Buscan que el Ejecutivo disponga la atención integral de personas en riesgo, la capacitación a profesionales, asistencia para familias de víctimas y que se generen campañas de prevención. Señalan que los efectos de la pandemia en la salud mental "son sumamente preocupantes".
Los y las ediles de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante por medio del cual apuntan que en el Municipio implemente estrategias para la prevención del suicidio.
Elaborado por el concejal Gustavo Trindade, de Espacio Abierto, la iniciativa cuenta además con el apoyo de los concejales Jésica Bortule y Analía Leguizamón, de Juntos por el Cambio, Adrián Maciel de Pilar Federal y Flavio Álvarez e Inés Ricci de Comunidad Pilarense.
Según se desprende del texto presentado, la propuesta apunta a que la Comuna pueda garantizar la atención integral de las personas con riesgo de suicidio al tiempo que establece la implementación de mecanismos de prevención y de capacitación para el personal profesional.
En los fundamentos de la medida, que deberá ser debatida en comisión para luego llegar al recinto de sesiones, los impulsores del proyecto señalan la necesidad de abordar la problemática, sobre todo en el contexto de la pandemia.
"La pandemia está poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental. La Organización Mundial de la Salud considera que los efectos de la pandemia en la salud mental están siendo sumamente preocupantes", detallan en la iniciativa.
En esa línea detallaron que "el aislamiento, el miedo al contagio y el fallecimiento de familiares se ven agravados por la angustia que causa la pérdida de ingresos, y a menudo, de empleos".
"Datos recienten muestran aumento de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, la sensación de pérdida; son factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida", argumentaron.
Es por eso que consideraron que la "detección temprana del riesgo suicida es fundamental ya que podría ayudar a conocer el grado de necesidad de una atención inmediata en aquellas personas que acuden por conductas suicidas al servicio de urgencias".
El proyecto busca que el Ejecutivo "disponga la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional para la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias de víctimas".
Señala que el alcance de la ordenanza "incluya tanto el intento de suicidio, como la posvención, referida a las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo, destinadas a trabajar con las personas, familias o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida".
Pero además, entre los principales objetivos, la propuesta plantea "el abordaje cotidiano, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática; el desarrollo de acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población; el desarrollo de los servicios asistenciales, la capacitación de los recursos humanos y la promoción de creación de redes de apoyo de la sociedad civil a los fines de la prevención y detección de personas en riesgo".
Por otra parte, también se busca que se desarrolle "un protocolo por parte del área de Salud" que se aplique en los centros asistenciales así como la elaboración de estadísticas y programas de capacitación para el área educativo, laboral, recreativo.
Suman también que se realicen "campañas de concientización, contención telefónica y que en los casos de intentos de suicidio se asegure al paciente un equipo interdisciplinario conformado en los términos de la ley 26.657 de salud mental que asegure acompañamiento en todas las etapas de tratamiento".
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