En sus fundamentos, la iniciativa establece que en los siguientes mil metros solo podrán aplicarse determinada clase de productos y que se hará una excepción cuando se trate de aplicaciones aéreas destinadas al control de plagas. Además, deberán contar con autorización previa del municipio, entre otros puntos.

En una primera lectura, y más allá de las indudables buenas intenciones del proyecto, presenta omisiones llamativas. En primer lugar, solo indica la prohibición de efectuar aplicaciones aéreas. Este punto no es menor, porque quedan excluidas aquellas que se realizan vía terrestre, tanto con pulverizadoras autopropulsadas, de arrastre o bien a pie en el caso de producciones frutihortícolas. Si bien el avión es una opción a la hora de aplicar fitosanitarios, un gran porcentaje se realiza con pulverizadoras, sobre todo en el caso de cultivos intensivos.

Otro punto del proyecto que invita al análisis es el órgano de aplicación. En el escrito, los legisladores plantean que el máximo órgano será el ministerio de Agroindustria nacional, que a su vez compartirá esta función junto al “máximo organismo de cada jurisdicción provincial”. Esto es, de aprobarse el proyecto cada provincia deberá velar por su correcta aplicación.

En esta instancia hay algunos claroscuros. Por citar uno, la iniciativa prevé sanciones y destaca la figura de la cartera agrícola nacional como órgano de contralor, pero en ningún momento se menciona el rol del ingeniero agrónomo, clave a la hora de efectuar controles. Ahora bien, traslademos el espíritu de este proyecto a la provincia de Buenos Aires. Uno de los escollos que enfrenta el proyecto es que a nivel nacional no existe una legislación unificada sobre aplicaciones de agroquímicos, y en la práctica cada provincia regula esta cuestión. En territorio bonaerense, este escenario es por demás complejo.

En los papeles, existe una ley –la 10.699- que regula la actividad, pero la realidad indica que no se instrumenta. Sobre 135 municipios, casi el 50 por ciento tiene su propia normativa con respecto a las distancias de aplicación, que de acuerdo a cada caso puede oscilar entre los mil y 5 mil metros de distancia de los centros urbanos.

En paralelo, el proyecto de ley presentado por el senador bonaerense Alfonso Coll Areco, que pretende reemplazar la actual ley vigente 10.699, cuenta con media sanción de la cámara alta y espera su aprobación en Diputados. Y uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa es la distancia de aplicación, cuestión que generó un sinfín de titulares en los medios de comunicación.

En este panorama complejo que exhibe la provincia de Buenos Aires en materia de aplicaciones de agroquímicos, la iniciativa de los legisladores del FPV tendría múltiples dificultades a la hora de implementarse, con municipios que desconocen la legislación provincial en la materia y aplican sus propias legislaciones.