Mientras el Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) ya cuenta con estimaciones sobre las subas tarifarias que registrarán la provisión de energía eléctrica y de agua potable en la provincia, legisladores del oficialismo elevaron un proyecto de ley que propone un método alternativo para el cálculo de los costos que afrontarán los usuarios.

La iniciativa, firmada por los peronistas Marcelo Caponio, Luis Morghenstein, Eduardo Cobos y Silvia Rojkés, busca que los incrementos no superen el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) calculado a cada mes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), y que en junio sumó el 1,4%.

Para establecer ese régimen, propuesto para consumidores residenciales, cooperativas de trabajo y micro, pequeñas y medianas empresas, los autores del proyecto instaron a la declaración del estado de emergencia tarifaria en Tucumán hasta el 31 de diciembre de 2019. “Las graves circunstancias económicas que está atravesando el país repercuten en la provincia. Por otra parte, hoy en día es una tendencia muy pronunciada la consideración del acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua como un derecho humano”, fundamentaron los oficialistas en el texto.

Esta semana, Santiago Yanotti, del Ersept, anunció que luego de 70 años se modificó el esquema tarifario de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). El sistema de pago ya no se regirá por la superficie del inmueble y su ubicación, entre otras variables, sino por los datos que arrojen los medidores domiciliarios sobre el consumo del usuario. En entrevista con “Las 12 en 30”, el noticiero del mediodía de LG Play, Yanotti explicó que si bien se aplicará una tarifa social para poco más de la mitad del padrón de clientes, el incremento en las boletas rondará -en promedio- un 22,8% a partir de septiembre. Advirtió que de los 300.000 usuarios de la SAT, unos 1.500 observarán un aumento del 75%.

Por otra parte, Yanotti informó que EDET incrementará la luz hasta un 6% a fin de año, de acuerdo a un pedido de actualización tomando como referencia los costos en la distribución energética, que están dolarizados.

Según los legisladores peronistas, el contexto actual amerita el dictado de una ley de emergencia tarifaria, ya que se cumplen todos los requisitos previstos por la doctrina de la Corte de la Nación. “El remedio es razonable al vincular el incremento de las tarifas con el coeficiente de variación salarial. El trabajador y las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de seguir afrontando el pago de tarifas absolutamente irrazonables en un contexto recesivo, de fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios y de las ventas, y aumento del desempleo y la pobreza”, destacaron Caponio y sus pares. Si bien el Ersept ya realizó sus cálculos técnicos, por mesa de entradas de la Cámara ingresó esta alternativa.