Por: Pablo Icardi.

La política mendocina ha comenzado a acostumbrarse a un pensamiento lineal y tiene un complejo, una especie de tara que puede ser peligrosa. Oficialismo y oposición piensan todo en función a Alfredo Cornejo, quien además de ser el gobernador de la provincia construyó un espacio político con profunda capilaridad en todos lados.

En el Gobierno y sus aliados roza la pereza intelectual porque todo lo bueno y lo malo pueden achacárselo a su líder, descansan en la figura del Gobernador. En la oposición lo que gana es la resignación: el peronismo está deshilachado y apuesta a viejas figuras para rearmarse y la Unión Mendocina se desinfla, pierde peso y carece de liderazgos fuera de Omar De Marchi.

Ese escenario genera dos problemas. Primero la concentración de poder sobre Cornejo por “mérito propio” y por delegación ajena. Y, más grave, que no se construyan alternativas, proyectos, espacios y futuros distintos para Mendoza. La ciudadanía no tiene opciones, pero el propio gobierno, además, no se enriquece.

En el oficialismo los espacios de poder se reparten por obediencia y no por rebeldía. La obsecuencia no es un buen motivador de la creatividad. El gabinete de Cornejo es joven, y está profesionalizado. Pero, admiten algunos en la propia gestión, no tiene la energía innovadora que se esperaba. Por eso, por ejemplo, el conflicto con los judiciales creció más de lo esperado, no hay certezas y comunicación pública sobre el impacto del abandono de YPF en Mendoza, la violencia en las canchas hizo construir un estigma sobre la provincia, ha crecido la pobreza infantil y el ausentismo crece por falta de recursos, y la lista de pequeños o gruesos ajustes internos sigue. Claro, recién van 6 meses de gestión y en un contexto nacional espantoso, con pocos recursos y mucha incertidumbre. Sin nadie que lo cuestione, el propio Gobernador cayó en la trampa de sus propias obsesiones para invertir una exagerada cantidad de energía en temas irrelevantes para un Gobernador de su talla, como ocurrió con la persecución legislativa sobre la ex aliada Yanina Ortiz.

La hiper centralidad del Gobernador como decisor incluso aburre. Es como ver películas que tienen siempre el mismo guionista y que, como tal, tienen un final previsible. Es lo que pasa en Mendoza en los últimos años; hay muchos postulantes, muchas presencias en los casting, pero pocos guionistas para pensar una Provincia mejor. 

Es la seguridad

El Gobierno no ha tenido obstáculos para ejecutar su plan y Cornejo parece ser el único que tiene un plan. Las leyes de Salud salieron sin problemas, el plan minero se ejecuta como lo han planeado en el plano discursivo y, sobre todo, el control de daño de los errores propios está menguado. Gran parte de los grupos de poder que podrían agitar las aguas están de su lado, empezando por las cámaras empresarias y hasta los gremios, que con su aval de las paritarias le dan el OK para avanzar.

Pero Cornejo no es necio; al menos puertas adentro. La recesión y el impacto del deterioro económico preocupa y frustra al Gobernador, igual que al resto de los mandatarios provinciales porque consideran que no tienen las herramientas para mejorar. Además deberá hacerse cargo del impacto social de ese deterioro. Ya hubo una postergación de aumento de tarifas en la electricidad (Mendoza tiene la tarifa más cara del país) y monitorean de cerca lo que ocurre en la calle.

Uno de los temas que ocupa la cabeza del Gobernador ahora es la seguridad. La demanda social por los delitos y la inseguridad crecen y la visibilidad de la violencia inquieta, aún con cifras que para el Gobierno son alentadoras. Se suma la bronca que hay en el Ejecutivo por la “pachorra” de un sector de Tribunales, particularmente de los jueces penales y la capacidad ociosa de los monstruos burocráticos y edilicios creados alrededor de la política criminal ejecutada desde fines del 2015: más cárceles, oralidad total, tecnología aplicada a la investigación, restricción a las excarcelaciones y promoción del encierro.

Petri y Cornejo. Ambos se especializan en Seguridad. No se llevan bien, pero conviven. 

Cornejo siempre siguió de cerca el tema seguridad, pues comenzó a especializarse en el tema cuando Julio Cobos era Gobernador. En su primera gestión estuvo encima y “contrató” al equipo que formaban Alejandro Gullé como procurador, Gianni Venier como Ministro y José Valerio como juez de la Suprema Corte para que cambiaran el enfoque. En el inicio de su segundo mandato parecía alejarse y delegar más en la ministra “” Rus. Durante las últimas semanas, Cornejo retomó su impronta. Por eso no es casual que haya insistido con cambios normativos, que haya aparecido varias veces junto a la policía y que motivara la “cumbre” cuyana en Desaguadero con Claudio Poggi y Marcelo Orrego. En Mendoza aseguran que hay bandas interprovinciales que, por ejemplo, alquilan casas en Mendoza para delinquir y luego huyen. La intención de Cornejo es regionalizar el laboratorio de ADN para tener registro de esos delincuentes.

