Eduardo “Wado” de Pedro acaba de blanquear que el conflicto interno por el acuerdo con el FMI no es un dato aislado, sino que se extiende a otro terreno muy sensible: la política frente a la inflación. Se trata de una cuestión mayor, porque unos y otros dicen que el Gobierno debe regenerar expectativas. Pero van a contramano, encerrados en una disputa que provoca serios problemas de gestión y, sobre todo, desgaste de la figura presidencial. Sólo en un punto muestran unidad: la ofensiva sobre la Corte Suprema. Es llamativo, porque también esa tensión institucional en continuado deteriora el clima político.

De Pedro escribió algunos de las principales líneas en esos dos capítulos. En ese papel fluctuante que le adjudican en la interna del oficialismo -como necesario puente de acuerdos y como el ministro más inquietante para el “albertismo”-, fue principal operador junto a Juan Manzur para reunir a diecinueve gobernadores del PJ y aliados en la batalla por los fondos con Horacio Rodríguez Larreta. La jugada superó la cuestión de la coparticipación y expresó una fuerte presión sobre la Corte.

La disputa con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación combina diversos factores. El primero, naturalmente, el porcentaje de los fondos. Es una cuestión vinculada al distorsionado federalismo del país, repetida y cargada de disputas de coyuntura que impiden generar un nuevo régimen de coparticipación, a pesar de las disposiciones constitucionales. En el contexto actual, el Gobierno avanzó en la línea impulsada desde el primer día por Cristina Fernández de Kirchner para golpear sobre un distrito que los disgusta y, pasado el primer tramo de la pandemia, quebrar el imaginario de una alianza entre “moderados” de una y otra vereda.

El conflicto volvió a escalar ante el agotamiento de los tiempos judiciales. Y el Gobierno motorizó una cita de gobernadores -sin lograr esta vez una fisura de jefes provinciales de la UCR- coronada por una declaración que incluyó un duro cuestionamiento al manejo de la coparticipación en la etapa macrista y una advertencia que superó el tono del reclamo. Resultó un elemento de presión a la Corte, que deber resolver el tema en breve.

En otras palabras: una cuestión de manejo de fondos y de poder. La declaración fue incluida en el trámite ante el tribunal por el Gobierno. Junto con las consideraciones sobre el federalismo, el texto descalificó de antemano a la Corte para el caso de que atienda el planteo porteño. Fue un párrafo especialmente adjetivado, que además no fue un gesto en solitario. De Pedro hizo declaraciones públicas en las que jugó con la idea de la elección de los jueces mediante el voto popular.

Unos días antes, en el Senado, el oficialismo había descargado varios discursos sonoros y dirigidos a la Corte. El escenario fue ofrecido por el plenario de comisiones que trató el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura. Estuvo la primera línea del Ministerio de Justicia. Martín Soria y Juan Martín Mena se cruzaron con legisladores de la oposición. El ministro fue particularmente duro y habló de “extorsión” por los tiempos impuestos para tratar la ley en cuestión.

Esa línea discursiva no es nueva y ya había sido profundizada por el Presidente, luego de su giro en la posición sobre la Corte. Alberto Fernández descalificó incluso las causas que más preocupan a CFK. Y Soria, fruto a la vez de un cambio de conducción en el ministerio acorde con esa línea, transformó su primer encuentro protocolar con la Corte en un acto político de ofensiva en el terreno judicial.

Con todo, la armonía en el interior del oficialismo tampoco es tal en este rubro. El kirchnerismo duro cree que se perdió demasiado tiempo a la espera de la “estrategia” atribuida al Presidente, según la cual la Justicia se iba a ir acomodando a la política. Visto así, pesa ahora el desgaste de gestión, algo provocado en una cuota considerable por las propias disputas dentro de la coalición de Gobierno.

Primero las derrotas electorales y, cronológicamente, después el acuerdo con el FMI gatillaron la pelea de modo cada vez más visible. Es sabido que la mira de CFK y de su estructura, empezando por La Cámpora, está puesta en varios ministros, en especial los del área económica: Martín Guzmán y Matías Kulfas. También, en Claudio Moroni y otros funcionarios del círculo más cercano a Olivos.

El punto es que todo se hace cada vez más público. El gesto de fractura de Máximo Kirchner por el acuerdo con el FMI fue su máxima expresión. De Pedro sorprendió con la comparación sobre la falta de criterio común en cuanto a las políticas contra la inflación. “Así como el FMI generó una discusión dentro del Frente de Todos, esta es otra de las discusiones que se vienen dando donde no hay coincidencia”, dijo. No sonó impensado.

El Presidente sostiene a los funcionarios referidos, que desde hace rato también son criticados, aunque de manera más reservada, en otros espacios del FdeT. Precisamente, Guzmán, Kulfas y Moroni mantuvieron el primer encuentro formal -después de varios pedidos presidenciales- con dirigentes de la CGT (Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez) y de la UIA, encabezados por Daniel Funes de Rioja. Fue un primer intento de mesa intersectorial para tratar algún tipo de acuerdo de precios y salarios, en el contexto inflacionario.

El cambio de conducción en la UOM, ahora encabezada por Abel Furlán -de buena relación con el kirchnerismo-, y la difusión de un encuentro de Máximo Kirchner con Pablo Moyano son crujidos que suenan en el mundo sindical, no únicos ni muy originales, pero suficientes para inquietar a Olivos. En otra escala, es registrado el conflicto abierto por las organizaciones piqueteras más duras y no oficialistas.

El kirchnerismo deja circular su reclamo de cambios en Economía y una modificación de políticas que renueven expectativas. Parece extraño porque el efecto es inverso. La demanda de salida de ministros coloca al Presidente en posición de defensa de sus funcionarios. Es un ejercicio en sí mismo, erosionante. Un daño en medio de la crisis.