Una vez más la Justicia santacruceña le puso un freno a la intención del Gobierno de Alicia Kirchner de obtener fondos para cumplir con los compromisos corrientes. La Cámara de Apelaciones dio marcha atrás a la ratificación de un endeudamiento por 4.500 millones de pesos concretado en el último tramo de la administración de Daniel Peralta y pone a la gestión en un camino minado de procesos judiciales y legislativos. 

En el medio, los continuos conflictos con diversos sectores como así también el enfrentamiento con la Casa Rosada, echaron leña a la posibilidad de una intervención federal propiciada por la misma oposición.

Pocos días antes de finalizar el mes de junio un cimbronazo judicial cayó sobre el Gobierno kirchnerista. El polémico juez Francisco Marinkovic, declaró válido un amparo y dictó una medida de no innovar en la causa presentada por los diputados provinciales del bloque Unión Para Vivir Mejor, que fueran patrocinados por la Dra. Natalia Avalos, Javier Stoessel y Diana Huerga Cuervo. 

Dicho amparo procuró obtener la nulidad de la aprobación del endeudamiento acordado en 2015 que la Cámara de Diputados convalidó el jueves 12 de mayo pasado sin la mayoría especial que exige el texto de la Constitución santacruceña.

No conformes con la actuación del juez Marinkovic y con serias dudas sobre la parcialidad respecto a sus decisiones, el Gobierno a través de la Fiscalía de Estado apeló la medida y obtuvo un nuevo revés, ésta vez ratificado por los jueces Carlos Arenillas y Cecilia Cambón, mientras que la magistrada Reneé Fernández dio su beneplácito al reclamo provincial. 

El nuevo infortunio judicial significó un duro golpe para el Gobierno, que en pleno proceso apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, los conflictos con varios sectores gremiales y políticos se multiplican, y donde tampoco disminuyen las tensiones con Buenos Aires respecto al envío de fondos.

El pago de salarios, las negociaciones paritarias y la asistencia a los municipios hacen que la administración de Alicia Kirchner no pueda hacer pie. La multiplicidad de frentes problemáticos también repercute en la Legislatura; allí el vicegobernador Pablo González no logra dominar a su tropa y la oposición hace valer su peso. Sesiones interrumpidas y la judicialización de las mismas se volvieron una constante. De igual manera, la presencia de las Fuerzas de Seguridad fogonearon la posibilidad de que el Gobierno de Mauricio Macri tome la determinación de intervenir la Provincia y el elegido para ocupar el lugar sea el diputado radical Eduardo Costa.

Sin embargo, tanto desde la oposición provincial como de la misma Casa Rosada dieron por tierra estas versiones. Lo cierto es que la preocupación de la gestión macrista respecto al manejo de las cuentas en la provincia de Santa Cruz es concreta. Fuentes consultadas por La Tecla Patagonia enfatizaron en los distintos aportes realizados, entre los que se incluyen los adelantos por coparticipación y partidas especiales.

Cabe destacar que el apuro por recursos es creciente. El abultado déficit que supera los 7 mil millones de pesos, la caótica situación de organismos como la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales y, además, la constante demanda de los municipios, ponen contra las cuerdas a la Gobernadora y su Gabinete. Asimismo, aún falta el visto bueno de la Justicia local a un empréstito de 10 mil millones de pesos y la llegada de los fondos correspondientes a la devolución de la coparticipación que se acordó con Nación y todavía está en suspenso.

Mientras tanto, la administración de la provincia de Santa Cruz deberá lidiar en un terreno minado de deudas y compromisos que están a punto de convertirse en un cuello de botella que superan los 7.682 millones de pesos y donde todavía falta la rendición del millonario convenio donde la Justicia tendrá la última palabra al respecto. 

Enrique Braun (Coord. nacional santa cruz): “Vamos a apoyar al Gobierno”

El coordinador santacruceño Enrique Braun dialogó con La Tecla Patagonia acerca de la situación financiera y política, y analizó la mirada de Nación respecto a la provincia. 

“La situación es delicada, el presupuesto que está aprobado para este año tiene previsto una deuda de alrededor de 7 millones de pesos, y teóricamente tienen que encontrar financiación de alguna manera. Ese déficit tiene que cubrirse y hay dos herramientas, una de ellas es la devolución del 15 por ciento de coparticipación, que representa unos 650 millones con aportes y endeudamiento. El problema es que al momento en que se realizó el acuerdo entre Nación y las provincias, Santa Cruz no adhirió y prefirió que sea aprobado por la Legislatura, que por los problemas de judicialización de las sesiones y las denuncias posteriores, hizo que el Congreso aprobara esa norma sin su ratificación. Ahora estamos en un proceso para adherir a la provincia a ese acuerdo”. Luego agregó: “El endeudamiento provincial depende de que esa ley se apruebe”.

