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Agustina Arredondo

Las cifras volvieron a refutar el discurso negacionista de la violencia de género que intenta instalar el presidente Javier Milei. La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema, comunicó que en enero aumentaron un 8% las denuncias, a pesar de la feria judicial. Abogadas feministas relacionan este crecimiento con la "legitimación de la violencia" que se desprende de los discursos discriminatorios de Casa Rosada y advierten los riesgos que corren las mujeres sin garantías ante el ajuste brutal de más del 70% del Gobierno a las políticas de género, enfocadas sobre todo en la prevención y las herramientas de denuncia. "Milei quiere negar la realidad", alertan. Su gestión dejó casi en 0% programas de apoyo para las personas violentadas. 

De acuerdo al informe de enero de la OVD, sus equipos interdisciplinarios evaluaron la situación de 1129 personas afectadas en las presentaciones recibidas. "El grupo más afectado fue el de las mujeres de 18 años y más (60%); seguido por el de niñas, niños y adolescentes (27%) y el de varones de 18 años y más (13%)", remarcaron y pusieron el énfasis especialmente en que "el 47% de las personas afectadas tenían un vínculo de pareja o expareja con la persona denunciada (34% exparejas y 13% parejas actuales); un 33% tenían vínculo filial con las personas denunciadas (sus progenitores o hijos); 9%, otros vínculos; en el 7% de los casos, las personas denunciadas eran otros familiares hasta 4° grado de parentesco, y en el 4% tenían un vínculo fraternal". 

Año a año, las denuncias de violencia intrafamiliar son las que llevan la delantera en las estadísticas. Entre imprecisiones y falsedades, Milei se refirió al respecto y afirmó durante el Foro de Davos que se está llegando a un punto en el que "la vida de una mujer valga más que la de un hombre", negando así cualquier tipo de desigualdad hoy amparada por las leyes y tratados internacionales a los que Argentina suscribe. “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama ‘femicidio’, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre sólo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Milei.

Las nuevas cifras de la OVD lo desmienten una vez más y refuerzan la necesidad de que se retomen políticas desmanteladas, tal como le solicitó la Justicia al reclamarle que frene el ajuste direccionado. "Con estos números nos damos cuenta que sí es necesaria la política pública, que sí hay que apoyar a las mujeres que están en esta situación", remarcó la abogada Sabrina Cartabia, quien acompaña a víctimas de violencia. 

Son números que comprueban que, ante los empresarios que estaba intentando conquistar con discursos reaccionarios, Milei estaba negando la realidad. "Quiere anteponer una cuestión discursiva e hiperideologizada a una realidad que tiene la Argentina. Lo que vemos es que efectivamente los casos de violencia intrafamiliar se dan entre las parejas y exparejas que pueden derivar en el femicidio". El mandatario también niega la violencia de género en su caso más extremo, los femicidios, y avanza para eliminar la figura penal, a pesar de que abre la puerta a que se liberen asesinos condenados. 

Cartabia no cree que este aumento esté relacionado directamente con los últimos discursos discriminatorios porque "para eso habría que esperar a los números de febrero". Melisa García, de la Asociación de Abogadas Feministas opina al revés y asegura a El Destape que "esto es lo que estamos viendo producto de todo un aparato estatal que elimina las políticas de género, que incorpora dentro de su agenda un discurso de odio sostenido, además de incorporar todo lo que es el descreimiento de la existencia de la violencia de género; esta idea de volver a segmentar, de instalar que el feminismo en todo caso lo que busca es generarse privilegios en detrimento del varón". 

De acuerdo con el informe elaborado por la OVD, que trabaja las 24 horas, todos los días del año, en el 96% de los casos se registró violencia de tipo psicológica, física (48%), simbólica (44%), ambiental (34%), económica patrimonial (26%), sexual (7%), social (6%) y de tipo digital (3%). El 27% de las personas afectadas estaba en situación de altísimo o alto riesgo; 60% de riesgo medio y moderado, y 13% de riesgo bajo. Por su parte, el equipo médico de la OVD constató lesiones en 211 personas (18,6% del total, un 3,6% más que en la feria de 2024). El 80% de las personas con lesiones eran de sexo femenino. 

"Cuando un Estado lo que hace es desproteger frente a la violencia, lo que hace es dejar habilitada esa violencia y el efecto que vemos este el aumento", sumó García respecto a los recortes que el Gobierno implementó desde el principio de su gestión en áreas sensibles. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 determinó en diciembre que ese ajuste es ilegal porque el Estado no está garantizando los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Por eso, instó al Gobierno a frenar los despidos de trabajadores que se desempeñen en la exSubsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y aquellos en los Centros de Acceso a la Justicia, de los que ya cerró 81. También lo exhortó a garantizar partidas presupuestarias para los programas desmantelados, como el Acompañar y la línea 144.

Desde que asumió Milei, se recortó casi un 100% (98,6%) el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas). El programa había alcanzado a 352.300 víctimas de violencia desde su creación en 2021 hasta diciembre de 2023. En el primer trimestre de 2023 fueron asistidas 34.023 personas, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron asistidas apenas 434 personas. La línea 144 corrió la misma suerte: el seguimiento de casos se redujo 25% y las perspectivas para 2025 son peores: por primera vez en 7 años no cuenta con presupuesto específico para 2025. 

La abogada advirtió que en su "batalla cultural" Milei ataca "todo lo que en algún punto se fue construyendo para cambiar culturalmente, para tener "pisos de derechos con las leyes y acciones concretas con políticas públicas que busquen erradicar las violencias, que busquen generar políticas de igualdad y de equidad reales. Son reales porque existen desigualdades estructurales, existen interseccionalidades y justamente a través de la ley y las políticas lo que se busca de alguna manera es equiparar a quienes estamos en un pie de enorme desigualdad y de vulnerabilidad". 

El triple conjunto de factores

Los feminismos salieron a la calle en la masiva marcha antifascista y calentaron motores para el 8M. En la antesala de esa convocatoria, Luci Cavalero, referente de Ni Una Menos, pidió que se lean estos números en base a tres puntos importantes: la legitimación de la violencia por parte del Estado, como venían advirtiendo las abogadas, pero también lo que hay detrás del ajuste porque el mismo estado retroalimienta ese círculo de violencia. "Es una situación gravísima, en la cual se usan los más altos cargos del Estado para habilitar, promover y desinhibir una violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. Por otro lado, hay un desmantelamiento de políticas públicas de prevención y abordaje de la violencia, es decir, el Estado promueve la violencia y se vuelve cómplice al retirarse de cualquier tipo de abordaje", precisó. 

Además, remarcó que es importante analizar estos números sin perder de vista la "grave crisis económica" que desató el Gobierno, por la que "está aumentando la violencia social, que se ve también reflejada en hechos de violencia doméstica, pero también callejera, es decir, el combo es terrible porque la violencia por razones de género también es una de las formas en las que se expresa el mayor nivel de precariedad y de fragilización de los vínculos sociales. Por lo tanto es el resultado de este triple conjunto de factores", amplió.