Una repartición provincial cuyo objeto sea el de detectar e impedir actos de corrupción por parte de los representantes de los ciudadanos bonaerenses, tal es el objeto de al menos dos iniciativas que los legisladores provinciales deberán analizar y sancionar a la vuelto del receso invernal. Y es un tema que ya divide aguas políticas. Por un lado, habrá un proyecto consensuado por diferentes espacios opositores al gobierno de María Eugenia Vidal; por el otro, una iniciativa salida de la propia Gobernación.  Según consignó la agencia de noticias DIB, un puñado de diputados de la oposición buscarán avanzar en las próximas semanas con la creación de una Oficina Anticorrupción bonaerense. Para ello, trabajan en la redacción de un proyecto de ley de Ética Pública que regula deberes, obligaciones y prohibiciones de los funcionarios públicos, que incluyen la incompatibilidad total de cargos y la prohibición de nombrar a familiares directos en los organismos que dirijan; y que sería el resultado de un consenso entre distintas iniciativas ya existentes.En concreto, el proyecto unificará una iniciativa del nicoleño Lisandro Bonelli y su compañero de bancada en el Frente Renovador, Ricardo Lissalde, con otras que habían sido presentadas por Rocío Giaccone (del Frente para la Victoria) y Rubén Grenada (del GEN-FAP).