Todos los años la historia se repite, pero en esta ocasión el proceso se adelantó y recrudeció: las empresas que ejecutan obras públicas habrían despedido a cientos de trabajadores desde octubre en adelante, y salvo el complejo Itaembé Guazú, casi todas las demás están paradas en el resto de la provincia. 

La situación genera una enorme preocupación en el sector, particularmente porque sea cual fuere el resultado de las elecciones, todos entienden que la reactivación a partir de la llegada de dineros del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) se daría recién desde marzo o abril del año que viene. La alarma comenzó a cundir tanto entre los empresarios, como en los proveedores y por supuesto, en el eslabón más débil de la cadena, ya que en el efecto social de este tipo de coyunturas repercute fuertemente y afecta casi a todos.

“El Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) no paga certificados de obra desde octubre y no podemos aguantar. Los proveedores no están entregando materiales o recargan por las dudas”, confió un pequeño empresario que tiene a cargo obras menores para el Estado provincial.  

En las últimas horas se conoció el despido de medio centenar de obreros de la empresa Carlos Enriquez, pero esta firma no es la excepción. Son varias las contratistas que están dejando a una enorme masa de trabajadores en la calle por imposibilidad de pagarles los jornales. 

“Están reduciendo los planteles en un 20, 30 y hasta 40% pero es normal a fin de año, sólo que se adelantó un mes el proceso” admitieron fuentes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) seccional Misiones. 

Desde el gremio que nuclea a unos 12 mil trabajadores del rubro en la provincia (10 mil que dependen de la obra pública y  2 mil en la obra privada, contando sólo a los que están en blanco y permanecen ocupados gran parte del año) prefirieron no dar versiones oficiales, pero reconocieron que el mayor parate se registra en las localidades del interior donde quedaron “suspendidas y a la espera” las construcciones de viviendas, escuelas, centros de salud y obras viales urbanas. 

“Los trabajadores que están blanqueados cobran el fondo de desempleo hasta que se reintegran a la actividad. Son unos 2.800 pesos por mes por seis meses” refirieron desde las oficinas gremiales, lo que da una idea de la crítica situación que vivirán quienes quedaron fuera del sistema, por ahora sin un panorama certero por delante. 

Especulación y drama social

La industria de la construcción es una de las que más efecto derrame genera en la economía, tanto a favor como en contra. Sabedores de la dependencia que tienen unos de otros todos los eslabones de la cadena, la de los proveedores suele reflejar el ritmo de obra o la desaceleración. “Los grandes proveedores nacionales se guardan el cemento y el hierro como si fueran dólares o te venden con recargo, y esa especulación repercute en toda la cadena” confió un proveedor local que no puede vender materiales con precio cierto desde hace días, ya que desde las grandes compañías nacionales la especulación les cambia el panorama minuto a minuto. En el rubro confían en que se trate de una reacción lógica de suspenso hasta que se defina el resultado electoral y todos tengan alguna idea más clara del panorama que se avecina, aunque también admiten que “lo que sube no vuelve a bajar”. 

En septiembre, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland registró una tendencia en baja en comparación con el mismo mes de 2014 en la provincia: el total de cemento despachado con destino a Misiones durante los treinta días fue de 205.379 kilos contra 208.128 en septiembre del año pasado. Las estadísticas de octubre todavía no se conocen pero se estima que se redujo el consumo nuevamente. 

Parque de empresas 

Misiones tiene el parque de empresas constructoras más numeroso del NEA, con 503 firmas en actividad contra 420 en Corrientes, 448 en Chaco y 192 en Formosa, según el Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción (Ieric). 

Hace unos años, el holding de empresas constructoras era cerrado y escaso, con una fuerte concentración de obras públicas en pocas manos, pero en los últimos tiempos esta situación cambió y se produjo el efecto contrario, aunque esta diversificación también tiene efectos negativos. Un conocedor del mercado confesó: “Hay muchas empresas de funcionarios, algunas que trabajan más que otras, y eso todos lo saben”. 

También hay leyendas urbanas difíciles de probar, como la que dice que un 35% del total de dinero facturado y cobrado por las firmas antes de octubre se quedó “por el camino”. Más allá de las especulaciones y denuncias por lo bajo, la realidad de un parque empresarial tan numeroso es que muchas no tienen respaldo para sostener un período como el que se inició con la paralización de obras públicas, y que no se sabe hasta cuándo va a durar.

“Plata para la política”

Apenas dos días después de las elecciones generales del 25 de octubre, sesenta trabajadores de la construcción pertenecientes a la empresa Carlos Enriquez SA iniciaron medidas de fuerza en el ingreso al barrio “Cien viviendas de Puerto Libertad” que construye la firma, en reclamo de quincenas y medio aguinaldo adeudados. 

Según dijeron, la bronca de los trabajadores se profundizó cuando un ingeniero de la firma les comunicó que están “esperando que el Gobierno nos devuelva plata que le prestamos para la campaña” para poder pagar los salarios caídos. 

“Qué tenemos que ver nosotros con la campaña política nos preguntamos” expresó Juan, uno de los empleados perjudicados.

La empresa comenzó la construcción del barrio hace dos años y tres meses “y desde entonces nos hacen siempre lo mismo, nos estiran el pago y nos adeudan hasta dos y tres quincenas”, pero “hace unos días despidieron a 25 compañeros a los que también les adeudan aguinaldo y quincena y no les pagaron un solo peso, entonces decidimos manifestarnos porque la situación es crítica”, explicaron entonces a PRIMERA EDICIÓN. 

Los obreros entendieron entonces que la firma “hace lo mismo con todos los trabajadores que tienen en el resto de las obras de la provincia, pero ya no podemos aguantar que jueguen con nosotros y nuestra plata prestando para la política, y que después no podamos llevar comida a la casa porque tenemos que esperar que devuelvan. Eso ya es una falta de respeto, una cargada”.

“Evitar focos de conflictos”

El pasado lunes el secretario general de la Uocra se reunió con el ministro de Trabajo Jorge Valenzuela y representantes de las empresas para analizar “en forma preventiva casos de atrasos e incumplimientos laborales en algunas empresas, las cuales que generaron malestar en los trabajadores”. 

En la reunión, según un parte de prensa, “coincidieron que Misiones tiene un escenario privilegiado en materia de obra pública” y se propusieron “avanzar en prácticas conjuntas entre empresas y gremios, con intervención de la cartera laboral para que eviten que dichos incumplimientos se propaguen”. 

“Buscaremos la solución temprana de las irregularidades para evitar así focos de conflictos”, indicaron, tras la reunión del 16 de noviembre. Pero nada se dijo oficialmente sobre el panorama real que estaría viviendo el sector.