Los concejales aseguran que nunca había pasado. Que a lo sumo no llegaron al recinto, pero que al menos habían sido discutidas en comisión. Lo cierto es que este año, por un “olvido”, los concejales no trataron las rendiciones de cuenta del gobierno de Carlos Arroyo. Paradójico para un intendente que llegó a su cargo con fuertes críticas a la gestión financiera de su antecesor.

Según la ley 10869 de la provincia y sus modificatorias, cada jefe comunal debe presentar al Concejo Deliberante antes del 31 de marzo la rendición de cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales del año anterior.

El intendente y su secretario de Economía, Gustavo Schroeder, cumplieron su parte. De acuerdo con el registro de ingreso de expedientes, presentaron todas las rendiciones (de la administración central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias) sobre el filo del vencimiento del plazo: el mismo 31 de marzo.

Según la ley, a partir de entonces el Concejo tiene 60 días corridos para pronunciarse al respecto. Las puede aprobar o rechazar. Su pronunciamiento es meramente político. Luego, el municipio envía los expedientes al Tribunal de Cuentas de la provincia, que las evalúa y actúa en consecuencia (puede, por ejemplo, disponer sanciones).

La norma también puntualiza que, si vencido el plazo el Concejo no se expide, las rendiciones quedarán aprobadas. Es lo que sucedió este año y había sucedido antes. Lo que los concejales opositores consideran inédito es que ni siquiera se hayan puesto en debate.

“No hubo tratamiento en las sucesivas reuniones de la Comisión de Hacienda”, clamó la concejal Marina Santoro (Frente para la Victoria) cuando en junio pidió realizar una cuestión previa sobre el tema. “La rendición de cuentas, por alguna decisión política, no fue puesta en consideración” del cuerpo”, azuzó Cristian Azcona (Frente Renovador). Y Daniel Rodríguez (FpV) directamente acusó a Guillermo Arroyo, presidente de la Comisión de Hacienda e hijo del intendente, de haber “cajoneado el expediente”.

“La verdad que esto es inaudito, esto no pasó nunca”, se quejó Alejandro Ferro, de Acción Marplatense. “Queremos manifestar nuestro repudio: aquellos que dicen ser los más republicanos, los más democráticos, no dieron la posibilidad de discutir una rendición de cuentas”, sumó su malestar el kirchnerista Marcos Gutiérrez.

En el torbellino de las críticas, Guillermo Arroyo pidió la palabra. “En primer lugar, quiero desmentir que fue una decisión política o alguna maniobra para evitar el tratamiento de las rendiciones de cuentas. Realmente se me pasó el plazo, se me pasó en serio”, admitió.

El presidente de la Comisión de Hacienda rechazó que haya “tratado de ocultar” las cuentas del gobierno de su padre. “Esta gestión, ni bien asumió, lo que hizo fue poner una computadora para que tuvieran acceso al Rafam (la administración financiera), o sea que las cuentas municipales las podemos ver los concejales todos los días. Además, para la población, en internet consta un informe trimestral de los gastos, o sea que no ocultamos ningún número”, se defendió. Y dijo que, según consta en el cuaderno de préstamos, ningún concejal solicitó las rendiciones de cuentas para analizarlas. Así, dejó entrever la posibilidad de un “olvido” masivo.

El concejal Balut Arenas apeló a la ironía: “No era el aumento de tasas ni el aumento de boleto. Les puedo asegurar que si eran algunas de esas dos situaciones seguro que no se olvidaban”.

El único que recordó un antecedente fue Azcona. Data de mediados de la década del noventa, cuando el justicialista Eduardo Salas presidía la Comisión de Hacienda. “En esa comisión estaban (Oscar) Pagni, (Jesús) Porrúa, (Daniel) Katz y (Gustavo) Pulti”, mencionó. “Esa vez fue la única que Mar del Plata mandó la rendición al Tribunal sin haber terminado de votar, pero se trató dos veces en la comisión y no hubo acuerdo político”, diferenció.

Azcona contó que el Tribunal de Cuentas les cobró una multa a esos concejales. “Cuando a nosotros nos llegue la multa, nos vamos a acordar del hijo del intendente”, advirtió. “Creemos absolutamente necesario que se acompañe la desgrabación de nuestras manifestaciones porque las consecuencias, como bien se ha dicho, probablemente las padezcamos dentro de un tiempo”, aceptó con resignación Marcelo Fernández (Acción Marplatense). “Si en algún momento hay alguna cuestión sobre los integrantes de este Concejo Deliberante, no queremos quedar a cargo de absolutamente ninguna de estas cuestiones”, apuntó Gutiérrez con idéntico temor.

La historia del “olvido” terminó con el decreto N° 179 del presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, en cuyos considerandos se deja en claro que, como el Concejo no se pronunció, las rendiciones deben darse por aprobadas.

Otro criterio

En total las rendiciones son seis: administración central, Obras Sanitarias y los entes de Servicios Urbanos (Emsur), Deportes y Recreación (Emder), Turismo (Emtur) y Vialidad y Alumbrado (Emvial).

Pese a que tenía menos experiencia legislativa (había asumido en diciembre de 2015), el año pasado Guillermo Arroyo no olvidó poner en tratamiento las rendiciones de cuentas de último año del gobierno de Gustavo Pulti, que fueron rechazadas con los votos del oficialismo y parte de la oposición, con fuertes críticas a los gastos excesivos de la administración. “Las ‘tensiones presupuestarias’ nos dejaron un municipio incendiado y en esas condiciones las tomamos el 10 de diciembre”, disparó durante el tratamiento la jefa del bloque de la UCR, Cristina Coria. Entonces y ahora, la defensa pultista es que no sólo hay que mirar las cuentas en rojo, sino también las obras y servicios que quedaron para el municipio.

Trunco el debate, de los números de este año se dijo poco. La presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, aseguró que el municipio no invirtió recursos afectados a educación y seguridad y que, en cambio, los puso en un plazo fijo que le redituó 4 millones de pesos. Acotó que esa medida, que alguno podría interpretar como exitosa por la ganancia financiera, se disipa con otro dato: el municipio pagó en concepto de intereses por giro en descubierto casi 50 millones de pesos, según especificó. “Pagó intereses por 50 millones de pesos y ganó 4 millones, o sea, perdimos 46 millones y no hicimos lo que teníamos que hacer”, concluyó.

También dijo que el 89% del presupuesto del Emsur “se gasta en pagar sueldos” y con el resto apenas alcanza para inspeccionar a la empresa recolectora de residuos, Transportes 9 de Julio.

Pese a que Schroeder había pedido permiso a los jefes de bloque para hacerlo, otro asunto que iba a debatirse era el uso de fondos afectados a infraestructura y seguridad para pagar sueldos. El año que viene, sin elecciones a la vista y con el Concejo renovado, habrá una nueva oportunidad.