El golpe a la sucursal Acassuso del Banco Río, perpetrado el 13 de enero de 2006, fue una obra maestra de la dramaturgia. Su coreografía: forzar una toma de rehenes y distraer a la policía con falsas negociaciones, mientras parte de la banda reventaba las cajas de seguridad, antes de huir por un túnel previamente socavado. Semejante operatoria hizo que la prensa lo considerara el "Robo del siglo". Sin embargo, su excelencia contrastó con la vidriosa pesquisa del caso, cuyos hitos incluyeron el espionaje ilegal sobre personas que nada tenían que ver con el robo, el tráfico a cambio de plata de elementos probatorios por parte de la policía, manipulación de testigos, testimonios inducidos, burdos intentos de involucrar a inocentes y la injerencia de funcionarios en la instrucción del expediente. Aún así, cinco de sus autores terminaron tras las rejas para luego ser debidamente condenados a penas oscilantes entre los siete y los 21 años de prisión. En ello tal vez haya incidido una fatalidad: ya se sabe que un plan de esta envergadura supone una denodada lucha contra el azar. Pero si al final el azar logra imponerse, ello a su vez significa una victoria del absurdo sobre el empeño de sus hacedores. Lo ocurrido aquella vez no fue una excepción al respecto. Porque nadie hubiera imaginado que entre sus hendijas se asomaría la lengua suelta de una mujer despechada. Esa circunstancia, por su parte, dio pié a una historia paralela, de la cual subsiste un enigma: el destino del botín, valuado –según la estimación judicial– en 19 millones de dólares. Ahora, la excarcelación de Alberto De la Torre, el último preso por el hecho, reactualiza ese misterio.

MUY LEJOS DEL OLIMPO. Nada que ver con su homónimo, el hijo de Zeus. Más bien, el fiscal Jorge Apolo parecía una versión desmejorada del inspector Columbo, aunque no precisamente por sus métodos investigativos. Vinculado al polémico fiscal general de San Isidro, Julio Novo, este hombre tuvo la espinosa fortuna de trabajar en dicha causa nada menos que con un astro del firmamento policial: el comisario Osvaldo Seisdedos, quien hizo su carrera bajo el ala del emblemático comisario Mario "Chorizo" Rodríguez. Su legajo chorreaba sangre. Por esos días, encabezaba la Dirección General de Investigaciones. Y ejercía sobre Apolo una inquietante influencia; de hecho, los primeros pasos de la causa tuvieron su sello personal, con el agravante de que la banda se había esfumado ante su propia nariz.

Y él, masticando el sabor amargo del ridículo, apeló a sus habituales fuentes: soplones, taxistas, porteros y prostitutas. Eso bastó para que –con la anuencia del fiscal– se allanaran varios domicilios, además de intervenirse los teléfonos y la correspondencia de unas 35 personas ajenas al robo. Entre ellas había un pai umbanda y hasta un cardiólogo del Hospital Penna. En resumidas cuentas, Apolo invirtió en aquellas diligencias las primeras 1600 fojas del expediente. Y el carácter injustificado de las mismas provocó su choque inicial con el juez Rafael Sal Lari, que con un razonable criterio rechazaba todos sus pedidos.

En ese contexto, a mediados de febrero, irrumpió Alicia Di Tullio.

Ella no vaciló en delatar a De la Torre, su concubino. Y lo hizo con dos estrictas condiciones: declarar como testigo de identidad reservada y obtener la recompensa de 300 mil dólares ofrecida por el gobierno provincial. Pero, tras haber testimoniado en el mayor de los sigilos ante Apolo, Seisdedos y el comisario José Luquet –quienes la sometieron a un agresivo interrogatorio con amenazas e indicaciones sobre lo que debía decir–, su identidad no tardó en tomar un preocupante estado público. Y para su desdicha, sin cobrar centavo alguno.

LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE. La detención de Alberto de la Torre ocurrió el 17 de febrero.

En su billetera fue hallada la tarjeta de un abogado que alguna vez lo había defendido en una vieja causa.

