Antes de que la reforma se presentara formalmente, el pasado miércoles, Ernesto Sanz, uno de los dirigentes de la UCR con buenos vínculos en la Justicia, habló con Vilma Ibarra y Marcela Losardo.

Ibarra y Sanz compartieron el Senado hace poco más de quince años junto a Cristina Kirchner. Trabaron desde ese momento un vínculo cortés que cada tanto reflotan: la previa de la presentación de la reforma judicial y del consejo consultivo encargado de revisar, entre otras cuestiones, el funcionamiento de la Corte Suprema, fue un buen momento para hacerlo. Con la ministra de Justicia, el ex senador mendocino se conoce del Consejo de la Magistratura, hace diez años. Losardo era la representante del Poder Ejecutivo.

“Lo quisieron convencer de las buenas intenciones del proyecto”, aseguraron en el entorno de Sanz, que pasa sus días en San Rafael, la única ciudad mendocina que todavía sigue virgen de coronavirus. Junto a otros dirigentes del radicalismo estudia el proyecto de ley enviado por la Casa Rosada al Senado.

Sanz, que fue clave en la fundación de Cambiemos junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri y que después se alejó de la gestión por diferencias internas, volvió a estar activo. Justo cuando el Gobierno pisó el acelerador en su plan de reforma judicial, que contempla, por ejemplo, la unificación de Comodoro Py y el fuero federal penal y económico de la Ciudad bajo un nuevo Fuero Penal federal, la proliferación de cargos y 94 nuevos juzgados penales de primera instancia en todo el país. Parte de la reforma 2020 impulsada por la anterior gestión, subrayan en Casa Rosada.

“La UCR no se va a prestar al plan del Gobierno para aumentar los jueces de la Corte”, se apuró sin embargo Sanz en una conversación con el diario La Nación, horas después de la presentación de la iniciativa y de charlar durante un largo rato con sus amigas Losardo e Ibarra.

Más allá de los vínculos, muchos y variados, y de la discusión parlamentaria centrada en Diputados -el Senado tiene mayoría K-, la oposición en su conjunto desconfía de las buenas intenciones que Alberto Fernández y Losardo se encargaron de vociferar en las últimas horas en torno al proyecto oficial presentado en el Salón Blanco con ausencia de dirigentes de Juntos por el Cambio. Julio Vitobello, el secretario general de la Presidencia, cursó las invitaciones a los jefes de bloque opositores mientras ellos se pasaban el borrador del comunicado que oficializarían en la tarde del martes con duras críticas a la comisión de juristas presentada por el Presidente al otro día, cuyo objetivo, aún cuando ni siquiera se sentaron a trabajar, es para un vasto sector de la coalición opositora la ampliación del número de la Corte de cinco a nueve miembros.

Hace rato ya que la oposición, en especial para los dirigentes parlamentarios, descree de las buenas intenciones de la Casa Rosada. El intento de intervención y posterior expropiación de Vicentin, que el Gobierno derogó finalmente este viernes, consistía entonces en un “avance sobre la propiedad privada”. La ampliación de la moratoria fiscal, que anteayer consiguió media sanción en la Cámara baja, es un “traje a medida” del empresario Cristóbal López. La reforma judicial, un proyecto que encubre en realidad un plan mucho más ambicioso de impunidad para la vicepresidenta.

“Si esta comisión de juristas presentada el miércoles saca un dictamen distinto a lo que piensan (Raúl Eugenio) Zaffaroni y (Eduardo) Barcesat, entonces sí empiezo a pensar en su credibilidad”, se sinceró por estas horas un encumbrado diputado opositor que, desde ya, ve con pésimos ojos la iniciativa oficial. Para él, el proyecto de ley solo crea nuevos juzgados y busca licuar el poder de Comodoro Py.

La alusión a Zaffaroni no es casual. El ex miembro de la Corte, de indudable prestigio, propone desde hace tiempo la ampliación del número de jueces del máximo tribunal y la creación de, por ejemplo, una sala penal en el ámbito de ese tribunal que se ocupe de la resolución de casos de recurso extraordinario por “arbitrariedad de sentencia”. Son varios los dirigentes opositores que ven en la idea de Zaffaroni una posibilidad. Válida para un país con confianza en sus instituciones.

La presencia de Carlos Beraldi, el penalista de Cristina Kirchner de reconocida trayectoria, en el consejo consultivo creado el miércoles por decreto, es el argumento que mejor le cuajó a la oposición para cargar contra ese nuevo ámbito de discusión incluso antes de que empiecen a trabajar. Para algunos, se trata de una provocación. Para otros, de una torpeza política: son los menos. Hay quienes creen, en tanto, que es una cortina de humo para entretenerse mientras se avanza en la revisión del traslado de jueces durante el gobierno de Cambiemos. “La oposición en el consejo no puede negociar ni un vaso de agua”, explica un experimentado asesor judicial de Juntos por el Cambio.

