UN INTENDENTE MEMORIOSO

Este viernes, en el marco del anuncio del llamado a licitación para avanzar con tres obras de infraestructura demandadas por los vecinos, el intendente Miguel Lunghi no se guardó nada. Es que en la ocasión estuvieron presentes los representantes de cada barriada, personas que han alzado la bandera de las necesidades de sus pares y han reclamado incesantemente soluciones y respuestas.

Finalmente, en el día tan esperado, el jefe comunal no se limitó a poner su firma en los decretos, sino que aprovechó el encuentro para hablar sobre temas pendientes y aclarar algunas cosas con la representante de los vecinos de la calle Independencia, Margarita Barragán, que pronto verán el inicio de la obra de desagüe pluvial, como así también con Luis Albornoz, presidente de la comisión vecinal de La Elena, que celebró la afectación de los recursos provinciales para avanzar con los trabajos para proveer de agua potable a la zona.

“Un camino largo que hemos recorrido, hemos tenido idas, vueltas, desconfianzas y sospechas, inconvenientes, pero no importa. Eso quedó todo en el pasado, lo que se firma hoy es un gran trabajado que ha hecho Mario Civalleri y que se mantiene, en forma total, el proyecto que presentó la Municipalidad al Enohsa en 2008. Y esto es importante porque después hubo un sinfín de proyectos, tomografías, de idas y venidas y porqué no decirlo -estamos en democracia- de demagogia, que termina con la seriedad del proyecto”, defendió el Intendente en relación a La Elena, luego de las gestiones que en su momento encabezara el concejal del justicialismo Pablo Bossio, y tras las críticas recibidas por el mismo Albornoz en cuanto a las gestiones que el Municipio había emprendido hasta ese entonces.

Le entregó entonces un duplicado del decreto y la lapicera con la cual lo firmó para que “cada vez que la mire, pida disculpas”, dijo Lunghi.

Algo similar hizo con Margarita Barragán, a quien le comentó que había leído en el diario algo que ella había dicho sobre su persona y que él “no había hablado”.

“Leí que dijo que no era de mi interés cerrar la zanja, cosa que no es cierto. A usted también le voy a entregar esta birome para que la vea y diga: `No estuve bien con el doctor´, porque yo nunca dije que no la quería cerrar, siempre quise cerrarla”, a lo que la vecina, tampoco sin tapujos, se encargó de aclararle que no había sido así.

CARLITOS FERNANDEZ, CANDIDATO

Según las versiones internas de la UCR, el radicalismo bonaerense se encamina a conformar una lista de unidad de cara al recambio de autoridades partidarias, en septiembre próximo, en la que los intendentes buscarán hacer valer su peso territorial en pos de una “renovación” que ponga al partido en “sintonía” con el gobierno provincial de Cambiemos, que conduce María Eugenia Vidal.

Cuentan que los 42 jefes comunales de la UCR, entre ellos Lunghi, claro está, se reunirán la primera quincena de junio, probablemente en La Plata o en la Capital Federal, para avanzar en una nómina que aglutine a todos los sectores internos, convencidos que ir a una interna provocaría un “desgaste innecesario” al radicalismo, principal socio del PRO en la alianza del Gobierno.

Se espera que de ese encuentro, que reunirá además a legisladores naciones y provinciales, participen el vicegobernador Daniel Salvador y el actual titular del Comité Provincia de la UCR, Ricardo Alfonsín, quien mantiene una sinuosa relación con la administración de Vidal.

Alfredo “Vasco” Irigoin, ex intendente de Laprida y actual funcionario del Ministerio de Medioambiente de la Nación y el senador provincial y tandilense Carlos Fernández, son -hasta el momento- los nombres que circulan como las figuras de unidad para suceder a Alfonsín en la titularidad del partido, cargo para el que también se postuló al propio Salvador, aunque esa idea fue perdiendo fuerza.

Con todo, los intendentes están decididos a hacer valer su peso territorial en las negociaciones y buscan que la nueva conducción del partido esté en manos de un dirigente que garantice un proceso de “renovación” que ponga al partido en “sintonía” con el gobierno de María Eugenia Vidal, pero que tenga las “manos libres” para “marcar las diferencias”. En ese perfil quiere postularse Fernández.

