Un total de 29 policías, muchos de ellos oficiales superiores, tienen causas abiertas en la Justicia de Rosario por sospechas de que la evolución de sus patrimonios se produjo por medios ilícitos. En ese marco, dos de esos jefes deberán prestar declaración indagatoria y justificar sus posesiones. Son el ex jefe de provincia, Osvaldo Daniel Toledo, y el actual jefe de Unidades Especiales de San Lorenzo, Gustavo Spoletti.

El reciente impulso que cobran estas causas no hace sino desnudar las demoras incomprensibles en la tramitación de expedientes que no son de avance fácil, ya que las entidades que aportan información sobre bienes suelen tomarse un tiempo extremo para hacerlo. La parálisis de los expedientes los acercaba al archivo y en eso hay responsabilidades administrativas y judiciales, por ejemplo omisiones de indagatorias que aceleraban prescripciones o un caso de cajoneo de 15 legajos en el juzgado de Instrucción 5 (ver aparte).

Toledo fue titular de la Unidad Regional II y luego jefe de provincia durante el gobierno de Hermes Binner. Spoletti, en tanto, llegó a jefe de la ex Drogas Peligrosas de Rosario cuando el gobernador Jorge Obeid relevara a 35 empleados de esa sección por denuncias de corrupción.

De los 29 legajos de policías denunciados por enriquecimiento ilícito en la Dirección de Asuntos Internos hace años, 11 tomaron estado judicial recién ahora. Los restantes 18 expedientes ya tramitaban en distintos juzgados de Instrucción. De todos esos casos uno solo llegó al procesamiento: el del ex comisario mayor Hugo Giuliano.

Una opción política. Los casos de Toledo y Spoletti están entre los 11 que toman estado judicial ahora. Los otros nueve son los de Juan Enrique Kluwak, Jorge Wolschelejel, Raúl Benavente, Marcelo Ejido, Alfredo Polenta, Jorge Martínez, Juan José Raffo, Ariel Bengoechea y Facundo Lencina. Varios de estos oficiales tienen pendiente la justificación de sus patrimonios. Y puede que al hacerlo demuestren que los obtuvieron en forma lícita. No obstante, ante la cercanía de la prescripción de las causas, el procurador de la provincia Jorge Barraguirre optó por que los casos se judicialicen.

"Asuntos Internos realiza una contrastación actualizada entre los bienes incorporados al patrimonio y los ingresos lícitos demostrables del investigado. Cuando los bienes superan a los ingresos en un 60 por ciento se entiende que no hay una relación coherente y se produce el pedido de justificación", explicó el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.

Los restantes oficiales con investigaciones iniciadas antes de este año son 16. Entre ellos están el ex jefe de la Unidad Regional II Néstor Arismendi, el ex jefe de Orden Público de Rosario Hugo Fornero, los ex jefes provinciales Hugo Tognoli y Cristian Sola. También están Alejandro Druetta, Jorge Blanco, Marcelo Mendoza, Fernando Romitti, Dardo Saucedo, Rodolfo Romero, Daniel Moscatelli, José Luis Ramonda, Omar Pintón y Hugo Giuliano.

Por último hay dos casos, los del ex jefe de policía provincial Daniel Cáceres y el de Osvaldo Bejarán, que serán llamados a audiencia imputativa por el fiscal Sebastián Narvaja, del nuevo sistema. No obstante, la competencia de estos dos casos es reclamada por el procurador Barraguirre para el sistema conclusional de causas en donde actúa.

En el nuevo sistema rechazan el criterio. Alegan que la Cámara ya estableció que la fecha de la causa se toma a partir de que el investigado no consigue demostrar la legalidad de su patrimonio. Y citan el caso de Arismendi. El juez de Instrucción Juan Carlos Vienna respondió los requerimientos de oficios ante entidades bancarias y de bienes registrables pedidos por Asuntos Internos pero cuando el oficial no justificó su patrimonio el juez rechazó la competencia dado que no estaba de turno y la Cámara asignó la causa al juez Luis María Caterina.