Los legisladores radicales Ana María Canata, Irene Ada Dumrauf y Livio Gutiérrez presentaron ante la Fiscalía N°4 un pedido de investigación ante la presunta comisión de delitos de violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, respecto al manejo de los fondos de pagos judiciales.

“El origen de los hechos que estamos solicitando que se investiguen tiene lugar con el dictado de la ley Nº 7782, destinada a resolver la situación emergente de las sentencias judiciales firmes y exigibles del personal del Poder Judicial después de 25 años de procesos judiciales", indicaron los legisladores, y agregaron que "bajo ese fundamento se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta la suma de pesos cuatro mil millones ($4.000.000.000). Luego por Decreto Nº 2060/16, de fecha 02/09/ 2016, se creó el Fideicomiso de Pago de Deudas Judiciales".

Asimismo, explicaron que “con el empréstito público se le transfirió el fideicomiso la suma de $2.150.000.000 con el único objeto de pago en efectivo de la sentencia recaída en la causa originada en la Acordada N 585/91 del Superior Tribunal de Justicia. No obstante, el no cumplimento de dicho objeto atento los términos del referido Decreto Reglamentario N°2092/16, determina que no se finiquite generando más intereses, costos procesales gastos para el Estado, en definitiva, podrían causar graves daños y perjuicios a la hacienda pública y por lo pronto podría constituir malversación de caudales públicos”.

“Lo que es más grave en tanto violación de la ley de Administración Financiera N°4897 es que los recursos ingresados con motivo del empréstito público mencionado no se han contabilizado como recursos en cuentas que al efecto debían ser abiertas y registrado en cuentas que el tesoro provincial tiene habilitadas en las entidades financieras autorizadas, siendo que la existencia de los fondos originados en la deuda pública tiene el carácter de recursos y deben necesariamente tener registración en las cuentas de tesorería, lo cual podría constituir graves irregularidades”, señalaron.

Por último, afirmaron que “de la investigación recabada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, queda acreditado que los $ 4.000.000.000 que debían ingresar a las cuentas de la Tesorería Provincial no ingresaron, hecho probado con el informe producido por la Contaduría General de la Provincia”.