Odontólogos advierten que el arancel mínimo impuesto por el Colegio “coarta el derecho a la salud”

Odontólogos advierten que el arancel mínimo impuesto por el Colegio “coarta el derecho a la salud”

No sólo el Iosper y otras obras sociales rechazan la pretensión del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos de imponer aranceles mínimos obligatorios, sino también algunos Círculos y muchos de los profesionales que los integran, que además advierten que ese arancel “termina coartando el derecho a la salud” de los pacientes, se informó a APFDigital · Piden “un gran debate abierto” para encontrar una solución

El conflicto se inició el año pasado, cuando el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos impuso aranceles mínimos obligatorios a todos sus matriculados, bajo la advertencia de que, si no se ajustan a ellos, recibirán sanciones disciplinarias que podrían llegar incluso a la suspensión de la matrícula.

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y otras obras sociales cuestionaron la decisión del Colegio y la adhesión de algunos Círculos, rechazaron los nuevos aranceles y exigieron que se cumplan los convenios que están en vigencia, con montos inferiores.

Como el Colegio no dio marcha atrás con la medida, actualmente casi todas las obras sociales están cortadas para la atención odontológica.

 

 

· Colegio vs Círculo

En Entre Ríos, es el Colegio el que otorga la matrícula a los profesionales. Pero a la vez, muchos odontólogos pertenecen, por libre voluntad, a alguno de los 13 Círculos departamentales que existen en la provincia, con el objetivo de que éste actúe como mediador en la contratación de convenio de trabajo con las obras sociales y prepagas.

Algunos de esos Círculos se opusieron a la imposición del arancel mínimo obligatorio, entre ellos el de Paraná, que llevó el diferendo a Tribunales interponiendo un amparo contra la decisión del Colegio, que finalmente no prosperó.

Actualmente existe una causa judicial por este conflicto, que se tramita en la Cámara en lo contencioso administrativo. “El juicio que está en marcha tiene que ver con la legalidad o no de ciertas atribuciones que se autoadjudica el Colegio, esto es, la capacidad de imponer aranceles mínimos y obligatorios”, explicó a esta Agencia el odontólogo Santiago Scetta.

Según él, el problema radica en la obligatoriedad de la medida. “Al ser obligatorio, el Colegio también se autoadjudica la capacidad de aplicar sanciones disciplinarias sobre los colegas que no cumplan con estos aranceles. Esas sanciones pueden llegar hasta la suspensión de la matrícula de los profesionales colegiados”, advirtió.

Scetta aseguró que la actitud persecutoria del Colegio hacia sus matriculados fue creciendo. En ese sentido, contó que el 25 de marzo pasado, en una reunión del consejo directivo del Colegio, se analizó un protocolo de denuncia. “Sería un protocolo para delatar a los colegas que no están cumpliendo con los aranceles mínimos obligatorios”, cuestionó el odontólogo y lamentó que con este punto el Colegio haya “sobrepasado todos los límites”.

 “En el medio”

“Los odontólogos y los pacientes estamos en el medio del conflicto”, acusaron algunos profesionales de Paraná. “Si los odontólogos no aplicamos el arancel mínimo obligatorio, el Colegio nos quita la matrícula imposibilitando el ejercicio de la profesión tanto en Entre Ríos como en otras provincias, porque para matricularnos necesitamos estar libres de sanciones éticas. Es decir que si en la provincia nos sancionan y quitan la matrícula, no podremos ejercer en todo el territorio nacional”, se quejaron.

Por otro lado, advirtieron que “si las obras sociales no se ajustan al arancel impuesto por el Colegio, sus afiliados quedan sin cobertura odontológica. Es decir que se termina coartando el derecho a la salud como un servicio esencial”.

“La alternativa es que cada persona que requiera atención odontológica, abone en forma privada el arancel dispuesto por el Colegio. O bien se atienda exclusivamente en el sector público”, apuntó Scetta al respecto.

Por otro lado, el profesional se preguntó qué sucedería si se aplica sanción a un profesional que además de consultorio, trabaja en el sector público. “¿El Estado qué hace?, ¿echa al profesional que no puede trabajar por tener suspendida la matrícula?, ¿inicia acciones legales contra el Colegio? El paciente que no es atendido ¿inicia acciones legales también, al verse coartado su derecho a la salud? Es muy compleja la situación”, reflexionó.

Por eso reclamó que “las autoridades del Colegio, del Círculo, de las obras sociales y prepagas; las autoridades de la justicia y también el poder político de turno y la oposición, además de los ciudadanos, seamos partícipes de un gran debate abierto sobre esta problemática, porque es algo que nos afecta a todos”.

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