En un intento por recuperar la iniciativa en la persecución de los prófugos por el triple crimen, el ministro Ritondo desplazó a los jefes de la DDI quilmeña. Ayer fue detenido un barra que no tendría relación con el caso.
Sin rastros de los prófugos, una semana después del escape de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y de Víctor Schillaci de una cárcel de máxima seguridad, la gobernación bonaerense, a cargo de María Eugenia Vidal, intentó mostrar iniciativa política y desplazó a los jefes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. Mientras tanto, detrás del rastro de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez ayer se movilizaron efectivos de cuatro fuerzas de seguridad –Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal y la Policía Bonaerense–, que realizaron 37 allanamientos en el sur del conurbano, en los municipios de Berazategui, Florencio Varela y también Quilmes. Los operativos estuvieron enfocados en el círculo de relaciones de los tres prófugos y apuntaron a buscar entre quienes pudieron darles refugio o algún tipo de asistencia, luego de que se conociera que uno de ellos estuvo dos veces en la casa de su ex suegra. A pesar del rastrillaje por aire y tierra, los tres presos tampoco fueron recapturados. En cambio, en uno de los allanamientos fue detenido Marcelo Mallo, barra de Quilmes y fundador de la organización Hinchadas Unidas Argentinas, tras encontrarle armas y municiones en su casa y en la de su hija.
Ayer, en otro gesto dirigido a exhibir actividad en medio del escándalo, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, desplazó a los jefes de la DDI de Quilmes, la zona por donde los Lanatta se movieron en los últimos días sin que nadie los detuviera. Es que según los indicios reunidos en los últimos días, los prófugos nunca salieron del país y están moviéndose en la zona donde se criaron, pidiéndoles dinero a familiares y amigos. La ex suegra de Cristian Lanatta denunció que el prófugo estuvo en su casa y le robó una camioneta. Como motivo de la remoción, Ritondo señaló las “fallas en los procedimientos” para dar con los prófugos. En lugar del jefe policial desplazado asumió el comisario Daniel Cantarini, que se desempeñaba en la DDI La Plata.
En la causa por la fuga de los tres presos, que ya llevan ocho días libres, está detenido Marcelo Melnyk, alias El Faraón, que reconoció que ayudó a esconderse a los prófugos en una quinta de Florencio Varela. A este arresto ayer se sumó el de Mallo, ex jefe de Hinchadas Unidas, al que detuvieron no por pruebas que lo vincularan a los prófugos, sino porque al allanar su domicilio le encontraron armas cuyo origen no pudo explicar. En el caso intervino el juez de Garantías de La Plata César Melazo. Según fuentes policiales, en el domicilio del barrabrava encontraron una pistola 9mm y municiones, mientras que en la casa de su hija Brenda hallaron un revólver 357 y otro 38, municiones y una picana. También la hija quedó detenida.
El ex jefe de Hinchadas Unidas está vinculado al club Quilmes. En su distrito trabajó como funcionario municipal durante la intendencia de Sergio Villordo. A través de una denuncia, el nombre de Mallo fue relacionado en el 2010 con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández: se disputaba el Mundial de Sudáfrica y un grupo de barrabravas de Hinchadas Unidas Argentinas –una organización creada por Mallo– viajaron a Johannesburgo y fueron deportados por sus antecedentes. Los deportados acusaron a Mallo de haberlos vendido y de responder a Fernández. Hinchadas Unidas, que había sido creada con el declarado propósito de combatir la violencia en las canchas y el objetivo menos público de conseguir financiamiento para el viaje de barras de distintos clubes a aquel mundial, sufrió así un quiebre interno a poco de haber nacido.
Tras la fuga de los tres presos del penal de Alvear, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, buscó llevar la responsabilidad por el escándalo sobre el kirchnerismo y sugirió que Aníbal Fernández los estaba ayudando. El ex jefe de Gabinete replicó que, por el contrario, la fuga del penal de máxima seguridad fue el “pago” de Cambiemos a los Lanatta por haberlo acusado como autor intelectual del triple crimen. La denuncia de Lanatta, difundida por el Grupo Clarín en plena campaña electoral, le costó a Fernández perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde era candidato a gobernador del FpV.
Por otra parte, ayer se sumó al caso una denuncia de una amenaza. Daniel Schillaci, hermano de uno de los prófugos, denunció a través de su abogado Hugo Icazati que le cruzaron un auto por la calle y le advirtieron “que no hable más”. Tras la fuga, Schillaci tuvo contacto con su hermano prófugo a través de redes sociales. Según detalló el abogado, “el último mensaje” que su cliente mandó al prófugo “fue a las 16 horas del 31 de diciembre y no fue marcado como leído. Eso fue cuando aparentemente los tenían cercados en la zona sur”, sostuvo Icazati. Por esto, Schillaci había manifestado días atrás su temor a que el prófugo apareciera muerto. Ayer hizo saber que había sufrido un apriete: “Sufrió amenazas por su exposición en los medios. Le cruzaron un auto, un Bora, y le dijeron que se calle y que no hable más”.
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