Los presidentes de los bloques de concejales del Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Progresista Cívico y Social, opositores al gobierno local, reconocieron que el Intendente tiene facultades para sancionar a la empresa Vercelli Hnos -concesionaria del transporte público- con una reducción en el plazo de la concesión. Sin embargo, advirtieron que los 12 años que quita que Ismael Passaglia resolvió por la vía de un decreto configurarían una sanción excesiva.

Para Ernesto Onchalo, presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, la tensa relación entre el gobierno local y la empresa Vercelli (que deribó esta semana en una quita de 12 años en la concesión, resuelta por decreto de Passaglia) “es un tema que está en el marco de las disputas que está llevando el Intendente con distintos sectores de la comunidad”. En el mismo sentido, advirtió que “en los últimos meses se viene dando una desintegración muy importante, en la que brotan peleas, y no sólo en el interior del gobierno sino también entre el gobierno y distintos actores de la sociedad”.

Más allá de esto, Onchalo reconoció que “desde el punto de vista técnico, entendemos que es potestad del Intendente tomar una determinación de este tipo”.

Aunque completó: “Creemos que, por una cuestión de respeto y consideración, una decisión de esta naturaleza tendría que fundamentarse bien y pasar por la aprobación del Concejo Deliberante. Esto es lo que indican los normas del buen procedimiento. Estos mecanismos autoritarios y hasta incluso violentos no conducen a nada; al contrario, hay que tratar de buscar soluciones por otras vías”.

“Desproporcionado”

Por su parte, la titular del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, la radical Adriana González, refirió a EL NORTE que “llamé al secretario de Gobierno para preguntarle por este tema, pero no he tenido tiempo de analizar los antecedentes”.

González consideró que “las sanciones por incumplimientos del contrato de concesión, efectivamente son de la órbita del Ejecutivo, que es la autoridad de contralor” y recordó que “en el pliego, estas medidas estaban previstas”. Pero también advirtió: “Analizando esto desde lo jurídico, ocurre que tiene que haber una proporcionalidad entre los incumplimientos y la sanción. Habría que ver qué interpretación se le puede dar a esta sanción que, al ser un acortamiento tan importante, ya practicamente parecería ser una quita de la concesión. Es prácticamente una rescisión contractual, y habría que ver si eso no correpondería al Concejo Deliberante y no al Ejecutivo. Mirado así, sin conocer a fondo los antecedentes, pareciera ser una sanción desproporcionada”.

“Intereses”

Gustavo Ouakim, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, observó que “el Concejo Deliberante está en una isla con respecto a los actos públicos del Intendente”, y aseveró: “Aquí no se comunican los decretos ni se publican los actos administrativos. Muchas veces nos enteramos a través de los medios de comunicación. En este caso, no conocemos el fundamento ni las razones que motivaron al Intendente a tomar semejante decisión”.

En cuanto a la competencia del Ejecutivo para aplicar el tipo de sanciones como la resuelta días atrás, el concejal massista indicó que “el pliego de licitación es claro y otorga esa facultad al Intendente”. En el mismo sentido, observó que “la responsabilidad única y exclusiva en lo que ha sucedido, es pura y exclusiva del Intendente Municipal”.

Y completó: “Así lo dice el pliego de licitación. Después podremos debatir si lo más lógico hubiera sido trasladar esta cuestión al Concejo Deliberante para que el tema se discuta en este ámbito. Lo más sano para la democracia es que se enriquezca el debate dentro del ámbito legislativo. En definitiva, el Intendente tiene sus representantes acá en el Concejo Deliberante. Pero, como cambió la ecuación y ya no son mayoría, evitan el debate. Entonces, a partir de ahora empieza a haber una gestión que recurre al decreto para lograr lo que necesita”.

Ouakim consideró que la sanción impuesta “tiende a que la empresa Vercelli desaparezca de San Nicolás”, y opinó que el Ejecutivo local “seguramente tiene algún interés generado para que esto suceda”.