Se trata de Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria. La operación fue a través de sociedades en paraísos fiscales.
Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo jefe de la DGI, compró tres inmuebles en Miami por 2 millones de dólares no declarados en la Oficina Anticorrupción. Fue a través de sociedades en el exterior. El funcionario tiene 35 años de trayectoria en la AFIP y participó en compañías activas que son titulares de bienes inmuebles en Estados Unidos.
Vázquez había sido recientemente promovido como jefe de la Dirección General Impositiva, el organismo encargado de controlar que se paguen los impuestos dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP). Según se conoció a partir de una investigación de El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y La Nación, el funcionario actualmente administraba dos de las tres propiedades compradas en Miami mediante un entramado de empresas en las que participa activamente hace 12 años. Dichas empresas, según surgió de la investigación, continúan activas.
Se trata de una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá. Estas, a su vez, fueron de utilidad para la adquisición de la propiedad de los inmuebles ubicados en el país norteamericano.
Además, la Justicia argentina mantuvo abierta una investigación en su contra por presuntas cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo, pero finalmente fue sobreseido por Ariel Lijo, tras no poder avanzar con la causa de crecimiento patrimonial. En esas cuentas también aparecía su hermana, Silvia Mónica Vázquez, como titular.
El historia del funcionario es, cuanto menos, polémico. En su momento, enfrentó múltiples sumarios y al menos dos causas penales. Las superó todas. A poco tiempo de jubilarse, el hombre de 64 años fue designado por el presidente Javier Milei al frente de la Dirección General Impositiva (DGI). Vázquez trabaja en la exAFIP desde 1990.
Según surgió de las investigaciones, los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias.
De acuerdo a su última declaración, del 2023, es dueño de 10 inmuebles en Argentina (que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia) y de tres cuentas bancarias en Estados Unidos con menos de 3 mil dólares.
Según explicó el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Vázquez ha sido receloso de su imagen y sólo se consiguió una foto de su rostro (que oculta de su perfil de LinkedIn y hasta de su puesto como funcionario público) a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que difundió la primera página de su pasaporte.
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