Por: NICOLÁS LANTOS

El primer funcionario que dispuso la necesidad de despoblar las cárceles durante la pandemia de coronavirus fue el procurador general bonaerense, el macrista Julio Conte Grand, que en la resolución 158/20 del 16 de marzo instruyó “a los defensores oficiales que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia (...) del requerimiento de medidas de detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva respecto de sus defendidos privados de la libertad que de acuerdo a los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el COVID-19” y a los fiscales para que cursen como prioritarios estos pedidos de excarcelación.

Esa resolución del procurador fue anterior a las decisiones autónomas de las tres cámaras de Casación Federal, Nacional y Bonaerense que determinaron criterios para la que se descomprima la sobrepoblación de las cárceles, uno de los posibles focos de infección que podrían hacer colapsar al sistema de salud de todo el país. Pero hay una diferencia entre estas tres y la primera: Conte Grand no puso en su ordenanza ninguna cláusula que excluyese de este beneficio a los condenados por crímenes graves, como asesinatos, violaciones o delitos de lesa humanidad, precaución que sí tomaron los principales tribunales en materia penal del país. Si hubo casos así que fueron liberados, aprovechando el momento, los jueces que dispusieron esa medida deberán responder por sus decisiones.

La política de despoblar cárceles, por otra parte, responde a una recomendación en la que coinciden la OMS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Michelle Bachelet, alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, que fue tomada por prácticamente todos los países del mundo. Una excelente nota de Tuny Kollman esta semana daba cuenta de las cifras: más de  dieciseis mil presos excarcelados en los Estados Unidos a mediados de marzo, por lo menos treinta mil en Brasil, en Francia diez mil, cuatro mil en el Reino Unido, ocho mil en España, cuarenta y cinco mil en Turquía, más de ochenta mil en Irán. No se trata de una cuestión ideológica, sino de salud pública. Las personas que se enferman en las prisiones se curan en los mismos hospitales que las de afuera.

A esta altura del partido, resulta evidente que el cacerolazo del jueves pasado, el más ruidoso de los que se intentaron contra el gobierno de Alberto Fernández, se construyó desde un fake news. No debería sorprendernos: después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que los desinfectantes pueden ser la clave para un tratamiento contra el coronavirus, los medios de ese país reportaron decenas de historias protagonizadas por personas que murieron o se lastimaron gravemente después de administrarse productos de limpieza por diversas vías. La situación escaló a tal punto que la compañía que fabrica Lysol y Dettol, dos marcas líderes, tuvo que hacer una advertencia formal de que “bajo ninguna circunstancia” deben inocularse los limpiadores.

Las fronteras de lo verosímil se desdibujan en circunstancias extraordinarias. Las redes son el ecosistema natural de inexactitudes y falsedades, inocentes y de las otras, pero cuando llevan la firma de un emisor legitimado por un cargo, tienen consecuencias severas. Lo mismo corre para los medios de comunicación tradicionales. Por el encierro, el efecto se multiplica: las pantallas se vuelven, muchas veces, la única ventana hacia el exterior. La ansiedad, después de semanas de hastío, privaciones y stress, es territorio fértil para la malicia. Si el Presidente contó alguna vez con la esperanza de sostener una tregua, esta semana tuvo que haberse hecho añicos. El periodismo de guerra que bautizó Julio Blanck luego de la 125 volvió para quedarse en plena pandemia.

La primera bala fue contra los salarios de políticos y no entró. Tampoco entró la de los médicos cubanos y menos la travesía por la democracia de algunos diputados opositores que denunciaban el cierre del Congreso. El Congreso estaba abierto. Esta vez, en cambio, el tiro dio en el blanco. La maniobra que había nacido por una resolución del macrista Conte Grand fue relatada por los medios como un “plan kircherista” para liberar presos peligrosos por motivos ideológicos. Los dirigentes de la oposición se hicieron eco de la denuncia, la replicaron en sus redes sociales, donde se reciclaron como nuevas noticias que estiraban la cobertura del hecho. Como en un juego de teléfono descompuesto, cada eslabón de la cadena agregaba detalles a la mentira, alejándola un poco más de la realidad.