Según fuentes inobjetables, la inclusión de Beraldi, que el Presidente defendió hasta en privado en honor, supuestamente, a una relación de décadas, fue compensada con la de Inés Weinberg de Roca, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y ex candidata a la Procuración de Mauricio Macri.

Enterado de la nominación, el ex Presidente habló con ella. Solo ellos saben el contenido de la charla, pero fuentes al tanto de la conversación juran que no hubo reproches por parte de Macri. “Al contrario”, dicen.

El nexo entre la jurista y la Casa Rosada fue Horacio Rodríguez Larreta, vinculado desde hace meses al Gobierno por la administración de la cuarentena. El jefe de Gobierno le avisó a Weinberg de Roca que recibiría un llamado de Alberto Fernández, y que, por lo tanto, agendara su teléfono celular.

Rodríguez Larreta no tiene pensado, por ahora, opinar en público sobre la iniciativa oficial. En privado, dio su aval en el encuentro virtual que compartió a media mañana del martes con la cúpula de Juntos por el Cambio, incluido Macri antes de su llamativo y extemporáneo viaje a Europa, al rechazo partidario del proyecto. Weinberg de Roca le había avisado al Presidente cuando le ofreció integrar el consejo que también tenía planeado un viaje familiar por Alemania, que emprendió en las últimas horas: estará allí por unas tres semanas.

El jefe de Gobierno, sin embargo, había tenido una conversación previa con el jefe de Estado por el capítulo porteño de la reforma, vinculado al traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad. Así lo blanqueó Rodríguez Larreta hace algunas semanas, cuando recibió a cinco consejeros del Consejo de la Magistratura porteño junto a la nueva administradora del Poder Judicial local, Genoveva Ferrero.

En el gabinete de la Ciudad hubo además funcionarios de segundas y terceras líneas vinculados a la Justicia que telefonearon a Andrés Gil Domínguez, otro de los integrantes del consejo consultivo.

Al abogado, doctorado en Derecho, le sorprendió, aseguran en su entorno, “la profundidad de la grieta”. Hay amigos de Juntos por el Cambio, agregan, que ni siquiera lo llamaron para felicitarlo. Con Sanz, por ejemplo, habían hablado hace algunas semanas. No volvieron a comunicarse.

Gil Domínguez es uno de los casos testigo del vínculo que cruza al oficialismo y la oposición. En marzo del 2006, asesoró profesionalmente a Facundo Di Filippo, por entonces legislador del ARI y cercano a Carrió, en el dictamen con el que el diputado porteño justificó su voto en contra de Aníbal Ibarra en el juicio político por la tragedia de Cromañón. Gil Domínguez había dado ya alguna charla en el Instituto Hannah Arendt. Las vueltas de la vida hicieron después que el especialista trabara una estrecha relación con Vilma Ibarra, hermana del ex jefe de Gobierno, apuntalada por el interés de ambos en el impulso al matrimonio igualitario y otras iniciativas vinculadas con la agenda de igualdad de derechos. La secretaria Legal y Técnica fue una de las que aconsejó al jefe de Estado en la incorporación del experto en el comité de 11 miembros.

La Coalición Cívica fue la que propuso, en el comunicado del martes pasado, la inclusión del párrafo en el que Cambiemos remarcó que no facilitará “los dos tercios de los votos en el Senado” para la integración de la Corte ante una eventual ampliación.

En la oposición creen que el antecedente de Daniel Rafecas, para el que el Frente de Todos aún no pudo reunir los dos tercios en el intento por nombrarlo al frente de la Procuración, les juega a su favor. Insisten, de todos modos, en que no es momento para discutir una reforma, en la puerta de una crisis económica sin antecedentes. A pesar de que todos, oficialistas y opositores, sí coinciden en que hay que desconcentrar Comodoro Py, donde la promiscuidad con la política se practica desde hace décadas, con todos los gobiernos.

Lo dijo el diputado Cristian Ritondo: “La reforma puede esperar, la economía y la inseguridad no”. Mario Negri, jefe del interbloque opositor en la Cámara baja, adelantó que analizarán el texto “con el máximo rigor”. Citó el antecedente del 2013 de “democratización de la Justicia” por parte del kirchnerismo, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

“Este es un buen momento para eliminar privilegios. Ahora estamos discutiendo una posible reforma de la Justicia que va a costar mucho dinero, no sé si es el mejor momento para ese debate por lo menos hasta que no zanjemos la grieta, pero además sabemos que es un sector que no paga impuestos a las ganancias”, deslizó al pasar, en la semana, el senador Martín Lousteau, durante la sesión en la que se sancionó la ley que regula el teletrabajo.

En el bloque opositor del Senado creen que hay legisladores como Juan Carlos Romero y Carlos Reutemann, que jugaron junto a Cambiemos en momentos donde había mucho menos ruido en la vinculación con el Gobierno, y que en el futuro, frente a un eventual intento de ampliación y nominación de jueces para el máximo tribunal, no tendrían motivos para cambiarse de traje.