Así podría llegarse a los dos tercios requeridos en ambas cámaras. El cargo está vacante desde hace 8 años.
Aunque atado a una serie de acuerdos parlamentarios, el oficialismo ahora aparece dispuesto a dar un paso al que se venía negando de manera sistemática: permitir que el peronismo pueda nombrar al defensor del Pueblo de la Nación, puesto que se encuentra vacante desde hace 8 años.
La oferta ya fue puesta sobre la mesa en recientes contactos entre líderes del interbloque de Cambiemos y el del mayoritario FpV, según dijeron a Clarín fuentes del oficialismo.
La pregunta es a cambio de qué el oficialismo aceptaría que la Defensoría quede en manos de la oposición. "Para mejorar la institucionalidad", argumentaron en un despacho del oficialismo. "Seguramente van a pedir algo importante a cambio", razonó un legislador del PJ. Entre las prioridades del oficialismo que siguen trabadas se encuentran los pliegos de varios directores del Banco Central. También se negocian las designaciones del procurador penitenciario (podrían cederla al massismo), el defensor del niño y los asientos parlamentarios en el Comité para la Prevención de la Tortura.
En caso de que prospere la designación de un peronista como ombudsman, la primera afectada sería Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud ambiciona el cargo y era hasta ahora la candidata de Mauricio Macri. La otra candidata que el año pasado propuso el oficialismo fue Susana Decibe, ex ministra de Educación de Carlos Menem y que ahora juega en Cambiemos.
Los candidatos que suenan en el peronismo son varios: Eduardo Fellner, Remo Carlotto, Jorge Taiana y Humberto Roggero, quien ya fue postulado oficialmente para el cargo por el presidente del bloque del FpV en el Senado, Miguel Pichetto. Pero en la Cámara alta ahora se menciona como "caído" al nombre del ex senador cordobés. Se rumorea también la postulación de Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño y titular de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina. Se habla, además, de la senadora camporista por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun. Pero es improbable que prospere: el Gobierno jamás colaboraría para que una K quede en la Defensoría.
Para el oficialismo es quimérico quedarse con la conducción del órgano encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos. Es que la Constitución exige que su nombramiento sea aprobado por los dos tercios de ambas cámaras.
Nadie tiene ese número por sí solo, pero el PJ es el que más se acerca. En el Senado suma 41 senadores y los dos tercios se logran con 48. En Diputados se requieren 172 votos. Y los que más suman, aunque están lejos, son los peronistas en sus diferentes vertientes: entre los del FpV y los de las bancadas Justicialista y Peronismo para la Victoria llegan a 95 diputados.
Por eso, en el oficialismo entienden que la única manera de destrabar la negociación es permitiendo que el peronismo ponga al defensor del Pueblo. Eso sí: uno de los defensores adjuntos sería de la UCR, socia del Gobierno. Otro adjunto sería del Frente Renovador, si no le dan el control penitenciario.
Para ser designado adjunto, la ley exige ser abogado. Ni Ocaña (politóloga) ni Decibe (socióloga) lo son. Hubo versiones de que el oficialismo quería modificar la Ley de la Defensoría del Pueblo. Lo que no podría retocar son las mayorías especiales que se requieren para el nombramiento: está establecido en la Constitución.
Además, ayer se decidió aplazar hasta el 22 de este mes la primera sesión del Senado, que iba a hacerse el miércoles próximo. El oficialismo se esperanza con llevar ese día al recinto las leyes de emprendedores y de extinción de dominio, que depende una gestión con diputados y pemitirá recuperar dinero de la corrupción.
Ese día se votarían también los tres lugares de la Auditoría que corresponden al Senado. Aún está en discusión quien remplazará a la K Vilma Castillo: la que tendría más chance es la senadora formoseña Graciela De la Rosa.
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