Sobre el estado y el manejo de las cuentas, como así también de los aportes del Gobierno nacional, el funcionario respondió: “Nación aportó lo que corresponde por ley y, además, se hicieron adelantos por coparticipación por lo menos para los gastos como el medio aguinaldo”. 

Y en referencia a la mirada nacional dijo: “Como cualquier persona de bien, esta situación nos preocupa y hacemos lo posible dentro de las herramientas que tiene el Gobierno de la Nación para ayudar. Nuestro compromiso es con los ciudadanos”. 

En referencia a los rumores que indican una posible intervención federal a la provincia declaró: “No hay ninguna posibilidad que nos haga pensar en una intervención. Es una alternativa que no se planteó”.

Carlos Arenillas (Juez Cámara de Apelaciones): “Hay tiempo para corregir lo que consideramos que es un error”

Carlos Arenillas, el juez que participó del fallo de la Cámara de Apelaciones, dialogó con La Tecla Patagonia y analizó los alcances de su postura. Al respecto indicó: “Esto nosotros lo calificamos como un empréstito. En función de ello hay dos normas en la Constitución de la provincia que prevén una mayoría especial de dos tercios. En este caso, la Legislatura quizás consideró que no era un endeudamiento y lo aprobó por mayoría simple”. 

En este contexto, agregó: “Hubo un control de legalidad, consideramos lo que está previsto en la ley y ratificamos el fallo de primera instancia”. 

Sobre los pasos judiciales que continúan pendientes, el magistrado destacó: “El Estado tiene la posibilidad de presentar un recurso y recurrir al Tribunal Superior de Justicia u optar, si quisieran cumplir con el fallo, por llamar a una nueva sesión de Diputados y aprobarlo como corresponde. Por ahora hay tiempo para corregir lo que consideramos que es un error”.

Sobre el manejo de las cuentas de la administración provincial, Arenillas puntualizó: “Esto fue gestionado por el Gobierno anterior y lo que correspondía era que la Legislatura le diera una autorización previa”.

Javier Stoessel (Asociación de Abogados de Río Gallegos): “Nadie respalda la intervención”

El abogado Javier Stoessel, titular de la Asociación de abogados de Río Gallegos (A.A.R.G) y representante de los legisladores de Unión Para Vivir Mejor, analizó junto a La Tecla Patagonia los pormenores del fallo de la Cámara de Apelaciones. En este marco aseguró: “El fallo no tiene mayor complejidad jurídica, pero la trascendencia política del Gobierno y de la Cámara trajo algunas complicaciones que tuvieron sus consecuencias cuando se pretendió aprobar un endeudamiento por mayoría simple, cuando la Constitución dice que deber ser con los dos tercios de los legisladores. La excusa del Gobierno fue que al tratarse de un convenio que ya fue recibido se podía evitar estos mecanismos y se sometió a mayoría simple”.

Sobre la continuidad del proceso, Stoessel destacó: “Luego del Fallo de Primera Instancia, la Fiscalía de Estado apeló la medida y la Cámara confirmó la decisión y ahora el Estado interpondrá un recurso ante Casación”.

En referencia a las versiones que daban cuenta de una posible intervención federal del Gobierno nacional, por los diversos desbarajustes políticos y financieros expresó: “En realidad no hay ningún sector que esté apoyando la intervención. Los mecanismos institucionales están tratando de volver a funcionar. No es que ahora hay crisis y un deterioro de las instituciones, porque en la actualidad existe en la Cámara de Diputados un mayor balance de las fuerzas políticas respecto a la anterior composición legislativa, donde sólo había dos diputados opositores de la Unión Cívica Radical.

“No vamos a apoyar un endeudamiento por 10 años”

El diputado provincial Daniel Gardonio (UPVM), habló con La Tecla Patagonia y dio su opinión sobre el manejo de las cuentas y el fallo de la Cámara de Apelaciones. Al respecto indicó: “Esto tendría que haberse resuelto en 2015 con otro Gobernador y con otra composición de la Cámara de Diputados. Como a nosotros no nos quieren decir a dónde fueron los fondos, no vamos a apoyar un endeudamiento de la Provincia por los próximos diez años”.