Por Mariana Carbajal.

Ese día se presentó en el estudio de televisión con una campera de plumas con capucha de color azul –de la marca del cocodrilo– con el cierre subido casi hasta el cuello. Estaba en campaña. Lució su sonrisa socarrona, sus bigotes entrecanos, su peinado anticuado. Y con la impunidad que da sentirse señor feudal y saberse una de las personas más ricas de la provincia, el entonces senador nacional por Tucumán José Alperovich le faltó el respeto a la periodista que lo estaba entrevistando junto a un colega varón, con comentarios sexistas y extremadamente machirulos. "Hermoso, muy lindo el lugar y esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta", dijo al recibir la bienvenida. Unos minutos más tarde, quien fuera tres veces gobernador tucumano –durante los 12 años de kirchnerismo– lo hizo otra vez. Y más adelante, siguió con ese mismo tono repugnante de mandamás acostumbrado a cosificar mujeres. Fue el 23 de abril de 2019, frente a las cámaras de La Gaceta Play, ante la vista de todos. Alperovich todavía no había caído en desgracia. Si así actuaba en público no era difícil imaginar cómo podría llegar a ser ejerciendo el poder con jovencitas en la intimidad de cuatro paredes, fue la reflexión inmediata que despertó su actitud. Faltaban seis meses para que una sobrina segunda suya, que había trabajado con él durante un año y medio –como asistente personal, manejándole la agenda, coordinándole reuniones–, lo denunciara penalmente por abuso sexual y violación.

“No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí. Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea "asexuada" como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia”, escribió la sobrina en una extensa carta que hizo pública al dar a conocer la denuncia realizada el 22 de noviembre de 2019 contra Alperovich, que es primo de su padre, con quien el exsenador mantenía un trato frecuente y familiar. Tan es así que Alperovich fue testigo del segundo matrimonio del padre de la denunciante.

Hoy la joven tiene 33 años y lleva adelante un embarazo avanzado. Alperovich sigue casado con Beatriz Rojkés, que ocupó también el cargo de senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista en su provincia y llegó a ser a partir del 30 de noviembre de 2011 la primera mujer presidenta provisional del Senado, segunda en la sucesión presidencial, con CFK como jefa de Estado.

Este lunes empieza el juicio que sentará al caudillo tucumano, al que el peronismo le soltó la mano, en el banquillo de los acusados. “No hay nadie que lo defienda en público o lo reivindique como un viejo líder político”, comenta a esta cronista una periodista tucumana.

Alperovich esperaba contar en el debate oral y público con el experimentado Mariano Cúneo Libarona, quien estaba a cargo de su defensa, pero con su nombramiento en el Gobierno de Javier Milei, el mediático letrado tuvo que renunciar y su lugar lo ocupa un colega del mismo estudio jurídico pero con menos fogueo, Augusto Nicolás Garrido. De todas formas, uno de los hermanos del flamante funcionario, Matías Cúneo Libarona, supervisará el juicio. Y hay quienes sostienen que su defensa mejoró considerablemente ahora que lo defiende el estudio del ministro de Justicia de la Nación.

Pasaron poco más de cuatro años desde la denuncia. El debate oral y público se llevará adelante en el Tribunal Oral Criminal 29 de Buenos Aires a cargo del juez Juan Ramos Padilla y está previsto que se extienda hasta julio, a razón de una audiencia por semana. El fiscal del juicio es Sandro Abraldes. Están convocados alrededor de 80 testigos. Entre ellos familiares, amigos y amigas de la denunciante, a quienes les pudo haber confiado los hechos que padeció, además de personas que integraron la campaña de Alperovich –cuando la joven trabajó junto a él- y apreciaron el deterioro físico de la joven. Y profesionales que la atendieron por aquellos años, quienes realizaron peritajes que corroboraron el daño psíquico producto de los hechos que, según denunció, sufrió a manos de Alperovich.

Es la primera vez que un personaje de la política y empresario que supo tener tanto poder es juzgado por presuntos hechos de abuso sexual contra una empleada, que además, forma parte de su familia. 

La primera audiencia, citada a partir de las 10, y que tendrá lugar en una sala del edificio ubicado en Paraguay 1536, comenzará este lunes con la lectura de las dos acusaciones con las que se pidió la elevación a juicio oral del caso: la del Ministrio Público Fiscal –en la que trabajó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que encabeza Mariela Labozetta, junto a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara– y la de la querella, a cargo del titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, Pablo Rovatti junto a la abogada de su equipo Carolina Cymerman. A Alperovich se le imputan 9 hechos de abuso sexual con diferentes calificaciones, algunos gravemente ultrajantes, otros con acceso carnal. Luego el acusado podrá o no brindar su declaración indagatoria. Y después está previsto que declare la denunciante.

La joven viaja a Buenos Aires desde Tucumán. El tribunal le ofreció postergar su presentación para luego de dar a luz, pero ella prefirió hacerlo ahora. El viernes el juez Ramos Padilla dispuso “la publicidad del debate” pero a pedido de la fiscalía y la querella, la declaración de la víctima será a puertas cerradas, sin acceso de la prensa. En ese tramo de la audiencia, Alperovich la seguirá por zoom en una sala contigua para evitar toda confrontación visual que pueda afectar a la denunciante.

“Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, dice la acusación fiscal. Los primeros abusos, según la denuncia, ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y continuaron hasta diciembre de 2018; algunos sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, otros en Tucumán.

Dentro del escrito, Vismara y Labozzetta explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física. Esa “cautividad” lleva a que la víctima esté en continuo contacto con el agresor y que este se convierta en la persona más poderosa dentro de su vida.

La acusación de la querella va en líneas similares.

Alperovich siempre negó los hechos y sostuvo que fueron inventados para perjudicarlo políticamente y que la denunciante era instrumentalizada por otras personas.

“Esperamos que el juicio y la sentencia que se dicte puedan reparar en alguna medida el enorme daño psíquico y físico que los hechos de abuso sexual retieraron le causaron a la víctima”, dijo a Página 12 el defensor oficial Rovatti, a cargo de la querella.

“Denunciar fue liberarme. Hoy celebro y reconozco en ese difícil proceso el bienestar y la mejoría que cada día experimento y me confirman que callar no es para mí nunca más una opción de vida”, expresó la joven en una carta difundida a los medios al cumplirse un año de la denuncia. Ahora no quiso hacer declaraciones a la prensa antes del inicio del juicio.

Con negocios inmobiliarios, campos y concesionaria de autos –una fortuna heredada de su padre León Alperovich–, quien fuera el zar tucumano llega al juicio a los 68 años como paria político: su mandato como senador del Frente de Todos lo terminó con una licencia sin goce de sueldo –que se vio forzado a pedir luego la denuncia–. Unos meses antes de que se conociera la acusación de abuso sexual, había salido cuarto en las elecciones a gobernador en su provincia.

A veces va por las tardes a sus concesionarias –tiene la representación en la provincia de Volkswagen– o se lo puede ver caminando por el Parque Guillermina, cerca de uno de sus caserones –el que está en la capital provincial; el otro se ubica en la pituca localidad cercana de Yerba Buena. ¿Serán sus últimas caminatas en libertad?

Según explicó Rovatti a este diario, en función de la calificación jurídica de los hechos, el acusado podría enfrentar una pena que oscila entre 6 y 50 años de prisión, que es el máximo previsto por nuestra legislación penal para el concurso de delitos.