Martín Dinatale

En línea con el nuevo perfil dialoguista que le impuso Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete, el Gobierno se apresta para desplegar un nuevo plan de reactivación de la obra pública con al menos 850 proyectos en cartera en todo el país. Según pudo averiguar El Cronista, la hoja de ruta funcionará bajo un esquema de financiación mínima, orden de prioridades y aporte de las provincias.

Con el visto bueno del presidente Javier Milei y en función de una mejora en la recaudación de las arcas del Estado, tanto Francos como el secretario del Interior, Lisandro Catalán, empezaron a entablar conversaciones con gobernadores del PJ y aliados de Juntos por el Cambio para poner en marcha obras que hasta ahora estaban paralizadas y que las provincias consideran "prioritarias".

El latiguillo libertario de "no hay más plata" encuentra ahora sus fisuras y flexibilidades. De hecho, el Gobierno cree que será necesario movilizar parte de la obra pública en el país para generar empleo y no dejar a las provincias en situaciones complicadas desde la infraestructura.

Las obras prioritarias

Según confiaron a El Cronista en la Casa Rosada la decisión de la Jefatura de Gabinete es evaluar unas 850 obras nacionales para ver cuáles de todas estas se pueden traspasar a las provincias y cuáles se podrían financiar en una parte menor con fondos nacionales.

El acuerdo inicial para avanzar en la firma de convenios comprende a unas diez provincias entre las que se encuentran Chaco, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Cruz. Pero podrían sumarse otras provincias en adelante. 

La decisión del Gobierno es que la obra pública nacional pase en su mayor parte a las provincias. Sólo se financiarán desde la Nación aquellas obras que comprendan dos o más provincias en su traza como ser rutas, puentes y cloacas que tengan un mínimo de avance de entre el 40% y el 50%.

Convenios en marcha

Como adelantó El Cronista ayer, Francos empezó con el traspaso de la órbita nacional a las provincias de al menos 80 obras de Chaco, Entre Ríos y Jujuy. El jefe de Gabinete y Catalán, mantuvieron en Casa Rosada una serie de reuniones con los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Chaco, Leandro Zdero; durante las cuales se firmaron diversos convenios para el traspaso de 80 obras públicas desde la Nación a las provincias.

Tras la firma, Francos aseguró: "En un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Obras Públicas y los gobernadores, acordamos distribuirnos responsabilidades respecto a la continuación de ciertas obras. Algunas continuarán a cargo del Gobierno nacional, mientras que otras lo harán bajo la órbita de las provincias".

La intención del Gobierno es que la parte de financiación mínima que habrá para estas obras se dará en los proyectos que competen a Corredores Viales y al Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOSHA) en el territorio nacional. 

En lo inmediato, el jefe de Gabinete recibirá en estos días a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Alfredo Cornejo (Mendoza) para avanzar en la firma de convenios.

Ley Bases y parálisis

La decisión de Milei de avanzar con la reactivación de obras en el interior le permitirá también al Gobierno dialogar de otra manera con los senadores por la aprobación de la ley Bases que se llevará al recinto a partir del 10 de junio próximo y donde el oficialismo tiene los votos ajustados.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, expresó a El Cronista que "se hace necesario reactivar la obra pública en el país por la parálisis que hay actualmente no sólo por pérdida de empleos sino también por la quiebra de empresas constructoras". 

De hecho, Weiss detalló que hay unas 3500 obras paralizadas en la actualidad en todo el país y ello implicó unos 100.000 puestos de trabajo perdidos. 

También desde la Cámara Argentina de la Construcción alertaron sobre la necesidad de que haya una reactivación de las obras de mantenimiento para evitar un mayor deterioro de rutas o proyectos de envergadura necesarios para el funcionamiento de economías locales.