“Vamos a terminar con los sótanos de la democracia¨, fue una de las recordadas frases de Alberto Fernández en los albores de su presidencia. Como tantas otras frases dichas por un hombre que, como pocos, desnudó su pusilanimidad no bien llegó al poder, todo quedó en vanas promesas que la realidad ha desmentido de manera brutal en estas horas con el resonante caso del espionaje organizado por personeros del poder y con utilización de fondos públicos.

Este hecho, un verdadero Watergate que descubierto por una investigación judicial abundante en detalles que dejó expuesta una operatoria corrupta y berreta. Todo dentro del kirchnerismo es así y, si algo le faltaba al kirchnerismo para quedar expuesto en todo su fracaso y en toda su mentira, es esto. No es que sorprenda. Es la esencia de la concepción antirrepublicana que movió siempre a Néstor Kirchner y que compartió su esposa y heredó su hijo. Son abundantes los testimonios que narran la compulsión que tenía el ex-presidente para sentarse en el final del día a escuchar las grabaciones ilegales de las conversaciones privadas tanto de sus acólitos y de sus adversarios que le proveían “los servicios”. A los unos para conocer sus traiciones, y a los otros, sus debilidades.

En ambos casos, la finalidad era la misma: someterlos a la extorsión. Es allí donde tiene su génesis el escándalo político de baja estofa al que estamos asistiendo en estos días. Claro que no son prácticas exclusivas del kirchnerismo: también las hubo en el macrismo.

La gran diferencia de este caso es que el objetivo principal fue la Corte Suprema de Justicia. Esto responde a la necesidad de una sola persona: Cristina Fernández de Kirchner.

Debe siempre recordarse que, el motivo principalísimo por el cual batalló la expresidenta en funciones durante los cuatro años de este catastrófico gobierno, fue lograr la impunidad en las diversas causas que enfrenta por el delito de corrupción en sus diversas formas. ¨El principal problema que tiene Cristina en su contra en todos estos casos es el peso abrumador de las evidencias¨, suele señalar una voz que conoce al dedillo todo lo que sucede en el ámbito de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py al 2000. Frente a esa realidad, la única alternativa que le quedó a CFK fue la de perseguir a los jueces a fin de presionarlos, amedrentarlos y vilipendiarlos. En ese afán investido de un creciente desasosiego motivado por el paso del tiempo y el temor a la pérdida de poder, el último y desesperado recurso fue el proyecto de juicio político a la Corte. Fruto de ese desasosiego, los operadores de la vicepresidenta y de su hijo Máximo cometieron dos errores garrafales: se metieron nada menos que con la Corte y lo hicieron con operadores de cuarta categoría. Hay un dicho que circula en los ámbitos de los servicios de inteligencia que dice así: “Para hacer lo peor, hay que hacerlo con los mejores”. Ni el expolicía retirado Ariel Zanchetta, ni Fabián “Conu” Rodríguez, número dos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), exdirector de la agencia oficial de noticias –y operaciones de prensa Télam y exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof–, ni Rodolfo Tahilade, diputado nacional, integrante de la Comisión de Juicio

Político, exdirector de Contrainteligencia de la AFI durante la mala gestión de Oscar Parrili, pueden ser considerados como “mejores” en nada. Muy por el contrario, todo lo que emana de sus afiebradas mentes tiene el sello de lo definitivamente berreta.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es un hombre del peronismo que conoce muy bien a la familia Kirchner. Los conoce desde los tiempos de las sesiones de la Comisión Constituyente que sesionó durante tres meses a partir del 25 de mayo de 1994 en la ciudad de Santa Fe y que estuvo a cargo de la redacción de la Constitución de 1994.

La vicepresidenta, su esposo y el ministro de la Corte fueron miembros de la Comisión, y todos los que fueron protagonistas y testigos de esas sesiones recuerdan la intrascendencia de Néstor Kirchner y la verborragia muchas veces vacua de su esposa, algo propio de abogados mediocres. Por si esto fuese poco, Rosatti fue ministro de Justicia del gobierno del Dr. Kirchner. Fue nombrado en julio de 2004, reemplazando a Gustavo Béliz. Duró en el cargo un año, al cabo del cual presentó su dimisión argumentando “razones personales”. Todos los que sabían lo que en verdad había sucedido tenían un cabal conocimiento de que la razón de esa renuncia tuvo que ver con un desacuerdo con el modo de manejo del dinero de la obra pública que hacía el secretario de Obra Pública, José López. El caso concreto que motivó ese desacuerdo fue una licitación para la construcción de cárceles que Rosatti se negó a convalidar al advertir los sobreprecios que se habían presupuestado.

Es decir: el presidente de la Corte conoce las mañas, las trampas, las mentiras y la corrupción del kirchnerismo. Lo constató una vez más cuando, ante el comienzo del juicio político a él y los otros miembros del cuerpo, advirtió, a partir del descubrimiento de cuentas de celulares falsas que figuraban a su nombre y de otros de sus colegas, que toda la acusación estaba montada sobre pruebas ilegalmente obtenidas. Fue entonces cuando actuó. Hubo un fiscal de indiscutible probidad y decisión, Gerardo Pollicita, que con rapidez y sagacidad pudo llegar a investigar esta red de espionaje que conducen CFK y su hijo Máximo.

El revuelo que esto está produciendo dentro del peronismo a una semana de la elección es fenomenal.

Las broncas contra Máximo Kirchner se multiplican. El panorama electoral de repente se ha complicado.

Al núcleo duro del kirchnerismo y a una parte importante de la sociedad estos temas no les mueven la aguja. Pero a un porcentaje alto de los ciudadanos que votaron por Patricia Bullrich, sí. Para el votante de No Tan Juntos por el Cambio, la corrupción y el espionaje son temas sensibles que están en su radar político.

Sergio Massa, que no bien conocido el caso de Julio “Chocolate” Rigau y el yategate que comprometen seriamente a Martín Insaurralde, salió a pedir que lo echen, no ha tenido la misma premura para exigir y/o decretar la renuncia de Fabián “Conu” Rodríguez, que con fondos públicos pagó varias de las operaciones berretas de Zanchetta. Para quienes no lo sepan, Rodríguez responde directamente a Máximo Kirchner.

Y Rodolfo Tahilade, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿hace falta agregar algo más?