La organización Foro Medio Ambiental (Fomea), querellante contra la Municipalidad bonaerense de San Nicolás en la causa por daño ambiental a la Reserva Natural Parque Aguiar, desmintió al intendente Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio), quien había acusado a la Suprema Corte provincial y a la administración de Axel Kicillof de impedir el desarrollo de la próxima temporada estival a partir de la orden de detener diversas obras, algunas de las cuales incluyeron el uso de maquinarias viales e instalación de mobiliario, y aseguró que la decisión judicial no impide que puedan acceder allí habitantes y turistas tal como había señalado el funcionario.

"La decisión de suspender la temporada de verano fue tomada por la Municipalidad de San Nicolás con el objeto de victimizarse y generar repudio ciudadano en base a noticias falsas que ellos mismos generan", denunció la organización ambientalista en un posteo que hizo en la red social Facebook.

La ofensiva de la organización ambientalista llegó luego de que Passaglia acusara a Kicillof y a Cecilia Comercio, candidata a intendenta de San Nicolás por Unión por Todos y Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto San Nicolás, de ser los "responsables" de estar detrás de la cautelar del máximo órgano judicial bonaerense, que ordenó el cese inmediato de las obras, el retiro de los camiones y maquinarias viales pesadas y del mobiliario fijo colocado en las playas.

En ninguno de los pasajes de la resolución de la Corte bonaerense a la que accedió Télam, se prohíbe el acceso de los nicoleños y turistas a la Reserva Natural Parque Aguiar, como había señalado el intendente de Juntos por el Cambio.

"No mienta más. Nadie prohibió el uso de las playas, fue el propio municipio el que decidió no abrirlas", enfatizó Fomea, la cual indicó en otro pasaje de su comunicado que "La Ley (bonaerense) 14.888 impone la obligación de obtener una autorización provincial previa para intervenir zona de bosques nativos".

"Las autoridades municipales lo sabían -agregó- y pese a ello libremente eligieron no cumplir con esa ley y ejecutar las obras ilegalmente, por ello, conforme lo determinó la Suprema Corte de Justicia, los funcionarios locales son los únicos responsables de que las obras en el Parque Rafael de Aguiar hoy se encuentren suspendidas".

El conflicto se remonta a 2020, cuando en plena pandemia el municipio inició las obras cuestionadas desde entonces y ahora con orden de cese en la reserva de esa ciudad bonaerense, cuyas algunas de sus zonas son de competencia provincial.

Las obras consistieron en el ensanchamiento de la costanera, la construcción de un puente vehicular para acceder a la isla y la instalación de mobiliario fijo en las playas, lo que generó, en conjunto, un severo daño ambiental, acreditado en la causa.