Por Irina Hauser

“Pará el pago en el banco a Odebrecht. Hacé lo que tengas que hacer. Después te explico”, le escribió José López desde Brasil a su jefe de gabinete Amílcar Fredes, en alusión a las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Era 19 de diciembre de 2013, casi las ocho de la mañana. “Más que entendido”, obedeció el funcionario. La noche anterior, hasta tarde, López había intercambiado mensajes con el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, el “hermano del alma” de Mauricio Macri, y parece que también de López, a juzgar por los whatsapp. “Hola ¿Podés hablar?”, empieza el exsecretario de Obras Públicas. “¿Estás en un teléfono de línea?” “Estoy en San Pablo, solo celular”. “Te llamo pero se corta”. “Te llamo yo ¿Querés?”. Todo indica que hablaron por teléfono.

El chat es uno de los que mostró la vicepresidenta cuando la semana pasada hizo en sus redes sociales la defensa que le negó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que la juzga por la obra pública vial en Santa Cruz. Hace tres años fue incluido por el fiscal Franco Picardi en la apelación donde discutía la falta de mérito a la mayoría de los empresarios investigados por presuntos pagos ilegales en el soterramiento del Sarmiento, una obra adjudicada en 2006 a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la brasileña Odebrecht y la constructora IECSA, histórica de la familia Macri, que para entonces era traspasada al primo de Macri, Angelo Calcaterra. También participaban la española Comsa y la italiana Ghella.

Para el fiscal, ese intercambio de mensajes era una de las pruebas que sustentaban su hipótesis de que López habría mandado a frenar el pago porque no había llegado el supuesto soborno. Pese a que la fiscalía siguió aportando evidencias, incluso reconstruyó la ruta de parte de los pagos, la causa quedó en una nebulosa. Igual que pasó con el origen de los 9 millones de dólares de los bolsos, cuando aparecen en escena lazos con el macrismo, todo aquello que ofrece posibilidades de llevar a conocer el origen de coimas, cae en saco roto.

Feliz día del amigo

CFK hizo notar la familiaridad con la que López hablaba con Caputo y con el empresario Eduardo Gutiérrez, dueño de la casa donde vivía el exfuncionario en Dique Luján, donde el juez Rafecas y el fiscal Federico Delgado descubrieron que habían estado escondidos los dólares de los bolsos en un cuartito al que se accedía por una escalera especial. “Buen día José, estoy volviendo el 25/4. Espero que a mi vuelta comamos los 6”, escribió Caputo el 16 de abril de 2014. “Necesito que le avises si podés a Amílcar Fredes que atienda a Teodoro Argerich y a Luis Jiménez, que lo conocés, por el tema de una redeterminación (de precios) del Hospital Echeverría, me podrías hacer ese favor? Por Caputo y SES”. Pedía por sus propias empresas y le mandó "felices pascuas".

Con Gutiérrez, que terminó condenado a dos años y medio de prisión en el juicio de los bolsos, se saludaban, deseaban felices fiestas y también hablaban de favores. El 8 de enero de 2014 Gutiérrez le dice: “José, perdóname que te jorobe, pero estoy muy complicado financieramente, no cobré nada de lo que vimos juntos el 23 de diciembre, ni vialidad, ni Aysa, ni hospital, ni museo, es muchísima plata y se complica seguir, me podés dar una mano, gracias!! Abrazo”. López se preocupa también por la salud de Gutiérrez y el 20 de julio de 2014 le manda un “Feliz día del amigo”.

Aunque no hablaban con la misma confianza, distinguió la vicepresidenta, López tenía diálogo fluido con el empresario Juan Chediack, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y durante esa gestión le pedía a López: “José, buen día, nos podrías recibir a mí con algunos de la cámara de obras viales de la CAC para que nos cuentes del tema presupuestario y del bono asfalto”. CFK lo subrayó porque los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola le adjudican a ella manejos presupuestarios, pero los empresarios le pedían confianzudamente a López ver los números.

Bolsos y más negocios

En el caso de los bolsos que López llevó a un convento, CFK tuiteó el documento del FBI que revelaba que 3,2 millones de dólares de los 9 habían sido enviados en octubre de 2011 desde la Reserva Federal de Nueva York al Banco Finansur, que presidía que presidía Jorge Sánchez Córdova, extesorero de Boca. El documento fue recibido por el fiscal del juicio de enriquecimiento ilícito, Miguel Angel Osorio, quien le informó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que tenía esa información e investigaría. Fue en abril de 2018 y el juicio empezaba en junio. Más adelante Osorio concluyó que no podía avanzar. “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y diez meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, escribió la vicepresidenta en Twitter. Sánchez Córdova salió a negar amistad con Macri con el argumento de que el Finansur quebró en su gobierno. 

Cuando la Cámara de Casación confirmó las condenas contra López y el resto de los acusados (de septiembre de 2020), el voto del juez Alejandro Slokar hacía un llamado de atención sobre la falta de investigación “acerca de la procedencia del dinero". Sus críticas apuntaban a la pesquisa desde sus inicios: “Lamentablemente el exiguo impulso en la instrucción para profundizar la pista de quién o quiénes estuvieron detrás de la entrega, coadyuvó a la culminación del juicio y la condena sin una conclusión respecto al modo en que se incorporó el dinero al patrimonio de López…”

“No tengo dudas de que los 9 millones se los dieron ellos”, dijo la expresidenta en alusión a Caputo y Gutiérrez. En el TOF1 que condenó a López justifican que ellos no podían denunciar, que debió hacerlo el fiscal o alguna de las partes, al menos pedir el envío de los datos al juzgado de Rafecas. Otros jueces refutan que sea estrictamente así.

