La pavimentación de la ruta provincial 54 se adjudicó en septiembre de 2012, por casi $525 millones y con un plazo de ejecución de 36 meses. La obra ya debería estar terminada, pero solo está concretada la mitad y su costo ya asciende a $1.000 millones.

Así se desprende de un informe elaborado en despachos de la Dirección de Vialidad de Salta, que ingresó el pasado martes a la Legislatura.

Según el reporte oficial, hasta abril último el gobierno provincial negoció con las empresas Ingeniero Medina, Vicente Moncho y Noroeste Construcciones redeterminaciones de precios por más de $464 millones, por lo que al cierre del primer cuatrimestre de 2015 el costo de las obras financiadas con recursos del Fondo de Reparación Histórica (FRH) y partidas presupuestarias adicionales ya ascendía a unos $990 millones.

El contrato con la UTE Santa Victoria, integrada por las citadas empresas, fue firmado el 1 de noviembre de 2012 por $524.521.210, monto ligeramente inferior a los $525 millones que se habían fijado, como presupuesto oficial, en la escandalosa licitación 05/12.

Ni bien se pusieron en venta los pliegos, la entonces senadora radical Silvina Vargas apuró un pedido de informes, tras denunciar que el costo real de las obras era de $280 millones.

Otros legisladores advirtieron que, además del presunto sobreprecio del 90%, los pliegos estaban direccionados a favor de la unión transitoria de empresas que, cuatro meses después, fue confirmada como adjudicataria de la obra.

Semanas antes de que se abran los sobres, 11 diputados de la oposición, entre los que se contaba Javier David, hoy primer candidato a diputado nacional del oficialismo, reclamaron que intervenga la Auditoría General de la Provincia.

Los otros denunciantes fueron Virginia Cornejo y Mario Ávalos (PPS); Ricardo Alonso, Silvia Romero, Manuel Pailler, Silvia Jarzún (Frente Salteño); Marcelo Bernard y Liliana Mazzone (Salta Somos Todos); Virginia Diéguez (Identidad Renovadora) y Román Villanueva (UCR).

El presidente de la Auditoría, Oscar Salvatierra, se desentendió de las actuaciones y pasó la pelota a la Sindicatura General, otro organismo de control que avaló, sin pestañar, el amañado proceso licitatorio.

Por el lado del Gobierno, fueron el ministro de Economía, Carlos Parodi; el entonces coordinador general del Fondo de Reparación, Rodolfo Urtubey, y el director de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba, quienes salieron a negar el sobreprecio y direccionamiento de las obras. Al unísono, atribuyeron las denuncias a "desconocimiento" y "mala fe" en la oposición y la prensa crítica.

Los tres aseguraron que la pavimentación de la ruta 54 costaría menos que otras obras similares contratadas por el Gobierno nacional, lo que quedó desmentido hasta con los trabajos que acaban de licitarse en la ruta nacional 86, a un precio notablemente inferior, en la misma zona de Salta.