TRABAS EN EL PROCREAR

Con el cambio de gobierno, se transformó la postal del primer piso de la sucursal local del Banco Hipotecario. De las extensas colas de otrora, desde el verano luce desierta la sala de espera. Esporádicamente llegan clientes a realizar consultas por el crédito en trámite o por las carpetas que fueron presentadas en el último semestre del año pasado.

Entre aquellos que se acercan a seguir el estado de las gestiones de su Procrear reina la incertidumbre. Es que han comenzado a pedir documentación que no exigían en un principio, como por ejemplo, un certificado de la Usina que indique que hay energía eléctrica en el lote donde se pretende construir. Afortunadamente, desde la empresa de economía mixta extienden el documento con gran celeridad, acortando los plazos previstos para solucionar los inconvenientes de los clientes.

El último escollo que escuchó este Oído tiene que ver con el valor de los metros cuadrados. En 2015 se pedía que en la planilla de cálculo de los materiales se plasmara un valor promedio del metro cuadrado de entre 4 mil y 7.200 pesos para un monto máximo de 520 mil pesos. A partir de ahora subieron el precio del metro de 8 mil a 12.500 pesos, pero lo grave es que no incrementaron el dinero que otorga el préstamo.

Ante este panorama, muchas familias que están tramitando la carpeta se pasan del presupuesto máximo. Si esta situación persiste, deberán reformular el proyecto de arquitectura que ya pagaron junto con los derechos de construcción que percibe la comuna.

Ya comenzaron a detectarse los primeros casos afectados por esta nueva disposición que pareciera desalentar a los adjudicatarios que fueron sorteados por Lotería Nacional para el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para que no sigan apostando -por esa vía- al sueño de la casa propia. Una verdadera injusticia porque la inflación y el cambio de gobierno ocurrieron después de que muchos iniciaran sus carpetas. Pero, además, debieron atravesar la devaluación de sus ahorros porque a nadie escapa que este crédito es solo una ayuda para poder llegar a la primera vivienda.

IPARRAGUIRRE, MAREADO

En la última sesión del Concejo, Rogelio Iparraguirre acordó con todos los bloques el tratamiento sobre tablas de un proyecto de adhesión a la marcha por el aniversario de Ni una Menos, que se realizará el 3 de junio. Pero, además, se disponía a presentar un pedido de suspensión del cobro de la Tasa de Protección Ciudadana que tomó estado legislativo el jueves.

En el apuro, acercó este último proyecto a Ligia Laplace para que lo leyera. Entonces, la prosecretaria le preguntó si lo leía completo o solo la parte resolutiva. “Es cortito”, replicó el concejal con un guiño.

Así, la dirigente radical arrancó: “Visto el amparo…”. Iparraguirre saltó de su banca y dijo: ‘No’. Sonrojado, se acercó al estrado y le cambió la carpeta. Al rato, cuando efectivamente presentó la iniciativa de frenar el cobro de la tasa hasta que la Justicia resuelva si es constitucional, le lanzó con picardía a Juan Pablo Frolik: “¡Mirá si pasaba!”. Después de las 14 y aún sin almorzar, todos lo que quedaban en el recinto largaron la carcajada.

ENTRE CHISTES Y CONFUSIONES

Y durante el tratamiento de la rendición de cuentas, la presidenta del Bloque FPV-PJ disparó que ya que el presupuesto del Concejo Deliberante para 2015 fue subejecutado, se podría invertir en algún sistema de calefacción por el frío que hacía en el recinto el último jueves. “La estamos pasando mal”, afirmó.

Sobre el final, el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik le preguntó si era una broma y ella asintió. De todos modos, pidió disculpas porque no habían encendido el equipo frío calor antes de la sesión y entendía que iba a largar el típico olor de los artefactos que llevan mucho tiempo apagados.

Además de haber tenido que explicar la chicana, María Eugenia Poumé se mostró un tanto distraída. Es que levantó la mano para aprobar el incremento de la tarifa del transporte a María Ignacia, cuando su compañero Darío Méndez había adelantado que no acompañarían la propuesta hasta tanto no tener un informe del Ejecutivo sobre la calidad del servicio. Enseguida, la concejal se dio cuenta y comentó con sus pares lo que le había pasado.

