La protesta nacional del 28 de abril en la que asociaciones y personas con discapacidad exigieron el cumplimiento pleno de la ley nacional 22.431, porque obras sociales pagan con demoras de 3 meses o más, a los profesionales que realizan tratamientos, sigue generando repercusiones a nivel nacional y local. Este 24 de Mayo, asociaciones de personas con discapacidad realizarán una movilización en Oberá para visibilizar la problemática.

En diálogo con el programa Previa Informativa, Camila Cortinez, presidenta de la Fundación Por una Realidad Inclusiva, reveló que las asociaciones de personas con discapacidad pidieron varias audiencias con el presidente Alberto Fernández sin éxito. Y cuando los derivaron a la Agencia Nacional de Discapacidad, les dijeron que ellos no tienen injerencia y que las obras sociales deben cumplir en tiempo y forma con los pagos a prestadores. “Es bastante irónico que la ANDIS no tenga injerencia en lo que es la discapacidad”, sostuvo Cortinez.

Con la movilización nacional del 28 de Abril, que en Misiones, tuvo epicentro en Posadas y Oberá, “logramos abrir los ojos de muchas personas para que se unan y reconozcan los derechos que tienen. Y mostrarle a la sociedad que acá estamos”, consideró Cortínez, en diálogo con este medio.

“Hay muchos de nuestros derechos en salud y transporte, que están siendo vulnerados. Se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad”, insistió la referente de la fundación.

Ante la consulta sobre el reclamo, Cortínez insistió en que exigen “que se cumpla la ley para personas con discapacidad, la ley 22.431. (En la norma) se garantiza el derecho a la cobertura total de los tratamientos que requieren las personas con discapacidad, ya sea psicológicas, psicopedagógica, kinesiológica, como a un acompañante terapéutico”, detalló.

Sin embargo, actualmente hay problemas para que las prestaciones efectivamente lleguen a las personas viviendo con discapacidad. “Hay diferentes tipos de prestaciones a las que no están pudiendo acceder porque las obras sociales, no están aprobando los pedidos de las prestaciones. Los pedidos de enero que no se han aprobado”, contó la mujer, a modo de ejemplo. “Tenemos un mínimo de 3 meses de espera. Facturamos en Marzo y cobramos en Junio”, reveló Cortínez, quien realiza tratamientos para personas con discapacidad.

Además, “los remiseros están cobrando 54 pesos el kilómetro. No pueden arrancar los vehículos porque no les conviene”, detalló la mujer, insistiendo en que estas actitudes de las obras sociales atentan contra los tratamientos. “Las terapias se ven interrumpidas, porque llega un momento en que se vuelve insostenible. Tanto, en los tratamientos como el traslado, la persona se queda sin ese derecho”, recalcó.

En ese marco, las asociaciones ligadas a la discapacidad hicieron varios pedidos formales y llegaron a solicitar una audiencia con el presidente Alberto Fernández, quien se negó recibirlos. Fueron derivados a la Agencia Nacional de la Discapacidad, pero “nos atendió un señor que no entendía nada de discapacidad. Nos dijeron que las obras sociales se tienen que hacer cargo. Es bastante irónico que la ANDIS no tenga injerencia en lo que es la discapacidad”, fustigó Cortinez.

“Presentamos otro petitorio para que el presidente nos reciba brinde un poco de su tiempo. Como colectivo creemos que debe haber una accionar a nivel presidencial”, subrayó Cortínez.