El Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) realizó la inspección al basural clandestino que funcionaba en un predio de la Ruta 30 y Labardén, a pedido del Juzgado de Garantías en lo Contencioso Administrativo de Azul y en el marco de la causa por la denuncia que había realizado el concejal de Unidad Ciudadana Rogelio Iparraguirre, en septiembre de 2017. En la visita, personal del área corroboró que no hay desechos a la vista. Sin embargo, la directora de Residuos Sólidos Urbanos, Sol Pérez Harguindeguy, ordenó al Municipio realizar los estudios de suelo y agua para determinar si existe contaminación.

Luego de la inspección ocular y tras analizar el expediente administrativo del Municipio, el OPDS le ordenó al Ejecutivo presentar un plan que incluya una propuesta de ubicación de pozos de cateo de suelo y de monitoreo de agua que será evaluado por el organismo. La propuesta deberá realizarla en un plazo de 30 días a partir de la notificación. Una vez aprobada, la comuna tendrá que llevar adelante los estudios de suelo y agua, según pautas descriptas en el escrito judicial.

“Con el objetivo de verificar la existencia de residuos en el predio y el posible impacto sobre los recursos suelo y agua, se deberá realizar, a través de una institución o profesional inscripto en el Registro de Profesionales de este OPDS, una serie de estudios que permitan determinar la situación ambiental del predio”, argumentó la autoridad provincial.

Los estudios

Además, sostuvo que el Municipio tendrá a cargo la realización de los estudios de suelo y agua, de acuerdo a las responsabilidades que establece la Ley 13592 y el Decreto 1215/10 sobre los residuos generados en el distrito y a los compromisos que había suscripto el Intendente con el propietario del terreno, que obran en el expediente administrativo que habían iniciado funcionarios comunales en septiembre de 2014 al detectar el basural a cielo abierto.

“Los estudios deberán contener un mínimo de cuatro cateos de suelo dentro del sector impactado hasta una profundidad de 11 metros, identificando el suelo/residuo existente a cada profundidad en intervalo de 30 centímetros”, señaló el documento que lleva la firma de la directora de Residuos Sólidos Urbanos.

Sumado a lo anterior, tendrá que ejecutar “al menos tres pozos de monitoreo de agua, con el objeto de extraer muestras de la napa subterránea, distribuidos de manera tal que permitan establecer la dirección del flujo”. Asimismo, remarcó que se deberán hacer análisis sobre el agua extraída, de acuerdo al protocolo establecido a través de una resolución del organismo.

La inspección

El 1 de agosto pasado, los inspectores Leandro Tactagi y Lucía Franzini visitaron el predio ubicado en la Ruta 30 y Labardén. “Previo a la realización de la misma nos comunicamos con la Dirección de Medioambiente de Tandil para realizar la inspección de manera conjunta”, reseñaron en el acta y agregaron que una funcionaria, tras la consulta al director del área Héctor Creparula, “nos informa que se harán presentes en el sitio denunciado. Luego de una hora de espera sin recibir la presencia de personal municipal, se da inicio a la recorrida por el predio”.

En cuanto a los resultados, los profesionales del OPDS señalaron que la manzana está rodeada por un cerco perimetral y posee una tranquera de acceso, que se encontraba abierta al momento de la visita.

También asentaron que al ingresar, observaron a personas que trabajaban en la construcción de una nave industrial, con un “elevado grado de avance”. Los recibió el encargado de la obra, quien “según refiere el propietario del terreno y de la obra es el señor Daniel Barrera. La nave se encuentra en un sector del predio próximo a la Ruta 30 y “no posee cartel de obra”.

Dentro de la manzana, los inspectores señalaron que el galpón está emplazado sobre la parcela 1 y la 2 y 3, que pertenecen al Municipio, “se encuentran desocupadas y libres de construcciones. Poseen residuos áridos de demolición dispuestos en pilas”.

En tanto, los profesionales afirmaron que “no se puede determinar a simple vista si el terreno ha sido rellenado con residuos” y señalaron que tomaron fotos durante la inspección.

Una contradicción en el expediente municipal

Desde el OPDS analizaron el expediente administrativo que se inició en el Municipio en septiembre de 2014, cuando se detectó una cava que se rellenaba con desechos de distintos tipos en una parcela ubicada a la vera de la ruta provincial. En las actuaciones comunales, la directora de Residuos Sólidos Urbanos, Sol Pérez Harguindeguy, marcó una contradicción en las actas de dos inspecciones consecutivas que realizaron los responsables de Medioambiente e Inspección General sobre la remediación de los posibles daños ambientales sobre el terreno.

Además, según consta en la documentación, una porción de tierra es propiedad de la comuna y según se desprende de la documentación, el denunciado Ramiro Sebastián Rivero ofreció un cuarto de manzana para subsanar la ocupación ilegal que había ejercido sobre ese espacio.

Ante esa situación, se formalizaron dos convenios firmados entre el por entonces propietario del terreno y el intendente Miguel Lunghi, que fueron convalidados por el Concejo Deliberante, donde se acordó un plan de remediación para mitigar el impacto del basural clandestino.

Tras la lectura de las actuaciones municipales, el OPDS concluyó que “en el sitio se han realizado excavaciones para la extracción de suelo que, de acuerdo a lo relevado en inspecciones realizadas por personal municipal, habrían sido rellenadas con residuos” y agregó que según la denuncia de Rogelio Iparraguirre “parte de los mismos serían especiales”, en referencia a las arenas de fundición que habrían salido del Parque Industrial para ese basural clandestino.

Por otra parte, mencionó que “en el expediente obra un convenio de reparación de daños”, firmado en noviembre de 2015, donde el denunciado se compromete “en un plazo no superior a cinco años” a realizar “tareas, trabajos y/o movimientos que resulten necesarios a los fines de rellenar, alisar y parquizar el inmueble dañado” y que “tales tareas y trabajos quedan sujetos a la aprobación, autorización y posterior supervisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas”.

Dos visiones con días de diferencia

También mencionó el acta de una inspección municipal, donde describe que “se encuentra un predio donde se ha tirado tierra, formando una cava, la misma es utilizada como basural, se ve gente juntando chatarra”. En tanto, citó que otro documento describió que “puede apreciarse gran cantidad de orgánicos, plásticos, metales, etc.” y que el director de Medioambiente consideró que “deberá reverse el convenio ya que el titular no cumple con lo estipulado en el mismo”.

La funcionaria provincial observó que “un informe con fecha 5 de septiembre de 2019, veinte días después del informe anterior, el director General de Inspección y Habilitaciones en el que refiere que se observan ‘avances en la recuperación ambiental del predio en cuestión’”.

En tanto, advirtió que “en febrero de 2018, ya con el predio rellenado, se dio intervención a este OPDS. En ese momento se dispuso la realización de una inspección al sitio denunciado (realizada el 16 de abril de 2018) con el objeto de revelar la situación ambiental del mismo. Durante la inspección se observó que el predio se encontraba rellenado, sin poder determinar si parte del mismo se rellenó con residuos”.