Por Gabriela Vulcano

Con la primera etapa cerrada, el Gobierno se prepara para dar una seguidilla de debates en el Congreso ante una oposición que busca reacomodarse después de que prestó los votos para aprobar la Ley Ómnibus y el paquete fiscal. Las reformas que Javier Milei tiene en carpeta se resumen en tres grandes grupos normativos: "hojarascas", "anti casta" y "anti mafia". Será clave el rol que asuman en este nuevo tramo la UCR y Hacemos Coalición Federal, desde donde destacan que el oficialismo ya tiene las herramientas necesarias para aplicar su plan económico y anticipan que quieren elaborar una agenda propia.

"Vamos a esperar. Tienen casi todo lo que querían. Ahora que gobiernen, no tienen excusas", señaló un diputado radical. "Querían las leyes, se las dimos. No pueden reprocharnos nada", remataron desde el bloque de Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Ángel Pichetto. 

Los tiempos de sosiego que los opositores tanto anhelan serán más cortos de lo previsto. El presidente se los hizo saber el viernes último cuando anunció que con el desembarco de Federico Sturzenegger en el Ejecutivo nacional se acerca un nuevo debate legislativo. "Vamos a sacar la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes", dijo Milei, en declaraciones a la LN+.

Para algunos diputados de la UCR y PRO, los dichos del presidente no hicieron más que ratificar lo que Sturzenegger les había adelantado en persona en una reunión días atrás, en la que se habló de los principales puntos de la "Ley hojarascas". "Algunas leyes son obsoletas, es correcto derogarlas, pero otras no. Habrá que estudiar una por una", afirmaron desde el radicalismo.  

En este espacio, después de las votaciones de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal, quedó al descubierto que será difícil reunir bajo un mismo paraguas a los distintos radicalismos que cohabitan en la bancada que encabeza Rodrigo De Loredo. El grupo de legisladores que lidera Facundo Manes y el que responde a Martín Lousteau prometen endurecer sus posturas a futuro, frente a un oficialismo que se ufana de haber conseguido aprobar "800 reformas" —en palabras del propio Milei— con tan sólo 38 diputados y 7 senadores propios.  

En PRO, directamente están en una encerrona. Por un lado, se quieren pegar al oficialismo en cada una de las votaciones para que no haya dudas —sobre todo ante su electorado— de que tienen voluntad de acompañar al gobierno de Milei; pero, por otro, quedaron envueltos en una interna que hace temblar las bases del partido que fundó Mauricio Macri. 

Mientras Patricia Bullrich puja para fusionarse con La Libertad Avanza, el ex presidente intenta correr a la ministra de Seguridad del territorio bonaerense, de la mano del jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, que se prepara para presidir PRO en ese distrito, luego de desbancar a la senadora provincial Daniela Reich. Aunque en la Cámara baja juran que esa pelea no influirá en la vida interna de la bancada a nivel nacional, en el bullrichismo sostienen que todo dependerá de hasta dónde tense la cuerda el macrismo. En simultáneo, varios legisladores miran ansiosos la posibilidad de cerrar al menos un acuerdo electoral con los libertarios para los comicios del año próximo, entre ellos María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Fernando Iglesias, este último cada vez más inmiscuido en la política internacional del Gobierno.

Ritondo tendrá que hacer algunos esfuerzos extra para dejar de lado sus diferencias con Bullrich cuando se comience a debatir el proyecto "anti mafia". En términos ideológicos, no hay grandes diferencias entre la mirada de uno y otro, por lo que será engorroso esgrimir argumentos para rechazar la propuesta oficialista.

En el radicalismo y Hacemos Coalición Federal miran con más desconfianza las iniciativas en materia de seguridad de Bullrich, entre ellas la que promete combatir a las organizaciones criminales, la que modifica la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas se incorporen a la lucha contra el narcotráfico, y la que plantea la baja de la edad de imputabilidad.    

La llamada Ley "anti casta" tiene mayor aceptación, pero los legisladores prefieren esperar a ver qué versión ingresa al Parlamento. De la decena de puntos que Milei enumeró en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo pasado, el que más ruido hizo fue el que establece penalizar al presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y los diputados y los senadores que aprueben "un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria". Tampoco hay consenso con la idea de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, ni con recortar el número de asesores legislativos. 

La oposición autodenominada "dialoguista" insiste en que a partir de ahora intentará acordar una agenda en común, incluso con Unión por la Patria, para avanzar con algunos temas que no son de interés del oficialismo. En esa línea, sostienen que hay que repetir el escenario que se consiguió con la aprobación del proyecto que fija una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que podría ser tratado en el Senado en las próximas semanas. Sin embargo, en el radicalismo ya se echaron atrás con la sesión que pidieron para el 3 de julio, en la que estaba previsto debatir el financiamiento universitario y el Fondo de Incentivo Nacional Docente (FONID).

En el marco de las negociaciones con el Gobierno por la reversión del impuesto a las Ganancias, que fue aprobada la semana pasada, De Loredo se comprometió con Francos a dejar la discusión sobre los recursos para la educación para agosto próximo, una vez que pase la firma del Pacto de Mayo. No todos en la UCR están dispuestos a resignar ese debate. "Nosotros vamos a estar sentados en nuestras bancas, que los demás expliquen porqué no quieren sesionar", apuntaron desde el sector que encabeza Manes.