Si fuera por él, incluso, iría más allá. El Gobernador quiere que todos los mendocinos dejen su huella genética: cuando nacen, cuando sacan o renuevan el carnet de conducir o el DNI. La intención choca con las limitaciones legales; pero en el Gobierno piensan en alternativas para que eso ocurra. Incluso, por ejemplo, con los infractores viales. Analizan alternativas para avanzar de a poco y esa idea de engrosar el banco de datos genéticos está detrás de los convenios y la posible nacionalización de la estrategia mendocina. Lo mismo ocurre con la idea de darle más potestades a la policía y a los fiscales para ejecutar allanamientos. Alguna vez Cornejo pensó en una enmienda constitucional para modificar el artículo 14 (que determina que solo un juez puede allanar el domicilio). Por eso la intensidad en la difusión de cada operativo policial. Cornejo insistirá en el uso de la tecnología y las herramientas procesales para la persecución penal. Incluso contra las propias limitaciones, como las que impone el sistema de videovigilancia, que en la provincia tiene algunas cámaras obsoletas, otras rotas y sin coordinación entre distritos.

La visibilidad de la impunidad que tienen los barrabravas en Mendoza dejó daños en la imagen de la provincia. En seis meses hubo al menos cuatro hechos de violencia graves, con un muerto, partidos suspendidos y daños en el patrimonio.  El club Godoy Cruz goza de subsidios directos e indirectos desde que ese equipo juega en primera división (el mantenimiento del estadio Malvinas cuesta 24 millones de pesos al mes y el club paga solo 1,4 millones por partido) y la relación con el Gobierno se tensa. La seguridad en los estadios estuvo a cargo de Néstor Majul durante 8 años. El funcionario migró al gobierno nacional y la ministra Mercedes Rus enfrentó los problemas. Entre ellos hay una coincidencia política, pues ambos son radicales de Maipú y aunque eran parte del mismo grupo, hubo diferencias luego del cambio de gobierno.

Tribunales estuvo paralizado durante todo abril y hay dudas sobre cómo podrá resolverse el conflicto salarial. Hay un problema de convivencia de fondo, pues los jueces y fiscales están indexados a los aumentos nacionales y los empleados y funcionarios siguen la paritaria local. La brecha es cada vez mayor. La Suprema Corte bajó el perfil público, pero quedaron expuestas las disputas internas con la aparición ruidosa de José Valerio, exaliado del oficialismo judicial y quien cuestionó públicamente al presidente de la Corte Dalmiro Garay. En el fondo el servicio de justicia se resiente, incluso más allá del paro. En Tribunales explican que, por ejemplo, hay magistrados que superaron en creatividad a la tecnología para poder zafar de estar en las audiencias y liberarse por la tarde o en vísperas del fin de semana. “Hay una humorada que volvió: dicen que para encontrar a los jueces hay que ir a los gimnasios de Chacras”, dicen risueñamente en el Polo Judicial.

En cuanto a los recursos, la lapicera la tiene Cornejo. Difícilmente haya un diferencial, salvo que la Corte haga alguna economía interna. Explican que en los últimos años hubo un aumento en la participación presupuestaria, pero que se aplica no a salarios, sino a mejoras técnicas. Hoy la Justicia tiene cerca del 5% del Presupuesto, sumando la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal. Pero se gasta menos en sueldos que hace una década.

En agosto las cosas se van a complejizar. El Gobierno nacional, con Mariano Cúneo Lilbarona a la cabeza, decidió implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal (con sistema acusatorio) en Mendoza, lo que supone un cambio radical. Los delitos federales pasarán a ser investigados por los fiscales, quienes deberán pivotear con la policía local por falta de recursos. En ese fuero aún no terminan de acomodarse tras el sacudón por la destitución de Walter Bento (donde parece ser que la trama de corrupción era mayor) y se suma la falta de medios para implementar el cambio. En la provincia el punto de choque son las investigaciones por narcotráfico y narcomenudeo, el delito que nadie quiere abordar y crece con violencia y otros hechos asociados. Cornejo y el Ministerio Público Fiscal provincial están en contra de la provincialización. Pero la Justicia local sí se hace cargo de los delitos que lo rodean. Por eso gran parte de las investigaciones llegan con los hechos consumados.  

Mendoza será sede de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, con Patricia Bullrich como eje. En el tema hay otro protagonista que incomoda al oficialismo: Luis Petri. El ministro de Defensa se especializó en el tema con una mirada dura como la de Cornejo. Y aparece como uno de los postulantes para construir la película sin guión que es el futuro de Mendoza, junto con Ulpiano Suarez y Tadeo García Zalazar.