A partir de la publicación del decreto que transforma al Banco Nación en una Sociedad Anónima, la oposición comenzó a actuar y buscar frenar esta medida desde el Congreso.

“Vamos a impulsar que las acciones del Banco Nación, que ha sido transformado en sociedad anónima, queden en poder del Estado. Y vamos a impulsar la derogación de este decreto que no tiene ningún anclaje en la realidad ni en la necesidad de una Argentina productiva que hoy más que nunca necesita crecer y generar empleo”, anunció el diputado del socialismo, Esteban Paulón.

El diputado por Santa Fe es uno de los que sostiene que la decisión del gobierno de Javier Milei representa el primer paso hacia la privatización de la entidad. La misma postura es mantenida por el bloque de Unión por la Patria. De hecho, los diputados de extracción sindical de La Bancaria, Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, presentaron un proyecto de ley para su derogación.

El argumento del secretario General de La Bancaria coincide con el del diputado socialista. “Siempre han dicho que intentarán avanzar en la privatización del banco, y esto es un paso previo”, advirtió Palazzo en declaraciones radiales. Además, en el proyecto impulsado por los dirigentes gremiales de UP, se destaca que el decreto de la Casa Rosada “contraría el fin social establecido por la Carta Orgánica y debilita el rol de la entidad como orientadora del crédito y dinamizadora de la economía en defensa de las pymes y los hogares argentinos”.

A la movida también se sumarán los cinco diputados de la Izquierda, que han preparado un texto en marcha para derogar el decreto.

El antecedente de la Ley Bases

“Hay una intención concreta del Gobierno de mostrarle al Fondo Monetario Internacional que quieren ir hacia una privatización, más allá de que todavía no está el consenso para la ley”, opinó Paulón en diálogo con este medio.

Cabe recordar que en la versión original de la Ley Bases, el Banco Nación estaba incluido entre las más de 40 empresas estatales que el Gobierno buscaba declarar “sujetas a privatización”, pero la oposición lo rechazó. Finalmente, esta entidad, junto con una treintena de empresas, quedó fuera del texto sancionado. En esa ocasión, se reunieron más de un millón de firmas en contra de la privatización.

A pesar de esto, Paulón advirtió que La Libertad Avanza “podría intentar una ley de privatización nuevamente”. Y subrayó que “lo que haya pasado con la Ley Bases no anula nada”. También recordó el caso de Aerolíneas Argentinas, que aunque fue eliminada del texto inicial, el Gobierno luego intentó, con el respaldo del PRO y de un sector de la Coalición Cívica, avanzar en un proyecto para su privatización. Ese texto fue dictaminado, pero nunca llegó al recinto de Diputados.

“Mañana mismo pueden enviar una ley específica sobre esto, y algunos de los radicales que ahora están confundidos, podrían cambiar de postura”, chicaneó el diputado, quien también señaló que la discusión podría tener lugar después del 10 de diciembre, con la nueva conformación del Congreso que, todo parece indicar, será más favorable para el Gobierno que la actual.

Por otro lado, el cordobés Oscar Agost Carreño, compañero de bancada de Paulón, está trabajando en una iniciativa para garantizar una auditoría completa del Banco Nación en caso de que se convierta en S.A. El diputado de Encuentro Federal no está en contra de la medida en sí.

El resto de los bloques, al menos por ahora, no se ha pronunciado respecto al decreto del PEN.