En un audio que se hizo viral esta semana, la senadora bonaerense de Juntos por el Cambio Felicitas Beccar Varela aseguró que “los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que los largan de las cárceles y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando”. En el mismo mensaje, advierte que “el coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todas las industrias y los comercios fundan y una vez que funden ellos empiezan a estatizar”. No se tratan, al parecer, de opiniones silvestres de la legisladora. Según ella misma explica en el mismo mensaje, ese escenario es “lo que planteaban varios diputados” durante “un zoom con el excanciller Jorge Faurie”. Sería bueno que el excanciller aclarase este punto.

Ese es el contexto en el que debe analizarse el primer recambio del gabinete nacional, que tuvo lugar esta semana. La salida de Vanoli era esperable. Nunca le encontró la manija al Anses y en el marco de la crisis no había tiempo para darle más intentos. La designación, en su lugar, de Fernanda Raverta, significa mucho más que un simple nombramiento. Cuando las especulaciones apuntaban a figuras del círculo más cercano al Presidente, la elección fue un mensaje inequívoco. Sin margen de error, Fernández decide revalidar el pacto originario del Frente de Todos, desoír los consejos que lo invitan a jugar la carta del albertismo y atar su futuro al de Cristina Fernández de Kirchner, sin boleto de retorno. Nadie puede hacerse el sorprendido: Alberto lo avisó, cada vez que le preguntaron.

Raverta es una de las personas de mayor confianza de Máximo Kirchner. Dicen, en los pasillos del Instituto Patria, que la jefatura de la Anses no es la más alta de las responsabilidades que le esperan. Su historia, como la de otros compañeros suyos de La Cámpora, cuenta la historia de una época. Su madre, de la que tomó el apellido, está desaparecida. Su padre, Mario Montoto, pasó de líder montonero a empresario vinculado a la industria armamentista y los servicios de inteligencia. Creció en el exilio, en la famosa guardería de La Habana. Llegó a la militancia en los 90s, cuando fundó la filial marplatense de HIJOS y a la función pública una década más tarde, de la mano del kirchnerismo. Estará al frente de la principal herramienta del Estado argentino para surfear la crisis. 

Es tan cierto que la Anses tiene el presupuesto más abultado del Estado como que ya se encuentra, casi en su totalidad, asignado. De allí salen las jubilaciones, pensiones, asignaciones y ahora también los ingresos de emergencia y los fondos para pagar salarios de empresas subsidiadas. El verdadero valor político de ese organismo está en su organización a lo largo y ancho del país, a través de las más de 350 Unidades de Atención Inmediata instaladas en todas las provincias. La importancia de manejar ese organismo no residen tanto la caja sino esa estructura, que en los planes del Presidente debe ser el instrumento para que la ayuda del Estado llegue a todos los argentinos sin depender de intermediarios. Esa fue la red que nunca pudo tejer Vanoli y que le costó el puesto.

Sin tiempo para más experimentos, Fernández decidió recostarse en una organización que le ofrece savoir faire, porque muchos dirigentes, como la propia Raverta, ya conocen la Anses por dentro; la presencia territorial en todo el país, en un momento en el que los traslados deben restringirse el máximo posible y la verticalidad, que garantiza la ejecución de un plan a través de canales aceitados. A una década de haber tomado protagonismo tras la muerte de Néstor Kirchner, La Cámpora desafió los augures que pronosticaron su rápida disolución o el declive hacia un rincón minoritario de la democracia, y vuelve a ocupar lugares centrales de la estructura de poder. Para bien o para mal, es el lugar que ganaron haciendo política mientras otros esperaban verlos caer por su propio peso para pegarles en el suelo.

A la luz de las novedades, parece evidenciarse una suerte de división de tareas entre Fernández y Fernández. Esa doble función hace que la naturaleza política de este gobierno sea dual. El Presidente lleva adelante la gestión sin demasiada injerencia de la vicepresidenta. A ese ámbito pertenecen Santiago Cafiero, Julio Vitobello, Vilma Ibarra, Marcela Losardo, Gustavo Béliz, Martín Guzmán, Cecilia Todesca, Matías Kulfas. Sin sospechas de continuidad. Ella se dedica al diseño de la estrategia. CFK acomoda sus piezas pensando en el largo plazo. En términos de desarrollo de un proyecto político, esta semana quedó demostrado que el de Alberto Fernández es un nuevo eslabón de la cadena que comenzó Néstor Kirchner. Eso explica, también, los cacerolazos.