El organismo que tiene la facultad de autorizar y regular el uso de las frecuencias de espectro radioeléctricas en el país es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). No obstante ello, la ley indica que corresponde a cada provincia el control ambiental que dichas emisiones produzcan. Este rol de control es absolutamente esencial para la salud de los ciudadanos. En Holanda, sin ir más lejos, la instalación de una antena con tecnología 5G provocó la muerte instantánea de cientos de aves, dado que la radiofrecuencia emitida les provocó un daño irreparable en el corazón y las mató en el acto. En la provincia de Buenos Aires, el organismo encargado de verificar que esto no suceda es el OPDS, a cargo de Rodrigo Aybar.

A pesar de tener la obligación de cumplir con tan importante rol, el 22 de agosto de 2019 Aybar decidió eliminar el área de Antenas, que contaba con siete empleados que fueron reasignados, renunciando así a la facultad de controlar la contaminación ambiental que éstas produzcan. Esto Se llevó adelante a través de la resolución 2019-512-GDEBA-OPDS, por la cual Aybar derogó una resolución anterior y remitió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los permisos otorgados, vigentes, vencidos o en curso de renovación en materia de radiaciones no ionizantes y el control y autorización de sus fuentes generadoras. Además, en el mismo acto les pasó el derecho a cobrar los aranceles.

La maniobra, además de ser ilegal dado que no existe ley que ampare un acto de “autoeliminación” de una facultad propia de la provincia de Buenos Aires, provocó dos sospechosas consecuencias.

En primer lugar, creó un vacío legal que fue aprovechado inmediatamente por empresas de telefonía de todo el territorio bonaerense, que inmediatamente se apuraron a instalar antenas en todo el territorio sin que exista prácticamente control alguno por parte de las autoridades provinciales. En segundo lugar, le pasó un jugoso negocio al ENACOM, quien quedó a cargo no sólo de la regulación de la actividad sino también del cobro de los permisos, valuados en poco más de 50 mil pesos cada uno.

La decisión llegó pocos días después de la apabullante derrota del gobierno de María Eugenia Vidal en las PASO, cuando se cayó en cuenta de las nulas posibilidades de reelección del gobierno bonaerense. Ante la sorpresa de encontrar el área de Antenas completamente desarmado y con los muebles embalados, funcionarios del OPDS decidieron llamar al ENACOM para chequear la insólita información y el responsable del área Mariano Suriani se mostró de acuerdo con la maniobra.

El apellido Suriani trae aparejado más de un dolor de cabeza en el norte del país, donde fue acusado de montar el llamado “negociado de las antenas” junto al concejal Alberto Castillo, en la provincia de Salta, en la que su hermano Andrés es diputado provincial.

Entre los máximos responsables señalados en el negociado se encuentran, además de Suriani, el propio director General del OPDS Rodrigo Aybar, el subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Manuel Fravega, el director provincial de Evaluación Ambiental, Marcelo Bolaños, y el único profesional de carrera que no se opuso a esta aberración y director de Evaluación Ambiental, Juan Ángel Garcia, quienes hasta el momento no brindaron declaración alguna al respecto.