Mauricio Caminos

El dictamen de la ley ómnibus que el oficialismo en Diputados logró entre gallos y medianoche el miércoles a la madrugada reafirma la avanzada de Javier Milei sobre un amplio abanico de políticas públicas que tejen e incentivan proyectos comunitarios –tanto a nivel social como cultural– o que buscan proteger el ambiente de la actividad desenfrenada del ser humano. Pese a las críticas que llovieron de todos los sectores en las audiencias públicas de las comisiones, el texto refrendado por los legisladores libertarios y sus aliados apenas sufrió cambios en esas materias con respecto al original. 

Ante la inminente votación en el recinto –prevista para el martes próximo, pero sin confirmación oficial–, sigue en peligro el Fondo de Integración Socio Urbana y se ataca a los medios de comunicación comunitarios, iniciativa que no estaba en el proyecto original. Continúa en riesgo el abanico de instituciones culturales como el INCAA, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y hasta la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Y en términos ambientales se mantiene la presión mercantilista sobre la ley de Glaciares y la ley de Bosques.

Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la marcha atrás del Gobierno con el capítulo fiscal del proyecto, el que más resistencias generó entre legisladores y gobernadores. Éstas no son medidas que traten de lograr el “ancla fiscal” sino acelerar “la ley del más fuerte” que pregona el proyecto mileísta de mercantilización y desregulación total de la vida cotidiana. Es parte de su batalla cultural al mando de “las fuerzas del cielo”. Los detalles sobre esas iniciativas en la nueva versión de la afamada “Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”:

Contra los barrios populares

La ley de Milei barre con la estructura del Fondo de Integración Socio Urbana, que manejaba la Secretaría de Integración Socio Urbana para financiar obras de infraestructuras en los casi 6.500 barrios populares que existen en el país. Hasta ahora el Fondo recibe partidas de un porcentaje del impuesto PAIS, pero la ley ómnibus establece en su artículo 179 que la totalidad de lo que recaude la AFIP por la compra de divisas extranjeras se destine a la Anses y PAMI. A noviembre de 2023 el FISU significó unos 264 mil millones de pesos.

La avanzada oficialista busca dar un mensaje político contra las organizaciones sociales, que en muchos casos son las que terminan impulsando y llevando adelante las obras en los barrios. Hay que tener en cuenta que la SISU era conducida en la gestión anterior por Fernanda Miño, dirigente cercana a Juan Grabois. A cambio de quitarle los fondos del impuesto PAIS, la nueva ley establece que el Fondo se financie a partir de las multas que el Estado le cobraría a las agrupaciones que realicen movilizaciones y cortes de calles, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

Esa imposición del Gobierno tiene una ubicación por demás sugestiva en el articulado. El 312, denominado “Fortalecimiento del fondo de integración socio urbana”, está dentro del capítulo de Seguridad, el mismo donde Bullrich se arroja la potestad de encarcelar hasta a los “organizadores” de las manifestaciones. “Este artículo es una chicana, pero es gravísimo que toda la política de urbanización se haga solo a partir de un fondo que no se sabe cuánta plata va a ser”, apuntaron a elDiarioAR cerca de la diputada Natalia Zaracho. La legisladora, también referenciada en Grabois, se cruzó con la ministra cuando expuso en el plenario de comisiones. Bullrich, desafiante, dijo que “ojalá no sea mucho” lo que se recaude por las multas.

El artículo que establece que las obras en barrios populares se financien con las multas que Seguridad le cobraría a las organizaciones que hacen piquetes.Contra la comunicación comunitaria

El dictamen de comisión incorporó sorpresivamente en el capítulo de la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares (CONABIP) un recorte presupuestario a los medios de comunicación comunitarios. Se trata del artículo 416, que deroga el inciso f) del artículo 97 de la Ley 26.522, más conocida como ley de Medios, como destaca en un comparativo que realizó sobre las dos versiones de la ley Bases la consultora BLapp, especializada en asuntos públicos y parlamentarios. 

Esa derogación elimina partidas para el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual), que impulsa proyectos audiovisuales de medios comunitarios, de frontera y de pueblos aborígenes, a partir del 10% que los medios de comunicación pagan en términos de gravámenes y multas. También desfinancia la Defensoría del Público, un organismo que no depende del Ejecutivo, sino del Congreso. Todo ese fomento se destinaría, con la ley ómnibus, a “rentas generales”.

Fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR aseguraron que hay otro sinfín de fideicomisos públicos que atraviesan políticas comunitarias o educativas que estarían en riesgo por la ley Bases, que apenas en sus primeros artículos le otorga al Presidente superpoderes –sobre todo los artículos 4 y 5– para hacer y deshacer los fondos fiduciarios. También deja a su discreción todas las asignaciones específicas. Con respecto a la comunicación, la ley ómnibus deja sujeto a privatización al abanico de medios públicos, con la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam, que tienen un amplio despliegue federal. 

La motosierra de Milei al sector cultural tiene más que ver con su batalla narrativa que fiscal, porque no generarían ningún ahorro al Estado, tal como lo advirtió la Oficina de Presupuesto del Congreso en distintos informes que publicó la semana pasada. Un informe realizado por el diputado Pablo Carro, de Unión por la Patria, destaca en qué cambió el texto original del proyecto libertario sobre las políticas culturales con respecto al dictamen del miércoles pasado. El saldo sigue siendo preocupante, porque si bien el Gobierno cedió cierta presión hacia algunos sectores, la mantuvo en otros e incorporó nuevos.

Un criterio que cambió en la ley es que antes de borrar de un plumazo entes como la CONABIP –que resguarda a más de 1.500 bibliotecas populares en todo el país–, el Fondo de las Artes y el Instituto Nacional de la Música, ahora se les puso un límite a sus gastos administrativos del 20%. “Topean gastos administrativos para forzarlos a ajustar en gastos de personal”, cuestionaron en la bancada de Unión por la Patria. 

Más allá del ajuste presupuestario, es llamativa la avanzada libertaria sobre todo en el INaMu, ya que es un “ente público no estatal” con un estatuto propio. Con la ley nueva, debe destinar el 70% de su presupuesto a subsidios nacionales, estatizándolo de hecho. “Se propone una estatización del Instituto y convertirlo en un programa de gobierno para el fomento a la demanda en la audiencia, dotando de mucha discrecionalidad en las propuestas de fomento y promociones”, denunció el legislador Carro en su informe.

El Gobierno mantuvo modificaciones importantes sobre el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), pero ya no se tocaría al Fondo de Fomento Cinematográfico, aunque la amenaza sigue latente por las delegación de facultades extraordinarias que toda la ley le otorga a Milei. Continúa la intención de eliminar el Instituto Nacional del Teatro, con la perlita de que la Ley de Teatro (la 24.800, que se busca derogar) fue sancionada en 1997, durante el gobierno de Carlos Menem. “Tuvo el consenso de todos los espacios políticos con representación parlamentaria”, apuntó Carro.

También desregula la actividad editorial, al derogar la Ley N° 25.542 que impone un precio uniforme de venta al público de libros. Esa medida afectaría a las editoriales y librerías independientes. En la nueva ley ómnibus tampoco se retrocedió en los cambios que se quieren incorporar a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos autorales (los artículos 322 a 324) que habilitan la atomización de las organizaciones que recaudan y registran los derechos de autor.

Contra el ambiente

Una serie de leyes ambientales continúan en peligro con el nuevo texto normativo, donde apenas hubo un maquillaje. Sobre la ley de Glaciares, la iniciativa libertaria reduce la protección del ambiente periglacial, que quedaría a merced de la explotación minera e hidrocarburífera.

Sobre la ley de Bosques, el Gobierno retrocedió en la autorización de desmontes en bosques protegidos, se mantiene la intención de desfinanciar la política estatal. Además, en la ley de Quemas apenas se modificó el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, que pasa de 30 a 90 días. Y a su vez se deroga el impedimento que establecía la Ley de Manejo de Fuego para que una zona incendiada no se pueda comercializar por 60 años. 

En ese marco, un centenar de organizaciones ambientales lanzaron la propuesta Salvá Las Leyes Ambientales para que la ciudadanía le exija al Gobierno retirar de la ley ómnibus el capítulo ambiental, que incluso despertó críticas en bancadas aliadas a La Libertad Avanza. Al cierre de esta nota, ya habían firmado la petición digital más de 105 mil personas.