El proyecto para crear la figura del arrepentido en el Código Penal se encamina a un largo debate y, en el mejor de los casos, se tratará en un mes y con muchos cambios pedidos por la oposición.

Ese fue el resultado de la presentación que hizo esta mañana la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados, donde también brindó detalles del proyecto para incorporar los juicios de flagrancia.

En lo que parece ser una constante este año, sin mayorías legislativas, todos los bloques plantearon múltiples críticas y el radical Luis Petri, a cargo de la Comisión de Legislación Penal, informó que el debate será largo y tendido.

Recién en 15 días habrá una reunión de asesores y la comisión se reunirá el 3 de mayo, para recién después buscar una fecha de sesión. No será fácil encontrar acuerdos, porque la mayoría de los diputados sostuvieron que el texto tiene graves falencias.

Y lo más curioso es que no hubo diputados de Cambiemos esforzándose en defenderlo, una muestra más de que Macri no los suma al trabajo previo y ya le están pasando factura.

“El objetivo de estos proyectos es trabajar sobre una problemática, como es la de los delitos complejos, narcotráfico, lavado, la trata, de todos aquellos delitos que general realmente mucha incertidumbre en la sociedad”, resumió Bullrich en una escueta exposición.

Confesó que ella misma no estaba segura de algunos artículos, sobre todo en la creación de las figuras cinematográficas del informante, agente encubierto y agente revelador como colaboradores de la justicia.

Sus ex compañeros de trabajo no la perdonaron. La más dura fue Miriam Bregman, del Partido Socialista de los Trabajadores, la diputada de izquierda de mejor sintonía con el kirchnerismo.

“Le están dando más poder a la policía. Con esta ley van a estar incluidos aquellos que salgan a protestar cuando le corten la luz, contra la megaminería o contra los despidos”.

Comparó la figura de “agentes encubiertos” a lo agentes de inteligencia de la policía federal. “Van a formar un cuerpo de Stiussos”, bromeó.

El Frente Renovador de Sergio Massa, que propuso la ley del arrepentido durante toda la campaña, planteó muchas objeciones y adelantó que presentará dictamen propio, lo que complicaría la votación.

“Estos cambios chocan con un defecto de origen muy grande: estamos poniendo un instituto nuevo sobre el Código viejo”, protestó Mónica Litza. Y exigió que el arrepentido sea para todos los delitos y no para las enumeradas, la mayoría vinculadas a la trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita.

En realidad, ese detallado del artículo 2 culmina con una potestad del juez para que disponga eche mano a la figura del arrepentido cuando le parezca y por ningún diputado entendió si había sido una broma o un error.

Como explicó LPO, los primeros en detectarlos fueron los kirchneristas y así lo hizo saber Diana Conti, quien rechazó darle poder indefinido al juez, pidió incluir delitos económicos y se preguntó si abarcará a funcionarios públicos.

“En los medios se insiste en decir que los funcionarios públicos no podrá hacer uso de la figura del arrepentido. Pero esta ley no dice nada al respecto”, objetó por otro lado.

Y, como también había anticipado este medio, exigió sanciones “al arrepentido mentiroso”, o sea, al que canta y no dice la verdad. Toda la sala pensó que apuntaba a Leonardo Fariña, el valijero que estuvo diez horas ante la justicia detallando el sistema de corrupción en la obra pública.

Conti coincidió con la izquierda en que el proyecto de flagrancia le otorga demasiado poder a la policía. “La instrucción sigue a cargo del juez, que es quien juzga y define la pena”, la corrigió Bullrich, e insistió en que el control de las fuerzas de seguridad es una pelea que no se abandona con estas iniciativas.

Por si fuera poco, el delasotista Juan Fernando Brügger advirtió sobre la impunidad que gozarían los agentes encubierto y revelador y Julio Raffo, el ex ladero de Pino Solanas y aliado de Cambiemos cuando le parece, se sumó a los temores sobre una policía con más poder para aniquilar.

Pero había más furia kirchnerista. “No podemos discutir esto sin hablar de la emergencia de seguridad que usted dictó por decreto”, protestó el mendocino Guillermo Carmona. El rosarino Marcos Clari, de La Cámpora, definió el proyecto como “una sucesión de parches”.