Carlos Rodríguez sostiene su imputación inicial de defraudación contra las arcas públicas, pero al mismo tiempo plantea que podría haber asociación ilícita. El primero de los delitos es excarcelable y el segundo no, por lo que si los implicados son condenados, tendrían que ir a prisión. Se basa en que las irregularidades detectadas no son aisladas, sino que se repiten sistemáticamente en muchos de los juicios en donde la provincia fue condenada a pagar montos varias veces millonarios por terrenos que valían mucho menos y que se ven involucrados los mismos actores.

Rodríguez elevó su escrito ante la jueza de la causa, María Inés Rosellot, que ahora debe determinar por qué delitos indagará a los implicados. Todo se da en el marco de la denuncia que hizo en 2010 la gestión giojista, a través del secretario General de la Gobernación, Walter Lima, al presumir que una organización de jueces, abogados, peritos y empleados coordinó acciones ilícitas para sacarle plata de más a las arcas provinciales en juicios de expropiaciones.

El fiscal había requerido el mes pasado que se investigue a los sospechosos del caso por el delito de fraude contra la administración pública, pero lo hizo en base a las irregularidades detectadas únicamente en el juicio de expropiación conocido como Carbajal. Ahora, lo hizo tomándose de todos los procesos en los que hay anomalías y les apunta a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, a los seis miembros del Tribunal de Tasaciones, a la experito oficial Ana María Melvin, al exfiscal de Estado Mario Díaz y al exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz (ver Los acusados).

Rodríguez pide esta vez que sean indagados por el mismo delito y aporta más pruebas, pero le advierte a la jueza que “si los hechos encuadran en el delito de asociación ilícita, deberá proceder a investigar las conductas de los imputados en dichas figuras penales”. La diferencia entre uno y otro es sustancial. El primero contempla de 2 a 6 años de prisión y es excarcelable porque la mínima está por debajo de los 3 años, mientras que el segundo fija prisión o reclusión de 3 a 10 años y no es excarcelable.

La figura de la asociación ilícita es concebida como “una banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. El fiscal fundamenta su planteo en que los hechos detectados constituyen “un modus operandi similar” en cada uno de los juicios y que “ha estado siempre una intención de menoscabar el erario público y un concierto fraudulento en los distintos actores de los efectos de estafar al Estado”. Si la jueza les imputa este delito y eventualmente son condenados, los sospechosos irán a la cárcel por el tiempo que les impongan.

En su presentación anterior, el fiscal pidió que se investigue, además de Graffigna, Alday, el Tribunal de Tasaciones, la perito y el exfiscal Díaz, a la jueza Civil Rosalba Marún por el caso Carbajal y ya está siendo cometida a una información sumaria. En el planteo de ayer no le imputa nuevos hechos, pero fuentes calificadas no descartaron que sobre ella y otros actores (según el dictamen fiscal, también hay causas con irregularidades tramitadas en los juzgados de Carlos Macchi y Roberto Pagés) pueda haber un nuevo requerimiento en el mismo sentido, es decir que verse sobre una posible asociación ilícita.

En la nueva presentación, el fiscal hace un detallado repaso de las presuntas maniobras perpetradas para inflar el valor de los terrenos que expropió el Estado. Y concluye que hay “irregularidades que sobrepasan las meras negligencias o impericias profesionales, olvidos o simples descuidos”.

Rodríguez sostiene que hay conductas que se repiten sistemáticamente y se basa, entre otras cosas, en que el Tribunal de Tasaciones y Melvin fijaban valores más altos para los terrenos de los juicios donde era abogado Graffigna. Sostiene que los técnicos dejaron de pedir a Recursos Energéticos las actas de posesión de los lotes expropiados, de manera que la tasación fuera mucho mayor. Pasa que sin la fecha de posesión, la tasación se hacía a valores actuales y los intereses se aplicaban desde el año del decreto de declaración de utilidad pública de los inmuebles.

Por otra parte, destaca que muchas demandas que interpuso la provincia no fueron notificadas por el abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, ya fallecido, y que Graffigna lo contestó igual años después, especulando que acordaron ganar tiempo para tramitar posesiones veinteñales de los supuestos propietarios. Además, dice que hay expedientes originales que se perdieron y extrañamente estaban en poder de Alday.