La ejecución del Plan Federal de Viviendas, lanzado en 2004 por Néstor Kirchner, quedó en la mira en distintos distritos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. Entre ellos aparece Balcarce, donde cuatro empresarios y tres exfuncionarios, incluido el entonces intendente, Carlos Erreguerena (PJ), irán a juicio por obras que no se terminaron y que involucran al exministro Julio de Vido y asesores.

Las audiencias se desarrolla-rán entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de este año y están citados alrededor de 50 testigos, según confirmaron fuentes judiciales a La Tecla. El titular del Juzgado en lo Correccional Nº 5 de Mar del Plata, Leonardo Celsi, será quien juzgue por  un perjuicio de más de tres millones de pesos que tres empresas recibieron -con complicidad municipal- por tareas no concretadas, según la investigación de los fiscales Javier Pizzo y Fernando Berlingieri, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos.

La causa gira en torno a certificados que acreditaron porcentajes de avances de obra en 2006 y 2007 que no se corresponden con los supervisados por técnicos del Instituto de la Vivienda bonaerense, de la Nación y peritos. Los certificados “tienen contenidos falsos”, indica el dictamen de la fiscalía. Balcarce recibió fondos para 400 casas.

Las firmas involucradas son Mar del Plata Transervice S.R.L. y MF S.A., oriundas de La Feliz, y Manuel R. Aguirre S.A., que proviene del Conurbano. Según la empresa que se trate, los desfasajes verificados -las diferencias entre lo volcado como realizado en el papel y no visualizado en la inspección- se ubican entre el 7% y el 36%. Según especialistas, el margen de error natural ronda el 3%. Y las sumas en exceso percibidas van desde los 169 mil hasta el millón de pesos. Gran parte de las viviendas registraron serias demoras en su construcción y no llegaron a entregarse en las condiciones establecidas, incluso varios años después de la fecha estipulada. Nación cortó el financiamiento en enero de 2008. Y después de reclamos al Municipio, varias de las casas fueron tomadas en 2010.

A Erreguerena y las empresas se su-man como acusados Héctor Allegretti, exsecretario interino de Obras Públicas, Héctor Cabrera, exinspector de obra, y Ricardo Gómez, exdelegado regional del Instituto de la Vivienda. Sus firmas estuvieron presentes en los certificados. Dos exsecretarios de Obras Públicas fallecieron en el proceso.

Junto con el exintendente y los empresarios (ver aparte) están acusados por los delitos de falsedad ideológica de documento público y fraude a la administración pública.

Balcarce se suma a otros municipios, como el Partido de La Costa y San Isidro, donde hubo investigaciones judiciales sobre los fondos del Plan Federal.

Testimonios

El juicio en Balcarce puede ganar relevancia a partir de testimonios de peso. Andrés Bar-bieri, abogado de Gómez, solicitó que declaren por videoconferencia exfuncionarios detenidos en distintas causas por hechos de corrupción. Desde José López, el exsecretario que arrojó 9 millones de dólares en un monasterio en 2016, hasta Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y detenido en el marco de la causa de “los cuadernos de las coimas”.

En 2018 levantó polvareda en el distrito una declaración de Julián Pinchetti. El secretario de Gobierno de Erreguerena desligó al exalcalde de la denuncia y aseguró que había un mecanismo de corrupción “en el que los municipios no tenían nada que ver”, que todo era controlado por Julio de Vido, y habló hasta de recaudación en el distrito (ver aparte). Tanto Pinchetti como Alberto Luterotti fueron citados como testigos por la defensa de Gómez.

La causa

El caso llegó a la Justicia a partir de una denuncia que elevó José Luis Pérez, sucesor de Carlos Erreguerena en 2007 al frente de la intendencia. Luego 

de pedir un relevamiento a la Provincia emergió la sobrecertificación. Las construcciones comenzaron en mayo de 2006, con plazo de entrega de 12 meses. 

Durante años, el expediente recorrió pasillos judiciales. Recién en 2013 se resolvió un conflicto de competencia y la causa quedó en la Justicia provincial. La jueza marplatense Lucrecia Bustos la elevó a juicio el año pasado.

De acuerdo a la pericia de la fiscalía, entre 2005 y 2007, el Municipio de Balcarce recibió $19.023.710,13 para las obras del Plan Federal. Del total, $3.278.378,31 fueron transferidos por Planificación como anticipos financieros para las empresas. 

Una declaración que abrió debate

El exsecretario de Gobierno de Erreguerena, Julián Pinchetti, aseguró el año pasado a medios de Balcarce que un asesor del Ministerio de Planificación, el arquitecto Alberto Luterotti, visitó varias veces el distrito mientras se realizó la construcción del Plan de Viviendas. Y recalcó que se trataba de un “recaudador”.

En ese sentido, dijo a La Vanguardia que el asesor de Planificación designaba a las empresas y que el dinero se giraba desde la Nación. A su vez mencionó que se juntaban en el hotel Balcarce con los empresarios para firmarles los certificados de obra, pese a que no existían. Ante la consulta de La Tecla, Pinchetti ratificó sus dichos. 

Declaración

De Vido y otro frente judicial

En su declaración indagatoria, Carlos Erreguerena apuntó de lleno contra el exministro de Planificación Federal. El excalde contó lo que le dijo el funcionario cuando lo citó para comunicarle la decisión de construir 400 casas en Balcarce. 

“De Vido me dejó claro que las pautas las ponían ellos. Y que yo, lo que tenía que hacer era, una vez que estaba el dinero depositado en la cuenta, (firmar) la orden de pago y el cheque. Me dejó en claro que esa era mi función, el resto corría por cuenta de ellos, porque la plata era de Nación”, aseguró.

El testimonio involucra al exministro de Planificación Federal que cumple condena por la tragedia de Once y está acusado en otras causas de corrupción.

Sin embargo, Erreguerena tiene más problemas por su lado. En mayo irá a juicio por otro caso similar. 

A la causa con fondos nacionales se le suma otra por irregularidades en los planes ejecutados con fondos de dos programas provinciales. En este caso llegará en soledad. Otro acusado, exfuncionario, aceptó juicio abreviado.

Prescripción

Los planteos de las defensas

La consideración de que se trata de delitos prescriptos es un argumento que atraviesa a las defensas, pese que no ha prosperado. Más allá de eso, Ricardo Mendoza, defensor oficial que patrocina a Manuel R. Aguirre S.A. y a Allegretti, consideró que, en todo caso, son “inconductas administrativas”.

Por su parte, Jorge Marasco, abogado de Héctor Cabrera, reparó en que su cliente, inspector contratado por el Municipio a instancias de Planificación, no firmó los certificados cuestionados, amparado en que las pericias no lo demostraron.

Por su parte, Barbieri, defensor de Ricardo Gómez -otrora delegado del IVPBA-, remarcó que su cliente debía “visar” los certificados, y que eso no implica constatar los avances de obra. Su firma figuró por una cuestión formal.

Ante la consulta de La Tecla, elxintendente Carlos Erreguerena no quiso hablar. Por otro lado, no se recibió respuesta de las empresas marplatenses involucradas.