La Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la decisión del fiscal Sebastián Foglia y determinó que se tiene que investigar si existió delito en la ejecución de una obra de cloacas en Coronel Dorrego, que se hizo sin permiso y favoreció a un funcionario municipal.

   Foglia había desestimado la denuncia realizada por el concejal de la oposición Osvaldo Barcelona porque consideró que como no había delito, el hecho debía resolverse en el ámbito administrativo.

   Contrariando este resolución de primera instancia, la Fiscalía General aclaró que “no puede descartarse que los hechos así descriptos pudieren configurar un delito contra la administración pública que, además, habría generado gastos o perjuicios económicos a la misma”.

   “Por ello entiendo que correspondería la producción de medidas probatorias tendientes a acreditar extremos que permitirían subsumir los hechos en los tipos penales de delitos contra la administración pública, como, por ejemplo, determinar cuál es el procedimiento a seguir para la conexión de la red cloacal y si ese procedimiento se cumplió…”, señala un párrafo de la resolución firmada por el fiscal general adjunto Julián Martínez Sebastián.

   La Justicia bahiense también investigará la propiedad del inmueble de calle Juárez, vereda par, entre Costa e Yrigoyen; también analizará qué contratista realizó la obra, en qué partida se asentaron los gastos que insumió la misma, y por quién fueron abonados.

   El denunciante Barcelona se presentará como particular damnificado.

Renuncia

   Más allá de la resolución judicial del caso, el intendente municipal Raúl Reyes había aceptado la renuncia de Horacio Ullmann al cargo de director de Obras Sanitarias. El exfuncionario está sospechado de llevar el servicio de cloacas a unos departamentos de su propiedad sin el permiso del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante.

   Antes de que se confirmara su dimisión, Ullmann había admitido públicamente que es el propietario de los departamentos de calle Gregorio Juárez, entre Costa e Yrigoyen, y reconoció que los trabajos se hicieron sin el permiso correspondiente.

   Sin embargo, atribuyó el hecho a un “error administrativo” y consideró que no configura un delito. Lo mismo había entendido después el fiscal Foglia en su dictamen.

   El exfuncionario también había asumido la responsabilidad total por lo ocurrido, y dijo que la denuncia penal se debe a “una cuestión política”.

Para Barcelona existió abuso de poder

   Barcelona había reclamado que no sólo la Justicia investigara la “posible comisión de delito contra la administración pública municipal”, sino que además el intendente Reyes acepte ser interpelado por el Concejo Deliberante. Además, consideró que Ullmann podría haber incurrido en delitos como malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública y peculado, y que Reyes, como titular del Ejecutivo, debería al menos explicar lo sucedido y “asumir su responsabilidad”.

   “Tanto el cuerpo legislativo como toda la población tienen el derecho a saber cómo se obró en la órbita municipal con la obra de cloacas clandestina”, aseveró.

   En su denuncia, el concejal sostuvo que se enteró que entre agosto y octubre de 2017, sin autorización del Ejecutivo ni del Concejo Deliberante, se realizó una obra de extensión de la red cloacal de al menos 50 metros en calle Gregorio Juárez, vereda par, entre Costa e Yrigoyen de Coronel Dorrego.

   El concejal dijo que, por lo general, estos trabajos de obra pública son declarados de utilidad pública y de pago obligatorio para los frentistas beneficiados.

   “Este tipo de obras se imputan a la secretaría de Obras y Servicios Públicos, en la órbita de construcción de bienes de dominio público, con la correspondiente fuente de financiamiento”, aclaró.

   Sin embargo -remarcó-, según lo informado por Susana Lizarrondo, secretaria de Gobierno y Hacienda, “nada de ello habría sucedido, ya que la obra se habría llevado adelante con afectación de bienes (cañería y materiales) del municipio de Coronel Dorrego, más las correspondientes horas hombre en el trabajo de zanjeo, colocación de cañerías, conexión y tapado”.

   Barcelona sostuvo que esto se hizo “para beneficio de una construcción (departamentos) que se erige sobre esta vereda par de la calle Juárez, que a priori serían propiedad de Horacio Ullmann, según sus propias declaraciones públicas”.

   El edil concluyó “se han malversado caudales públicos o (cometido) fraude en perjuicio de la administración pública, mediante el abuso de haberse realizado una obra en beneficio de un único frentista, con el agravante que se trata de un funcionario público municipal”.

   Además, añadió que ante un pedido de informes sobre la obra, la comuna admitió que se hizo porque existía el convencimiento de que había sido autorizada por una ordenanza de febrero del año pasado, algo que no había sucedido.

   También recordó que, con posterioridad, el Ejecutivo incluyó a la obra en un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante el último 1 de febrero.

   “Es decir, pidieron permiso al Concejo autorización para hacer una obra que ya se había hecho”, cuestionó el concejal denunciante.

   Para Barcelona, el gobierno municipal admitió que los trabajos se hicieron “en forma clandestina por orden de funcionarios municipales, sin autorización de ordenanza alguna”, y luego intentó “subsanar tardía y sospechosamente” la cuestión.

   Esto -aseguró- implica reconocer el “evidente abuso de poder” en que habría incurrido Ullmann, y demanda “que la autoridad judicial competente investigue la posible comisión de delitos de acción pública”.

   Por último, Barcelona pidió a la fiscalía que citara a declarar no sólo a Ullman, sino al director de Obras Públicas, Mario García; al secretario de Obras y Servicios Públicos, Damián Colón; al jefe de Compras, Lucio Zarzoso; al responsable de suministro y/o depósito del municipio; y al constructor Luis María Echeto.

   También se reclamó que se determine a quién pertenece el inmueble beneficiado por la obra y si los planos de la construcción de los departamentos fueron aprobados por la comuna.