Martín Lousteau puso en aprietos a sus compañeros de bancada con la presentación de un dictamen que contempla el financiamiento para universidades y una reforma previsional.
Por Gabriela Vulcano
Los senadores opositores que a último momento pusieron la firma en el despacho de mayoría del proyecto de la Ley Ómnibus y del paquete fiscal empiezan a dudar si hicieron lo correcto. No tanto por la letra de los textos, que todavía pueden sufrir más cambios en la sesión de este miércoles, como por la debilidad en la que se encuentra el gobierno de Javier Milei, tras la fuga de funcionarios y las denuncias por la retención de alimentos y las sospechas de sobresueldos en el ministerio de Capital Humano. Varios de los firmantes se preguntan si en el actual escenario hay que otorgarle un triunfo legislativo al oficialismo o, en realidad, es un buen momento para hacer valer el peso de la oposición —incluidos los gobernadores— desde el Congreso. Uno de los pocos que se adelantó a esa jugada fue el radical Martín Lousteau, que presentó un dictamen propio, con el fin de meter presión a propios y ajenos.
Los diputados fueron los primeros en advertir el desmoronamiento que hay dentro del Ejecutivo nacional y actuaron en consecuencia con la aprobación de la recomposición de los haberes previsionales. Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal se unieron por primera vez para hacer una demostración de fuerza, que empujó al mandatario a vociferar que vetará cualquier iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. La declaración (de guerra) la hizo justo cuando su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, estaban abocados a afianzar los acuerdos con la oposición en el Senado. Ambos, tuvieron que redoblar los esfuerzos para contener el enojo de los legisladores, que les hicieron saber que si Milei insiste con desoír al Parlamento, no hay chances de aprobar la Ley Ómnibus.
Francos se reunió de urgencia con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alfredo Cornejo (Mendoza). La principal promesa que se llevaron los mandatarios opositores es el traspaso de las obras públicas de la Nación a las provincias, pero no la única. Todos tienen expectativas de conseguir más fondos de transferencias no automáticas. A cambio, el funcionario nacional pide apoyo en la sesión convocada para este miércoles a las 10 en la Cámara alta. "Necesitamos que la ley salga, no podemos permitirnos una derrota en este momento", dijeron desde el bloque de senadores oficialista.
El temor de la Casa Rosada es que algún que otro senador que firmó el dictamen de mayoría y se comprometió a acompañar en la votación, se ausente o cambie de opinión a último momento. No terminan de confiar en que el santacruceño José María Carambia —que responde al mandatario Claudio Vidal— cumpla su palabra. También desconfían del entrerriano Edgardo Kuieder, al que sumaron con fórceps, luego de que consiguieron que baje el nivel de pretensiones que exhibió en el plenario de comisiones. Los radicales, que en su mayoría apoyaron con menos resquemores, insisten en que no están de acuerdo con las privatizaciones de empresas públicas, en especial la de Aerolíneas Argentinas, algo que el Gobierno está revisando. Otros, afirman que no votarán a favor de la delegación de facultades así como está redactado el proyecto.
"¿Vamos a darle la ley cuando ellos se están acusando entre sí de corrupción y de espiarse? Encima, Milei nos sigue denigrando y acorrala a las provincias", apunta un legislador opositor.
Una semana antes de que se firmara el despacho del oficialismo, los senadores de la oposición se inquietaron con la salida de Nicolás Posse del Gobierno. La eyección de un hombre de la mesa chica y amigo personal del presidente llamó la atención. En simultáneo, renunció Silvestre Sívori, que se desempeñaba como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Las versiones de que ambos estaban bajo sospecha por espiar a miembros del Gabinete —incluso a Karina Milei— no pasó inadvertida en el Senado, sobre todo en la presidencia.
Villarruel hace tiempo que se disputaba con el ex empleado de la Corporación América el control de la bicameral de inteligencia, que sigue sin conformarse ante la resistencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien responde directamente a la hermana del mandatario. "Siempre es una tentación espiar a otros cuando estás en un lugar de tanto poder y tenés todos los fierros", señaló a BAE Negocios un ex funcionario del Ejecutivo nacional.
Los opositores ya habían rubricado el dictamen cuando empezaron a surgir las primeras denuncias fuertes contra el ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, por la retención de alimentos en los galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y de Tafí Viejo (Tucumán). Luego, vino la renuncia del secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo De la Torre, y las acusaciones por contrataciones irregulares por parte de la Organización de Estados Interamericanos (OEI). Y siguió la fuga de funcionarios, entre ellos la de Fernando Szereszevsky, mano derecha de la ministra. Ante este sombrío panorama, que todo indica que se complejizará aún más en los próximos días, algunos senadores empezaron a evaluar la posibilidad de despegarse del oficialismo. Sólo necesitan una excusa. Lousteau le acercó la suya a los radicales.
El presidente de la UCR había adelantado que iría con un dictamen aparte, al considerar que el oficialismo sólo hizo "cambios cosméticos" a los proyectos. El viernes pasado lo presentó y abrió la puerta para que los senadores de su partido, pero también los opositores que se autodenominan "dialoguistas", lo acompañen.
Lousteau tienta al resto con algunos puntos que comparten casi todos los opositores: actualizar bimestralmente el presupuesto para las universidades, según inflación; el Gobierno no podrá dificultar el funcionamiento de los organismos de Ciencia y Tecnología; no se delegarán facultades al Poder Ejecutivo; aumentar las jubilaciones por IPC; proteger y promover a las Pymes en el capítulo referido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y excluir de las privatizaciones a empresas estatales como Radio y TV Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas,
Los senadores más dubitativos todavía tienen tres días para definir cómo y en función de quién votarán.
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