FUNCIONARIO CASTIGADO

El secretario de Economía siguió desde la barra toda la sesión ordinaria del Legislativo, donde se trató la rendición de las cuentas del Municipio del año pasado. Fue días después de que se conociera el cargo que le aplicó el Tribunal de Cuentas por un acuerdo judicial con una ART cuando administraba el Hospital.

El jueves, la massista Beatriz Fernández quiso dejar constancia en las actas de desgrabación de la sesión que el Tribunal de Azul debía analizar también una denuncia suya que había presentado porque el Ejecutivo no elevó en tiempo y forma la única oferta para la contratación del show de pirotecnia del Tandil Brilla 2015.

En esa situación, la concejal, de gran trayectoria en el recinto, disparó: “No voy a pedir cargos porque el secretario de Economía ya tiene bastante con los que le aplicaron por el Hospital”. Daniel Binando, que ya llevaba varias horas sentado en los bancos de madera, recuperó la atención y se puso serio.

FALTA DE LEGITIMIDAD

El controvertido abogado Claudio Castaño intenta por estas horas volver a incomodar a sus pares con un pedido formal para que se revea la designación de un miembro de la Asociación de Abogados en el Foro de Seguridad.

A más datos, el letrado presentó la inquietud para designar un nuevo integrante de dicha Asociación que represente a la misma en el Foro de Seguridad Municipal, en reemplazo del abogado Alejandro Tiscornia que, al entender de Castaño “carece de legitimidad” por haber sido designado por la anterior conducción de la entidad que aglutina a los letrados.

Agrega en su petición que Tiscornia en momento alguno fue puesto a consideración de la totalidad de los asociados, ni pertenecía a la comisión directiva de la antigua conducción que culminara en noviembre de 2015, “por lo que mal puede arrogarse legitimidad para continuar representando a la Asociación sin el consentimiento de rigor”, reza la solicitud.

En el planteo, Castaño acota que el reemplazo debería ser ocupado por un colega que acredite ser idóneo en materia de seguridad, “y poder lograr que un asociado sirva al cargo, y no se sirva del mismo, para apetencias políticas personales”.

DEL POTRO FUE NOTICIA

Y esta vez no tuvo que ver con su rendimiento deportivo. Es que medios nacionales se hicieron eco de versiones judiciales que dejaron trascender que la Justicia Federal estaba allanando tres oficinas contables por la causa donde se lo investiga por evasión fiscal agravada. Según la acusación realizada por la AFIP, el tenista de Tandil omitió pagar un millón de pesos correspondiente al Impuesto a las Ganancias durante el año 2010.

Al decir de aquella información, la Torre de Tandil desvió mediante cesión gratuita sus ingresos por garantías de participación en torneos y derechos de explotación de su imagen hacia la sociedad uruguaya Bongarden SA, propiedad de sus padres.

El dinero que recibía la firma uruguaya luego era ingresado al patrimonio del tenista mediante préstamos contraídos con esa firma uruguaya.

Bongarden SA recibió 3,57 millones de dólares en 2010 por los contratos con las empresas Wilson, Rolex, Nike, Sony, Coca-Cola y Visa.

En ese mismo año, Del Potro recibió “préstamos” de Bongarden SA por 982.750 dólares que carecían de fecha de vencimiento y de pago de intereses. El tenista los imputó en su declaración jurada de Ganancias para reducir el monto a abonar al fisco.

Ese dinero lo utilizó para solventar los gastos de la recuperación de la lesión en su muñeca que padeció a fines de 2009 y para invertir en dos empresas, Agrocomercial Tandil SA y Agroganadera Reconquista SA.

La información citada fue rápidamente desmentida por el entorno del deportista. A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, los abogados del tandilense desmintieron que allanaron domicilios del deportista.

A grandes rasgos, el comunicado desmentía la realización de los allanamientos. Los abogados Juan Manuel Alvarez Echagüe y Oscar Ruiz señalaron al respecto que lamentaban que se utilicen estas falsas noticias como maniobras para distraer a la población de otras realidades que acontecen y que son de muchísima mayor importancia.

Asimismo, anticipaban que iniciarían las acciones legales penales y civiles que correspondieran contra quienes dieron difusión de esta falsa noticia, siguiendo las mismas hasta las últimas consecuencias.