El exministro de Planificación Julio De Vido, uno de los acusados en el juicio de Vialidad, dijo en diciembre de 2019 que quien habría entregado los dólares de los bolsos de López era “Nicky” Caputo. Lo reiteró ahora ante una consulta de Página/12 y añadió que en el mundo de la obra pública era conocida la interrelación entre los empresarios macristas. Caputo, con las empresas Caputo S.A y SES y Gutiérrez, con Farallón Desarrollos Inmobiliarios, compartieron una UTE en noviembre de 2009 a la que se le adjudicaron obras de ampliación y remodelación del Hospital Posadas. Los empresarios siguieron haciendo negocios lo más tranquilos con el gobierno de Macri. La obra del Posadas fue prorrogada y consiguió redeterminaciones de precios con aumentos de hasta 335 por ciento. El mismo trío se juntó para la obra del Museo Malvinas en 2012.

Para 2015, según los estados contables de Caputo S.A. a los que accedió este diario, donde figuran los contratos obtenidos con sus asociadas, la mayoría de las obras públicas finalizadas eran en la Ciudad de Buenos Aires y se las había adjudicado la gestión de Macri como jefe de gobierno. Eran siete: adecuación de edificios escolares porteños; mantenimiento y limpieza de hospitales de la Ciudad; ampliaciones en el Hospital Tornú; obras en el Liceo 9; demoliciones en el Parque de la Ciudad para la futura Villa Olímpica; contrato con el Ministerio de Educación para obras en cinco escuelas; con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público se pactó el mantenimiento de espacios verdes. Por fuera de la Ciudad, solo se menciona el proyecto museográfico en la ExEsma y otro con la Municipalidad de San Martín en la provincia de Buenos Aires.

En etapa de ejecución también aparecen contratos para hospitales de la Ciudad (Ramos Mejía, Tornú, Moyano, Ameghino y Dueñas), mantenimiento en edificios escolares porteños más un plan general de adecuación; obras de instalaciones eléctricas para el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y otras para el Palacio Lezama; un plan de mantenimiento y correctivo en el Microcentro; más contratos con Ambiente y Espacio Público para áreas verdes; la construcción de un paso bajo nivel en Avenida Congreso. Con reparticiones nacionales figuraban en desarrollo: una obra en la Anmat; la del hospital Posadas; el Museo Malvinas; y el hospital del Bicentenario en Esteban Echeverría (por el que en los chats se lo ve a Caputo reclamar pagos a López).

Caputo está implicado en causas abiertas por denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA). Una lo menciona como uno de los beneficiarios de venta a precio vil de terrenos en Catalinas en subastas donde se presentaba un solo oferente o a lo sumo dos. El organismo también denunció un presunto negocio con la venta de acciones de la empresa Central Puerto y la posible participación de Caputo. Pero no hay avances judiciales. Otra causa que salpicaba a IECSA/Calcaterra, por el posible direccionamiento en las obras en el Paseo del Bajo, terminó cerrada sin siquiera un llamado a indagatoria.

El soterramiento infinito

La causa por el posible direccionamiento y coimas para el soterramiento del Sarmiento es de 2016, cuando Graciela Ocaña se inspiró en el llamado “lava jato” en Brasil. Ahí surgía que Manuel Vázquez, asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime reclamaba parte de una coima a Odebrecht, y que había armado una firma trucha en España para recibir pagos. Vázquez a la larga quiso ser “arrepentido”, pero retrocedió cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a su esposa e hijos. En 2019 procesó por incumplimiento de deberes a Jaime, López, De Vido y otros. A ciertos empresarios les achacó dádivas. A otros, como Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez (presunto intermediario) y ejecutivos de Ghella y Odebrecht, les dictó falta de mérito.

Fue entonces, cuando apeló, que el fiscal Picardi incluyó los chats exhibidos por la vicepresidenta. Ahí se advierte que el exjefe de gabinete de López le avisa: “El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas”. Por esas mismas horas, el exsecretario se mensajeaba y probablemente hablaba con Caputo. A la mañana siguiente, manda a cancelar el pago a Odebrecht. Luego Amílcar Fredes lo alerta: “están bombardeando a llamados los brasileños” que ya vieron “que el expediente volvió” a la unidad ejecutora. López le indica que hablen “con el Corcho Rodríguez”. Después se desdice: que “hablen con Flavio (Farías) y Rodney (Carvalho) que no se hagan los bolu”. Eran de Odebrecht en Argentina y en Brasil los señalaban por coimas. Caputo le vuelve a escribir a López: “Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo. Abrazo y buen viaje”. No precisa de quién habla.

Picardi reconstruyó la ruta de 4.495.250 dólares de sobornos y las operaciones de triangulación entre 2011 y 2013 a través de cuentas en la Banca Privada de Andorra con las que vinculó de manera directa a “consorcio de empresas” que tenía las obras del Sarmiento. Identificó que quien hacía las transferencias era el apoderado de IECSA. Con esto nunca pasó nada. A Caputo en particular tampoco se lo investigó.

En agosto de 2019 la Cámara Federal, con la firma de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, anuló la resolución de Martínez de Giorgi y ya no hubo nuevas decisiones. Recién esta semana –después de que hablara CFK-- el juzgado, a pedido de Calcaterra y tras más de cinco años de trámite, ordenó un peritaje sobre las licitaciones. Ese estudio ya lo hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El soterramiento nunca se terminó.