Nación que informe si alguno de ellos visitó la Casa Rosada o la quinta presidencial de Olivos entre julio y septiembre de 2018.

El magistrado también requirió información sobre las líneas registradas a nombres de varios exespías de la AFI: Fernando Whaler, Claudio Marcus, Emiliano Picabea, Sebastián Iglesias y el propio Ruiz. Ruiz, justamente, había declarado que él y Baric hablaron del “cableado” o “alambrado” del penal. La operación consistió en la instalación de dispositivos de escucha en tres celdas, el salón de usos múltiples (SUM), la oficina de asistencia y tratamiento y el locutorio que sirve para la comunicación entre los presos y los abogados que los representan. Una operación manifiestamente ilegal, que interfiere con el derecho de defensa.

Lo cierto es que el “alambrado” de la alcaidía, donde supuestamente iban a quedar detenidos los Moyano, se produjo más de un año después de la ya célebre reunión secreta de la Gestapo en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), y constituye una instancia más del hostigamiento ilegal contra sindicalistas montado desde el gobierno de Vidal, con la supervisión de la AFI.

Lejos de caer en desgracia por este supuesto vínculo con la operación ilícita, Baric logró ser nombrado juez federal en La Pampa, que es el cargo que ahora ocupa. En enero último, cuando salieron a la luz datos sobre su presunto involucramiento en la estructura de espionaje macrista, el diputado nacional Rodolfo Tailhade dijo que ese nombramiento fue “un premio” por haber participado en estas operaciones.

 Los dos teléfonos de Conte Grand

Podría ser una coincidencia notable o el signo de un modus operandi: dos importantes funcionarios judiciales que fueron designados luego de formar parte del gabinete de María Eugenia Vidal son ahora investigados por llamadas que podrían comprometerlos en operaciones ilegales de persecución y espionaje. No solo el juez federal Juan José Baric (ver nota principal) está en la mira; también lo está el actual procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, quien supo ser secretario legal y técnico de la exgobernadora.

La Justicia investiga si los asiduos llamados entre Conte Grand y quien fuera su jefa están relacionados con la operatoria de la Gestapo antisindical, es decir, la mesa judicial que funcionaba en aquellos tiempos y que se dedicaba a perseguir a gremialistas.

Ahora la Justicia procura comprobar que el procurador utilizaba un celular “alternativo” para recibir las llamadas de Vidal sin que se pudiera establecer un nexo con las comunicaciones que partían de su teléfono principal.