Mauricio Caminos

El Gobierno se acerca a un martes de derrota en la Cámara de Diputados. Con el proyecto que busca cambiar el régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y la intención de voltear el DNU de Javier Milei que habilitó el canje de deuda sin pasar por el Congreso, la oposición quiere hoy imponer su agenda en medio de una situación parlamentaria al límite por el fin de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

El espacio de Miguel Pichetto, los radicales díscolos que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau y el peronismo de Unión por la Patria convocaron a una sesión para las 15 que Martín Menem no pudo desatender. La disputa es táctica, porque mientras la oposición quiere demostrar una señal de autonomía al Gobierno, el oficialismo presiona a través de los gobernadores para que bajen a sus diputados y amenaza con que la votación puede perjudicar el Presupuesto 2025.

En el arco opositor confían tener los porotos necesarios para avanzar con los dos ítem de la orden del día. El número de apoyos que calculaban ayer, según pudo recoger elDiarioAR, es el de 134, cantidad suficiente para conseguir el quórum y luego aprobar ambas iniciativas. Pero hasta último momento habrá rosca para inclinar la balanza. “Justito, pero llegamos”, consideró uno de los diputados opositores metido de lleno en las negociaciones. Será una pelea con varios rounds.

Primer round: régimen de DNU

La modificación del régimen de los DNU (Ley 26.122) necesita una mayoría absoluta para su media sanción. Esto es un mínimo de 129 votos a favor en el recinto de Diputados. Lo que quiere la oposición es “mostrarle los dientes al Gobierno”, como expresó otro legislador consultado, a partir del apego de Milei a gestionar vía decreto, saltando casi por completo al Congreso, donde La Libertad Avanza tiene una fuerza exigua.

Actualmente los DNU firmados por el Presidente quedan en pie hasta tanto ambas cámaras parlamentarias lo rechacen. Solo pasó una vez en la historia democrática y fue justamente con el decreto sobre la expansión presupuestaria de la SIDE mileísta. El dictamen opositor establece lo contrario: que los DNU perderían vigencia a los 90 días corridos de su publicación, a menos que sean aprobados tanto por Diputados como por el Senado. Y condiciona además de que si en la ventana de tres meses una de las dos cámaras lo rechaza, automáticamente queda inválido.

El Gobierno se puso en guardia contra la medida que impulsa la oposición. Milei la calificó de “golpe de Estado” y anticipó su veto, aunque hoy el proyecto de modificación solo tendría media sanción. Con el fin de las ordinarias el próximo 30, el debate en la Cámara alta quedaría ya para el año que viene. 

Menem se despachó por Twitter durante el fin de semana, recordando que fue durante el kirchnerismo que se estableció el régimen actual de DNU: “La Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

Segundo round: DNU sobre la deuda

El segundo round de la jornada parlamentaria será el DNU 846/24 correspondiente al canje de deuda. Lo firmó Milei en septiembre para habilitar el canje de títulos de deuda en cualquier moneda saltándose los requisitos que impone la Ley de Administración Financiera y la autorización del Congreso.

Es el tema que más urticaria genera en el oficialismo porque su aprobación solo requiere una mayoría simple. Ante una derrota inminente, el Gobierno argumentó que el rechazo al decreto perjudica “la estrategia financiera”. Buscó presionar a los gobernadores para que bajen a sus diputados a partir de que la jugada opositora pondría en jaque las obras públicas que puedan llegar a financiarse el año que viene a través del presupuesto.

Pero los opositores creen que en realidad los libertarios no quieren aprobar la llamada Ley de Leyes. “A ellos les conviene el presupuesto en función de mostrar seguridad jurídica, pero por otra parte lo dan perdido por perdido, si ven que pueden tranquilamente prorrogar otro año más y seguir gobernando por decreto”, entendió una de las espadas legislativas de Encuentro Federal.

Si en la Cámara baja el rechazo al DNU avanza –se mantendría la entente del peronismo, radicales disidentes, Pichetto, más la izquierda y el espacio de Elisa Carrió–, es probable que también en el Senado exista voluntad para apurar su caída antes de fin de noviembre. Ahí ya sería un acuerdo entre Unión por la Patria y Lousteau. 

En las filas oficialistas mantienen su postura de alarma institucional y atan el destino de las provincias a lo que defina el recinto de Diputados. Pero no reniegan habilitar un siga-siga con el presupuesto 2023, como fue este año.  “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo. Pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga actual”, avisó Guillermo Francos. 

Una alternativa que baraja el oficialismo es que la discusión sobre el canje de deuda se incorpore efectivamente al texto del Presupuesto 2025. Como gesto de compromiso, podrían plantear dentro del recinto que haya un emplazamiento para que el debate se traslade a comisiones. “Estamos llevándolo a la cuerda para negociar”, consideró una voz libertaria sobre la salida intermedia que ensayan. 

En la oposición entienden que el número de 134 voluntades podría reducirse a partir de la presión del Gobierno a algunos gobernadores, sobre todo porque ya fueron efectivas en su momento acciones coercitivas sobre legisladores de UP (Raúl Jalil cambió el voto de varios de sus coterráneos) o del espacio de Pichetto (el chubutense Jorge Ávila, por caso, de relación con Nacho Torres). LLA tendría el apoyo incondicional del PRO y sus satélites de siempre, incluso los “radicales peluca”. La definición se conocerá en el recinto.