El profesional sería secuestrado el 25 de febrero por tres policías que, supuestamente, trabajaban en esa pesquisa. Los inspiraba un objetivo de máxima: localizar el botín en su propio beneficio. La víctima ignoraba el asunto, y fue liberado. Sin embargo, Apolo trataría de incriminarlo en el robo, aunque Sal Lari desestimó las antojadizas presunciones en su contra.

También desestimaría muchas otras, generándose así una escandalosa guerra entre el juez y la alianza conformada por el fiscal, los integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación y ciertos funcionarios bonaerenses, que no dejaban de entrometerse en la pesquisa.

En ese contexto se produjo el compulsivo pase a retiro de Seisdedos. El jefe policial estaba sospechado de haber vendido a la prensa importantes elementos de prueba; entre ellos, los ya famosos videos del atraco y el código secreto de acceso al archivo de la Bonaerense.

Pero la proliferación casi obscena de datos sensibles habría sido la causa de por lo menos otros tres secuestros: el del hijo de Di Tullio y De la Torre, que apenas tenía 12 años, ocurrido el 5 de agosto de 2006. Y el de dos parientes de Liliana Fernández, la mujer que –según Apolo– entró al banco para efectuar la inteligencia previa del robo. Se supone que dichos intentos extorsivos habrían sido cometidos por delincuentes comunes. Estos luego liberarían a sus rehenes sin obtener un solo peso.

En el ínterin, hubo más arrestos: la de otros dos pistoleros que entraron al banco –Fernando Araujo y Mario Vitette Sellanes–, la del chofer del grupo –José Zallocheverría– y la del constructor del túnel –Sebastián García Bolster–.

En resumidas cuentas, sus captores les decomisaron su parte en el botín, al igual que a De la Torre. Pero, desde la fiscalía apenas fueron blanqueados 800 mil dólares; o sea, el 23 % del total

También fue imputado Gastón de la Torre, otro hijo de Alberto. Según Apolo, este habría sido el pistolero vestido de overol y chaleco que habría ingresado en último lugar. El juez se opuso enfáticamente a su arresto.

Lo curioso es que Araujo también estaba sindicado en el expediente como el mismo sujeto de overol y chaleco, sin que el fiscal atinara a corregir tal dislate de la lógica.

No menos grave fue la manipulación de testigos.

Esos fueron los casos del sargento Walter Serrano, de la clienta María Cordonnier y del vigilador Gustavo Prado, en cuyos sucesivos testimonios variaron sugestivamente sus dichos.

En junio de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de San Isidro halló culpables a los cinco imputados. Vitette Sellanes obtuvo una condena de 21 años de prisión; De la Torre, 12 años y medio; Araujo, nueve; Zallocheverría, ocho, y García Bolster, siete.

El primero de ellos recuperó la libertad en agosto de 2013, tras su expulsión a Uruguay. Araujo, Zallocheverría y García Bolster, ganaron la calle a fines de ese año. Y De la Torre, hacía apenas unos días. Todos cumplieron las tres cuartas partes de sus respectivas condenas.

Del botín, en cambio, nunca más se supo. «

Un asalto de antología

 El hecho: el 13 de enero de 2006 una banda copó el Banco Río de Acassuso, tomó 23 rehenes y mientras negociaban con la policía, saqueó 143 cajas de seguridad y obtuvo un botín estimado en 19 millones de dólares en joyas y dinero. Mientras los policías rodeaban el banco, los ladrones escaparon a través de un túnel de 15 metros de largo que les permitió llegar al desagüe pluvial, donde los estaba esperando un cómplice.

 Juicio y castigo: el grupo fue condenado a penas de hasta 15 años de cárcel, pero luego Casación las redujo y quedaron Rubén Alberto De la Torre con 12 años y seis meses; Fernando Araujo, con nueve años y seis meses; José Zalloecheverría con ocho años y García Bolster, con siete.

De la Torre, liberado el 21 de mayo, era el último preso, ya que Araujo, García Bolster y Zalloecheverría, ya estaban en libertad condicional.

 El uruguayo: Mario Vitete Sellanes, que confesó su participación en el robo, fue expulsado del país a Uruguay en agosto del año pasado por haber cumplido la mitad de la pena que acordó en un juicio abreviado.

 El marciano: según la acusación García Bolster fue quien descubrió la red de desagües en Martínez.